El fracaso de la estrategia legal del gobierno de Puerto Rico en casos de corrupción

Mucho se comenta en los medios sociales sobre la preocupación ciudadana sobre los actos de corrupción en los distintos sectores del gobierno. Algunas personas se muestran insatisfechas con la labor del gobierno estatal en la detección y procesamiento de estos casos, incluyendo muchos analistas que opinan que se trata de la falta de poderes y leyes del gobierno local en contraste con las leyes y los recursos del gobierno federal.

La realidad es que el Gobierno de Puerto Rico tiene los recursos y las leyes necesarias para investigar y procesar los casos de corrupción pública y privada. Decir lo contrario es mostrar desconocimiento sobre el aspecto legal. Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más leyes tiene, con el problema que la mayoría de las personas las desconocen o no las aplican.

Lo que no tiene el gobierno local es la voluntad para hacerlo. Uno de los principales obstáculos al procesamiento de casos de corrupción es la adopción de la figura del Fiscal Especial Independiente (FEI). Esta figura se inspiró en la existencia temporera de un concepto similar en el gobierno federal. Ya el gobierno federal abandonó el uso del fiscal especial en casos de corrupción, revirtiendo la investigación y procesamiento de casos al Departamento de Justicia federal (DOJ).

El primer Fiscal Especial Independiente fue creado para investigar los sucesos en el cerro Maravilla. Luego de esto, la Asamblea Legislativa ha seguido ampliando los poderes del FEI sin seguir una visión integral de su misión y funcionamiento práctico. Existe un enorme problema en esa ley ya que el FEI tiene que avisarle al funcionario investigado que la investigación va a ser referida de Justicia al Panel de Ex Jueces del FEI para designar un FEI. Este proceso da al traste con la confidencialidad de cualquier investigación criminal.

El otro gran escollo desde el punto de vista práctico es que el FEI no tiene una agencia permanente asignada a la investigación de casos de corrupción sino que usa el mecanismo de destaque de agentes. Como ni el legislador ni los jefes de agencia entienden plenamente el proceso, pasan por alto que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) creado en julio de 1978, es el brazo investigativo de la Justicia local con autoridad exclusiva para investigar corrupción, crimen organizado y violaciones a los derechos civiles. Sus agentes especiales requieren tener un bachillerato e incluso están autorizados a tomar declaraciones juradas, cosa que no puede hacer la Policía de Puerto Rico. Es una especie del FBI estatal, con una jurisdicción muy parecida a dicha agencia. El NIE está en plena decadencia por voluntad política, no porque se enmendó la ley para restarle poderes.

El NIE se ideó como un cuerpo independiente de Justicia y de la Policía de PR. Incluso el NIE tiene autoridad para investigar tanto la corrupción en la Policía así como la violación de derechos civiles en la Uniformada. Cuando era Fiscal de Crimen Organizado sometí numerosos casos de estos temas. Un buen ejemplo de la ineptitud y falta de visión de los burócratas gubernamentales es que colocaron al NIE en la misma sombrilla de Seguridad con la Policía de PR.

EL NIE se supone que está a cargo de implantar la Ley Contra el Crimen Organizado, de 1978, que contiene un mecanismo de grabaciones no telefónicas entre agentes encubiertos u otros testigos con las personas bajo investigación, incluyendo funcionarios públicos. Este proceso de grabaciones y acusaciones criminales de la Ley de Crimen Organizado se abandonó completamente cuando yo fui relevado como Subdirector de la División de Crimen Organizado y Drogas en 1996. El Secretario de Justicia en esos momentos se negó a dejarme manejando esas grabaciones.

Cuando llegué a la División de Crimen Organizado en 1989, me percaté que no usaba la Ley de Crimen Organizado, las grabaciones no telefónicas, la ley de empresa criminal continua de la Ley de Sustancias Controladas entre otras. El proceso de grabaciones requiere pedir confidencialmente autorización a un Juez Superior para grabar y entregar la custodia de las grabaciones al Juez tan pronto el fiscal las tenga. En mi experiencia nunca se filtró una investigación usando grabaciones ya que la integridad de los Jueces asignados a este proceso era intachable.

El gobierno de PR tiene que decidir si va a seguir con la figura del FEI o devolverle la jurisdicción completa al NIE y al Justicia; o si prefiere dejar al FEI pero usando al NIE exclusivamente como brazo investigativo; o si quiere integrar al NIE, y las unidades de grabaciones de la Policía de PR para ello. En todo caso, tendrá que eliminar el requisito de notificarle al investigado al momento de pasar el caso al Panel de Ex Jueces del FEI.

En fin, está claro que el gobierno estatal ha fracasado en la lucha contra la corrupción ni por falta de leyes, ni mecanismos de investigación para hacerlo. Su fracaso total se debe a la falta de voluntad de los burócratas de turno; su falta de conocimiento integral del sistema, y la agrupación de agencias sin saber sus funciones. En la actualidad el NIE está inoperante y no cuenta con los agentes experimentados ni los recursos humanos para llevar a cabo sus encomiendas, convirtiéndose en apéndices de algunos fiscales que no tiene idea de lo que requiere la agencia investigativa.

En la próxima columna analizaré el fracaso de las agencias federales en el área de corrupción en Puerto Rico.