Investigan rol del gobierno de los EE.UU. en la censura de opinión en las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una herramienta facilitadora para la expresión de ideas, la difusión de noticias y el intercambio de información. Sin embargo, también han sido utilizadas para la promoción de contenidos dañinos, sobre todo a la llamada desinformación. Esto ha provocado una intensa discusión en torno a si se justifica o no la intervención del gobierno para exigir a las compañías de redes sociales que implementen medidas de control y/o censura.

El pasado jueves 30 de noviembre de 2023, el Comité Judicial de la cámara de Representantes de Estados Unidos, dirigido por el representante Jim Jordan (R-Ohio), sostuvo una audiencia para continuar examinando el rol que ha tenido la presente administración del gobierno federal de Estados Unidos en la censura en las redes sociales.

A principios de este año, el Senador Jordan había publicado un reporte llamado “Archivos de Facebook”, el cual alegaba que la presente administración presionó a dicha empresa para que limitara todo discurso relacionado a la vacunación contra el COVID-19 que no estuviese alineado con las versiones oficiales de la Casa Blanca. Esto incluía limitar el alcance de la información compartida por parte de medios informativos serios tales como “The Daily Wire” y otros.

Previo a la publicación de los “Archivos de Facebook”, ya el comité había compartido los “Archivos de Twitter” (hoy conocida como X), los cuales estaban relacionados al mismo tema.

Recientemente el comité reveló los “Archivos de YouTube”. Estos incluyen conversaciones sin editar, que se efectuaron entre funcionarios de la presente administración del gobierno federal con personal de YouTube, para censurar opiniones sobre el COVID-19 y las vacunas. En muchos casos, dichas opiniones fueron emitidas por científicos eruditos en sus respectivos campos y aun así, fueron tildadas como “desinformación” y censuradas. Como resultado de la investigación por el comité, se ha citado para interrogatorio a varios miembros del “staff” de la Casa Blanca.

En el siguiente enlace se puede ver la introducción brindada por el Representante Jordan sobre los trabajos de la audiencia.

Puerto Rico no ha sido la excepción en cuanto a casos de censura en las redes sociales. Hace varios días, el Periodista Puertorriqueño José Santiago Gabrielini publicó el siguiente escrito en su cuenta de Facebook: “Intenté publicar hace unos minutos un video en esta plataforma sobre mi trabajo de prensa. Contenía información sobre lo que aconteció durante el pasado estado de emergencia y los procesos a los cuales abusivamente se sometió a la población. Como en tantas otras ocasiones me volvieron a borrar inmediatamente la publicación del video y restringieron mi cuenta, alegando que infringía normas de seguridad.”

En el ámbito mundial, todo parece indicar que la fiscalización del contenido informativo que se comparte en las redes sociales está encaminada a agudizarse aun más. Recientemente la UNESCO, órgano perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó un documento titulado “Directrices para la gobernanza de las plataformas digitales”. En el siguiente enlace puede acceder al documento:

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En el mismo, la UNESCO establece como uno de sus principales objetivos “Salvaguardar la libertad de expresión y los derechos de acceso a la información mientras se aborda la desinformación, el discurso de odio y las teorías de conspiración.”

Ante este interés de los gobiernos y de las organizaciones globales para dictar la pauta de lo que es permitido compartir en las redes sociales, crece la preocupación de potencial peligro a la libertad de expresión. ¿Hasta que punto los gobiernos deben tener autoridad sobre la información compartida al público? ¿Qué se puede considerar como desinformación? ¿Quién y sobre qué elementos se define lo que es desinformación? Son preguntas que hay que contestar, buscando un balance entre la seguridad y la libertad de expresión.