Juez federal bloquea mandato de mascarillas en aviones y transporte público

Un juez federal anuló el lunes el mandato de mascarillas de la administración Biden para los viajeros que utilizan el transporte público, como trenes y aviones.

El mandato de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se aplica a personas de hasta 2 años de edad y se había fijado para expirar varias veces, pero recientemente se extendió hasta el 3 de mayo antes del fallo del lunes.

El fallo de EE.UU. La jueza de la corte de distrito Kathryn Kimball Mizelle intervino en un caso presentado en la corte federal de Florida por Health Freedom Defense Fund, Inc. y las frecuentes viajeras aéreas Ana Daza y Sarah Pope contra la administración. El juez Mizelle determinó que el mandato violaba la Ley de Procedimiento Administrativo al estar fuera del alcance de la autoridad de los CDC, era “arbitrario” y “caprichoso” y no pasaba por el período de notificación y comentario requerido para la reglamentación federal.

Mizelle examinó la sección de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 que fue la base del mandato. Esa ley permite a los CDC “elaborar y hacer cumplir las reglamentaciones” que se consideren “necesarias para prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades transmisibles de países extranjeros a los Estados[.]” Para lograr esto, la ley dice que los CDC pueden utilizar ” inspección, fumigación, desinfección, saneamiento, exterminio de plagas, destrucción de animales o artículos que se encuentren tan infectados o contaminados que sean fuentes de infección peligrosa para los seres humanos, y otras medidas[.]” La administración, señaló el juez, ha afirmado que la el mandato de máscara cae bajo “saneamiento”.

La jueza señaló que uno podría ver el “saneamiento” como una medida activa para limpiar o como una medida preventiva para evitar que algo se ensucie o se infecte, pero a través de un examen del lenguaje legal, determinó que era lo primero.

“El contexto [del estatuto] indica que ‘saneamiento’ y ‘otras medidas’ se refieren a medidas que limpian algo, no a las que mantienen algo limpio”, escribió Mizelle. “Usar una máscara no limpia nada”.

El juez también señaló que el razonamiento de la CDC era erróneo porque el poder de saneamiento solo se aplica a la propiedad, no a las personas.

El fallo también abrió un hueco en la defensa del gobierno de que la interpretación de la ley por parte de los CDC debería ser deferente de acuerdo con el caso histórico de 1984 de Chevron, EE. UU. contra el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Mizelle dijo que Chevron solo se aplica “‘cuando se han probado los dispositivos de construcción judicial y se ha encontrado que no producen un sentido claro de intención del Congreso'”.

“Un tribunal no puede basarse en Chevron para evitar un análisis legal riguroso”, escribió Mizelle, y señaló que la ley en cuestión “no es ambigua”.

Además, Mizelle dictaminó que los CDC evitaron indebidamente el proceso estándar de notificación y comentarios para la elaboración de normas y que las excepciones invocadas por el gobierno no se aplicaban. La administración afirmó que el mandato no era una “regla” en el sentido de que requería notificación y comentarios, y que calificaba para la “excepción de buena causa”. El juez rechazó ambos argumentos y señaló que la única razón que la administración dio como causa justificada fue la pandemia de COVID-19 sin dar detalles.

“La falla de los CDC para explicar su razonamiento es particularmente problemática aquí. En el momento en que los CDC emitieron el Mandato, la pandemia de COVID-19 había estado en curso durante casi un año y el número de casos de COVID-19 estaba disminuyendo”, escribió Mizelle. “Este momento socava la sugerencia de los CDC de que su acción fue tan urgente que un período de comentarios de treinta días era contrario al interés público”.