Chile dice ¡No más! a las denuncias falsas

El debate sobre las denuncias falsas en Chile ha cobrado una relevancia sin precedentes durante el año 2025. Con el objetivo de proteger la integridad del sistema judicial y el derecho a la presunción de inocencia, se han presentado iniciativas legislativas que buscan sancionar penalmente a quienes utilicen la justicia de manera malintencionada.

¿En qué consiste el Proyecto de Ley?

El núcleo del proyecto busca tipificar de manera expresa la denuncia falsa como un delito específico, especialmente en contextos de alta sensibilidad como los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar.

Históricamente, el sistema judicial chileno ha tenido dificultades para sancionar estas conductas debido a la complejidad de probar el “dolo” (la intención de dañar) desde el inicio. El nuevo proyecto propone:

Sanciones penales: Penas de cárcel para quienes interpongan denuncias que se demuestre son falsas.

Reparación del daño: Obligación de reparar el daño moral, legal y económico causado a la persona injustamente acusada.

Eliminación de la exigencia de dolo inicial: Que el solo hecho de que una denuncia sea declarada falsa mediante una sentencia judicial firme permita iniciar la sanción penal contra el denunciante.

Presunción de inocencia: Reforzar este pilar para evitar la “cancelación social” antes de que exista una condena.

¿Quiénes son los impulsores del proyecto?

La iniciativa ha sido transversal, contando con el apoyo de diversos parlamentarios y figuras de la sociedad civil. Entre los principales nombres destacan:

1. Parlamentarios

Karen Medina (Independiente – Comité PDG e Independientes)

María Luisa Cordero (Independiente – RN)

Sofía Cid y Carla Morales (Renovación Nacional)

Johannes Kaiser, Héctor Ulloa, Marcela Riquelme y Cristóbal Urruticoechea.

2. Sociedad Civil y Figuras Públicas

Fundaciones: Organizaciones como “Ni un día más”, “Ley Falsas Denuncias” y “Fundación Crianza Compartida” han sido fundamentales en la visibilización de casos.

Cristián Campos: El actor nacional ha tenido un rol público activo tras ser sobreseído definitivamente de acusaciones en su contra, participando en el Congreso para promover la ley.

Datos clave para la ciudadanía

• Según datos de la Fiscalía, las denuncias por delitos sexuales subieron un 5% en 2024, aumentando la carga del sistema.
• Cifras de absolución. En 2024, cerca de 1.000 casos de delitos sexuales terminaron en sobreseimiento o absolución, lo que abrió el debate sobre el daño a los imputados.
• Capacitación. El proyecto faculta al Ministerio Público y de Justicia para crear protocolos de detección temprana de denuncias sin sustento.
• Equilibrio. Los autores aclaran que la ley no busca desincentivar denuncias reales, sino castigar la mala fe.

Argumentos en el debate

Como toda ley de alto impacto, el proyecto enfrenta posturas divididas:

A favor: Argumentan que una denuncia falsa destruye la vida personal y laboral de un inocente de forma “inconmensurable” y que el sistema judicial no puede ser usado como un arma de venganza personal.

En contra: Algunos sectores y organizaciones sociales temen que esta ley pueda “inhibir” a víctimas reales de denunciar por miedo a ser procesadas si no logran probar el delito, o que sea un retroceso en la protección de menores.

Para que el proyecto se convierta en una realidad legal en Chile, debe completar el siguiente camino:

Aprobación en la Comisión de Familia/Constitución (En proceso).

Votación en la Sala de la Cámara de Diputados.

Segundo Trámite Constitucional: Paso al Senado para revisión y posibles cambios.

Promulgación: Firma del Presidente de la República.

Nota importante: Existe una tensión legislativa con la “Ley Karin” y leyes de protección a menores, ya que algunos sectores temen que sancionar denuncias falsas pueda asustar a víctimas reales. Por ello, el debate actual se centra en cómo definir la “falsedad” sin vulnerar el derecho a denuncia de buena fe.

Estado actual: El proyecto se encuentra iniciando su tramitación legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Para convertirse en ley, deberá pasar por comisiones, votaciones en sala y luego el trámite correspondiente en el Senado.