Gobernador de Carolina del Sur firma proyecto para proteger los deportes de la agenda transgénero

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó el lunes un proyecto de ley que exigiría que los estudiantes “transgéneros” compitan en deportes según el género especificado en su certificado de nacimiento.

“Creo que las niñas deberían jugar a las niñas y los niños deberían jugar a los niños”, dijo McMaster a principios de este mes. Cuando se le preguntó si se refería a niños biológicos, el gobernador respondió: “¿Hay algún otro tipo?”

Los opositores han calificado el proyecto de ley como “cruel” ya que puede evitar que los estudiantes que no son atletas de élite y buscan encajar se relacionen con sus compañeros de estudios. Los partidarios dicen que el proyecto de ley protege a las atletas de competir con oponentes que pueden tener una ventaja injusta por haber nacido hombres.

“Damos la bienvenida a Carolina del Sur al creciente número de estados que han actuado para preservar la competencia justa para todas las mujeres, ya sea en la escuela primaria o en la universidad”, dijo Christiana Kiefer, abogada del grupo cristiano conservador de defensa legal Alliance Defending Freedom. “Cuando la ley ignora las diferencias biológicas, son las mujeres y las niñas las que se llevan la peor parte del daño”.

Carolina del Sur es el último estado en adoptar leyes contra los estudiantes “transgéneros”, siguiendo los pasos de los gobernadores de Arizona, Oklahoma y Tennessee.

McMaster también firma la ley después de que un tribunal de distrito federal bloqueó temporalmente la aplicación de dos mandatos de Biden que obligarían a los empleadores religiosos y proveedores de atención médica, tanto sin fines de lucro como con fines de lucro, a pagar y realizar procedimientos médicos y asesoramiento transgénero.

El juez de distrito Daniel M. Traynor del Tribunal de Distrito de los EE. UU. de Dakota del Norte dictaminó que Christian Employers Alliance “ha demostrado una probabilidad de éxito en cuanto al fondo” en su caso.

“Ninguna agencia gubernamental debería estar en el negocio de evaluar la sinceridad de las creencias religiosas de otra persona”, escribió Traynor.