“The worst thing about the ‘living Constitution’ is that it will destroy the Constitution. The Constitution is not a living organism, for Pete’s sake; it is a legal document and like all legal documents, it says some things and it doesn’t say others.”

Existe un debate legal constante sobre lo que constituye o no un derecho constitucional tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos continentales. En particular, en temas importante como el llamado derecho al aborto, el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalidad de crear una oficina de fiscalía que no responde al Departamento de Justicia y los poderes de emergencia de la Rama Ejecutiva en tiempos de pandemia, se alegan bases constitucionales que no se encuentran en la Constitución federal o la Constitución territorial de Puerto Rico.

El análisis constitucional en muchos medios académicos se basa en que la Constitución de EE.UU. en sus origines fue aprobada en 1789 y supuestamente no contempla desarrollos modernos, por lo que se requiere verla como un llamado documento ‘viviente’, algo que no se puede argumentar en el caso de Puerto Rico por haber sido aprobada hace poco, en 1952.

Además de pasar por alto el proceso de enmiendas que brinda cambios a la Constitución, se pasa por alto que en sistema constitucional americano el poder se divide en los derechos individuales , el federalismo y la división de poder entre los estados y el gobierno nacional o federal.

Muchas veces se ignora que muchos de los llamados derechos se deben establecer a nivel estatal, conforme a sus constituciones, o sencillamente son derechos del individuo, quien a fin de cuentas es el soberano del sistema, no el estado ni el gobierno federal. La décima enmienda a la Constitución federal dispone que los poderes no delegados al gobierno federal por la Constitución, ni prohibidos a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al ciudadano. Es el individuo el que delega sus poderes a los gobiernos, no al revés.

Tomemos la controversia sobre el derecho al aborto, calificado como legal por el Tribunal Supremo federal en Roe v. Wade. Recientemente en el caso Dobbs, el Tribunal Supremo revocó el dictamen y reconoció el derecho de cada estado por ser la función de los estados reglamentar estos asuntos. Esto significa que en la Constitución federal no existe un derecho al aborto, como tampoco existe una derecho a la intimidad por no estar en la letra expresa de la Constitución federal.

De forma similar, se ha cuestionado la autoridad de nueve Jueces del Tribunal Supremo federal para decretar legales los matrimonios entre personas del mismo género precisamente porque los asuntos de familia corresponden a la soberanía de los estados en el sistema federalista. A esto se añade que la Constitución federal no brinda autoridad alguna al gobierno federal para reglamentar los matrimonios.
En Puerto Rico, se utilizaron los poderes de emergencia para imponer limitaciones a los derechos ciudadanos bajo la pandemia del virus chino. Se basaron en disposiciones de la ley que crea la sombrilla de seguridad pública, que a mi juicio, son contrarias a la Constitución de Puerto Rico.

La Constitución expresa que las situaciones de emergencia se definen claramente como invasiones o rebelión, refiriéndose a la seguridad pública. El legislador de 1952 ciertamente sabía lo que era una pandemia, pero optó por no incluir las pandemias como parte de los atentados a la seguridad pública para invocar la ley marcial. Esta omisión no fue accidental, pero, otra vez, invocar estados de emergencia debe ser, en mi opinión, inconstitucional, mucho más sin ni siquiera fueron ratificados por la Asamblea Legislativa.

En fin, el sistema republicano de gobierno requiere deslindar y respetar las distintas autoridades y soberanos en el federalismo. Existe un potencial de exceso de autoridad en el Poder Ejecutivo en estos momentos que debe ser llevado a la atención del Poder Judicial cuando la controversia así lo amerite.

El sistema republicano de gobierno en las Constitución de EE.UU.se basan en la soberanía del votante individual, en el respeto absoluto a las minorías, en el balance de los tres poderes constitucionales y en el compartir del poder del gobierno federal y los estados. Nuestras libertades individuales requieren de esa complejidad.

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La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles.

Durante los pasados años y en particular desde la victoria electoral de Joseph Biden como Presidente de los Estados Unidos y el dominio político de la izquierda demócrata, ha surgido una cultura militante conocida como los Woke. Este sector fue evolucionando de los tiempos donde se tenía que tener cuidado con lo que se decía para no ofender a otros y se le llamaba “politically correctness” pero ha adquirido nuevos matices peligrosos para las libertades constitucionales en nuestra sociedad. Como bien decía el comediante George Carlin “political correctness is fascism pretending to be manners.”

Para el ser Woke, el que disiente o no opina como él o ella, es un enemigo que debe ser callado y censurado. Es una subcultura subjetiva y superficial, con poco arraiga en la realidad. Comienza con sentirse ofendido por lo dicho por otra persona, pasa por la etapa de ser víctima después de la supuesta ofensa y va transformándose en una campaña para acallar y censurar al supuesto ofensor, es decir, al que disiente.

