Legisladoras de Proyecto Dignidad elevan al Apelativo sentencia para detener educación con ideología de género
San Juan, Puerto Rico – En el día de ayer, la delegación legislativa del Proyecto Dignidad, la Senadora Joanne Rodríguez Veve y la Representante Lisie Burgos Muñiz, han presentado la Apelación de la Sentencia emitida por el TPI en el caso Joanne M. Rodríguez Veve, et als, v. Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, SJ2021CV01583 (904), sobre Solicitud de Interdicto Preliminar y Permanente; Sentencia Declaratoria; Decreto de Inconstitucionalidad de las Órdenes Ejecutivas OE-202-078 y OE-2021-013.
“Nuestro compromiso con los padres y la niñez puertorriqueña es continuar dando las luchas desde nuestra trinchera política en contra de una ideología fallida y anticientífica, como lo es la ideología de género (perspectiva de género)”.
indicó la senadora Rodríguez Veve.
El Tribunal de Primera Instancia (TPI) interpretó a la luz de una lectura dislocada y segmentada del Artículo 4 de la Ley 62-2017, que el Departamento de Educación tenía toda la capacidad de extender el proyecto piloto para implementar un currículo de perspectiva de género. Esta interpretación declaró que la referida legislación, era aplicable a todos los planteles del Departamento de Educación sin la necesidad de rendir los informes y someter sus recomendaciones a la Asamblea Legislativa, obviando lo establecido en dicha ley. Por lo cual, nosotras las legisladoras de Proyecto Dignidad le suplicamos al Tribunal Apelativo que decrete afirmativamente que la adopción de las Órdenes Ejecutivas 2020-078 y 2021-013 configuran una actuación del Ejecutivo que excede sus poderes constitucionalmente delegados. Esto al ordenar implementar un Currículo con Perspectiva de Género en todo el sistema público, usurpando las prerrogativas de la Asamblea Legislativa que se establece en la Ley 62-2017. Por lo cual solicitamos que se ordene un cese y desista de toda acción conforme lo contenido en las mencionadas Órdenes Ejecutivas.
“Hemos sido consistentes de que este enfoque ideológico no atiende responsablemente la problemática de violencia y discrimen que nos arropa como país. No obstante, somos enfáticas en que el Ejecutivo no puede de ninguna manera, usurpar las prerrogativas que como funcionarias electas tenemos en la Asamblea Legislativa”,
enfatizó la representante Burgos.
