Legisladoras de Proyecto Dignidad demandan al gobernador Pedro Pierluisi
La Senadora Joanne Rodríguez Veve y la Representante Lisie J. Burgos Muñiz buscan frenar currículo con perspectiva de género
San Juan, Puerto Rico – En la mañana de hoy, la Senadora Joanne Rodríguez Veve y la Representante Lisie J. Burgos Muñiz, Portavoces de la delegación legislativa de Proyecto Dignidad en el Senado y la Cámara, respectivamente, han dado un paso al frente en la defensa de las facultades legislativas frente al poder ejecutivo. Ambas, en su carácter oficial, han presentado una solicitud de Injunction Preliminar y Permanente ante la Tribunal de Primera Instancia de San Juan, impugnando las disposiciones de las órdenes ejecutivas OE-2020-078 y OE-2021-013, que buscan poner en vigor, la educación con perspectiva de género a través de todo el sistema educativo público en Puerto Rico, por medio del programa experimental de escuelas coeducativas.
La demanda cuestiona que el Gobernador tenga la facultad de ampliar, a través de una orden ejecutiva, el currículo experimental de las escuelas coeducativas a todas las escuelas del Departamento de Educación. Esto, cuando la Ley 62-2017 estableció un proceso claro de implementación y evaluación mediante el cual se dispuso, entre otros requisitos, que el Departamento de Educación tenía la obligación de realizar una evaluación de la efectividad del Proyecto Piloto y presentar, ante la Asamblea Legislativa, sus hallazgos y recomendaciones sobre los pasos para modificar y/o ampliar el mismo; lo que no se hizo.
Lo dispuesto en la Ley tiene el propósito de que la Asamblea Legislativa sea la institución llamada a tomar conocimiento de la información, hallazgos y recomendaciones provistos por el Departamento de Educación, y determinar el futuro de las escuelas coeducativas en Puerto Rico. La Ley no le otorga a la oficina del Gobernador el poder de recibir y evaluar los hallazgos de la implementación del plan piloto, ni de modificar o ampliar dicho proyecto.
“El Ejecutivo no solo está actuando contrario a la ley y obviado sus responsabilidades al amparo de un estatuto vigente, sino que, además, mediante la implementación de lo dispuesto en las órdenes ejecutiva 2020-078 y 2021-013, está usurpando las prerrogativas de la Asamblea Legislativa de evaluar el cumplimiento y efectividad del programa experimental de las escuelas coeducativas y de emitir una decisión sobre su futuro. Queda claro que la actuación del Ejecutivo en este caso excede sus facultades reconocidas por la Constitución y usurpa aquellas reservadas al Poder Legislativo”,
señaló el licenciado Padilla Vélez.
“Ante la nueva composición legislativa, la tentación natural del poder ejecutivo va a ser implementar un gobierno por decreto. Ante estos tiempos, la delegación de Proyecto Dignidad en esta Asamblea está comprometida con velar que el poder legislativo no sea menoscabado. Nuestro ordenamiento constitucional depende del balance de poderes para su funcionamiento óptimo. Ese balance de poderes requiere ser defendido ante el intento de cualquiera de las ramas de gobierno de traspasar sus límites. Le corresponde a cada poder constitucional defender los derechos otorgados a cada uno con eficiencia e inmediatez, para impedir el desbalance del sistema”, indicó la representante Burgos Muñiz.
“No podemos permitir que las Ordenes Ejecutivas se conviertan en una forma de gobierno que usurpe las facultades legislativas. Es fundamental, para nuestro sistema de pesos y contrapesos, velar porque cada rama demarque con claridad sus prerrogativas constitucionales. Es por esto que, en esta ocasión, impugnamos la acción tomada por el Ejecutivo a través de las órdenes ejecutivas OE-2020-078 y OE-2021-013, mediante las cuales el Ejecutivo se abrogó una autoridad que no le ha sido conferida por ley y que menoscaba nuestras potestades como miembros de la Asamblea Legislativa. El ejecutivo no puede, mediante orden ejecutiva, sustituir una Ley legítimamente aprobada. Ante este choque de poderes, como delegación de Proyecto Dignidad en la Asamblea Legislativa, asumimos nuestra responsabilidad histórica y damos pasos puntuales para hacer valer nuestros derechos como legisladoras y, además, detener la ampliación del currículo experimental de las escuelas coeducativas”, concluyó la senadora Joanne Rodríguez Veve.
En la demanda presentada por Rodríguez Veve y Burgos Muñiz se solicita al tribunal que decrete inconstitucional aquella parte de las ordenes ejecutivas que violentan los parámetros establecidos por la Ley 62-2017, que se le ordene al Gobernador y a la designada Secretaria de Educación cesar y desistir de cualquier esfuerzo a implementar el currículo de perspectiva de género en el sistema público de enseñanza según delineado en la órdenes ejecutivas OE-2020-078 y OE-2021-013 y que se le ordene al Gobernador, a la designada Secretaria de Educación y a la Procuradora de las Mujeres a cumplir a cabalidad con sus responsabilidades al amparo de la Ley 62-2017.