En las universidades prestigiosas de EE.UU., la subcultura Woke se ha radicalizado al punto que los puntos de vistas conservadores o de derecha están prohibidos y son enfrentados hasta con violencia. Recientemente la Universidad de del Sur de California (USC) eliminó la palabra “field” por ser dizque racista. La mayoría de estos centros docentes se han desprestigiado y no parece que se recuperarán.

Esas universidades no reclutan profesores que no sean de izquierda ni sigan la agenda trans, o el llamado derecho al aborto, ni los que están de acuerdo con políticas de auto odio de personas de la raza blanca. Se han creado hasta unos refugios físicos llamados safe rooms donde el Woke que se siente inseguro o atacado por una idea que considera hostil, se encierra en él hasta que se le pasa el pánico. Lo absurdo de este comportamiento raya en la enfermedad mental.

En términos generales, la subcultura Woke rechaza la cultura occidental, las libertades de culto y expresión, el cristianismo como religión y cultura, el heterosexualismo, y lo que piensen las personas de la raza negra no sean víctimas eternas e incapaces de funcionar en sociedad, por lo que necesitan la asistencia constante del gobierno “benévolo”. De ahí proviene la idea racista de que no se le puede exigir a los afroamericanos que gestionen identificaciones para votar o exigirle que se inscriban como votantes, ya que supuestamente, ninguno sabe dónde está las oficinas electorales para fotografiarse ni posee computadoras.

El Woke opina que el gobierno federal debe intervenir en todo, ya sea con el mantengo a los sectores victimizados, o con leyes federales a favor del matrimonio del mismo sexo y el aborto. Se trata de un sector que depende y vive del gobierno, por lo que su filosofía y votos siempre coinciden con el partido Demócrata. Ha llegado al punto donde el gobierno entrega teléfonos celulares, computadoras, WiFi, etc. y el gobierno le pague los servicios de agua y electricidad. Todo esto con el dinero del contribuyente.

El Woke no tiene mucho conocimiento histórico y piensa que los demócratas se opusieron al racismo y la segregación racial en los EE.UU. cosa es evidentemente falso y contrario a la realidad. En el tema del aborto, el Woke lo ve como un llamado derecho de la mujer de controlar a su sistema reproductivo, por lo que se justifica el aborto en muchas etapas de gestación. Dentro de la mente de esta subcultura, la vida del bebé no existe ni importa, por no considerarlo un ser humano.

Un área de esta subcultura que ha venido tomando arraigo desde la victoria electoral de los demócratas en el año 2020, ha sido proyectar preferencias sexuales como especiales y merecedoras de protección, como el homosexualismo en sus distintas vertientes de género. Además se han creado una complicada lista de preferencias sexuales basadas en como una persona se siente, sin importar la realidad biológica de esta. Rechazan la existencia de dos géneros –mujer y hombre- basados en cómo se siente cada cual.

Un hombre biológico que se siente mujer se le debe considerar una fémina y viceversa. Así pues, un hombre biológico puede usar facilidades sanitarias de mujeres y niñas si así se siente más cómodo.

Se han creado muchas controversias en el sector de deportes competitivos, donde hombres biológicos insisten en competir con mujeres biológicas a pesar las ventajas físicas en fuerza y velocidad entre los géneros. Ha llamado la atención la relativa pasividad del movimiento feminista en esta circunstancias, muy vocales en su defensa contra hombres biológicos heterosexuales, y muy callados cuando se trata de un trans biológicamente hombre que se siente mujer.

Un desarrollo social que merece especial atención es el impulso de ciertos sectores Woke para que se acepte como normal las relaciones sexuales entre adultos y niños, conocida como pedofilia. Implícito en el argumento es que un menor de edad puede consentir en relaciones sexuales con un adulto y además que un menor no debe tener que pedir consentimiento de sus padres para hacerse operaciones de cambio de sexo si se siente inconforme con su realidad biológica en algún momento de su desarrollo.

La subcultura Woke amenaza con destruir los cimientos familiares de la sociedad occidental, las bases del matrimonio, la procreación de niños por parte de su madre y su padre; el no sexualizar a la niñez durante los años antes de la mayoridad de edad; y la conversión de relaciones sexuales que no producen la reproducción de la especie humana como una que merecen trato especial y deferente por parte del gobierno y la empresa privada. La lucha contra la hegemonía de esta subcultura debe hacerse con respeto pero con firmeza, dirigidos a salvar nuestros valores familiares y las libertades constitucionales de los que no formamos parte de la conducta Woke.

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Esta campaña política del Partido Demócrata provoca algunos pensamientos que deseo compartir con el lector, comenzando por el hecho que las personas de la raza negra en California nunca han sido esclavos; y las personas de la raza blanca nunca han sido dueños de esclavos, por lo que no se entiende qué obligaciones monetarias, si alguna, tienen con los afroamericanos. Es estado de California siempre fue un Free State, es decir, nunca tuvo esclavos en su territorio.

De otra parte, lo más interesante de este acto político es que el Partido Demócrata de EE.UU. no está incluido entre los deudores de ese dinero, cuando históricamente ese partido provocó la Guerra Civil de 1961 en ese país precisamente por defender al esclavismo frente a nueva administración del Partido Republicano y su Presidente Abraham Lincoln. El primer candidato a la presidencia por los republicanos fue John Fremont, precisamente de California.

La Guerra Civil terminó con la rendición de los demócratas esclavistas en 1865 y con la aprobación por parte de los Republicanos de las enmienda XXIII, XIV, y XV a la Constitución de EEUU que decretan la abolición de la esclavitud, el derecho al voto y la libertad de los esclavos. En las elecciones de 1865 salió reelecto Lincoln y el candidato demócrata, un ex general del ejército de la Unión George McClellan, corrió con la plataforma de detener la guerra entre los estados y dejar el sistema esclavista intacto en el Sur.
Posterior a eso, el partido demócrata regresó al poder en los estados del Sur y crearon el Ku Klux Klan como organización terrorista y legalizaron la segregación racial por un siglo adicional. Siendo esta la realidad histórica, es al Partido Demócrata el que le debe tocar pagar el dinero que ellos alegan se le debe a los descendientes de los esclavo.

Existe un mito sobre la trata de seres humanos desde África al continente americano basada en las falsas representaciones del autor afroamericano Alex Haley en su obra Roots que adquirió enorme prominencia al salir por televisión. Se trata de proyectar el mito de Hollywood de la captura de africanos por parte de los blancos europeos para enviarlos a América y el Caribe. Aunque es cierto que Portugal fue el primer país que trajo a la fuerza a los africanos, no es menos cierto que eran los mismos africanos en sus guerras quienes intercambiaban a seres humanos por productos europeos en cantidades millonarias por más de cuatro siglos.

La esclavitud es un fenómeno humano de miles de años en todas las civilizaciones. Lo que hizo particular la trata de humanos desde el continente africano hacia América fue el uso de barcos para transportarlos y cruzar el Atlántico, no la esclavitud en sí. Países europeos como Inglaterra, Francia, España, Holanda, Portugal, y Dinamarca participaron activamente en la trata humana. Pero muchos olvidan que los árabes y otros africanos perpetuaron la esclavitud africana casi un siglo después que Inglaterra la convirtiera en ilegal.

En 1808, el Reino Unido aprobó una ley ordenándole a la Marina de Guerra británica, la más poderosa del mundo en aquel momento, a detener el tráfico de esclavos africanos. La nueva nación de EE.UU. convirtió en ilegal la importación de esclavos en su Constitución (Artículo 1, Sección 9) a partir de ese mismo año -1808.

De 1808 a 1898, la Marina de Guerra británica interceptó embarcaciones europeas y árabes llenas de esclavos en las costas occidentales y orientales del África, perdiendo la vida miles de marinos británicos en ese conflicto. Usando el razonamiento demócrata, los descendientes de estos soldados británicos merecen compensación también.

Fueron los propios africanos, en particular los árabes del norte del continente, los del Medio Oriente y los turcos en el Imperio Otomano, quienes perpetuaron la esclavitud africana hasta principio del Siglo XX. España no abolió la esclavitud en sus colonias hasta 1876 y la excolonia portuguesa de Brasil no abolió la esclavitud hasta 1888. Como pueden ver, son muchos los deudores y acreedores en la trata de esclavos. La demagogia y politiquería demócrata pretende hacer simple esta situación tan compleja y trágica en la historia humana.

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“What the welfare system and other kinds of government programs are doing is paying people to fail. Insofar as they fail, they receive money; insofar they succeed , even to a moderate extent, the money is taken away.”

Recientemente, pude leer un artículo del conocida analista conservador Ben Shapiro en la página del Daily Wire analizando como el deterioro de la institución social del matrimonio ha tenido unos efectos políticos a nivel nacional entre el partido liberal de izquierda (Demócrata) y el partido ideológicamente conservador (Republicano). De ese artículo, comparto las ideas de Shapiro y mis impresiones sobre este tema tan importante.

De acuerdo al Edison Research Network exit poll en las pasadas elecciones nacionales de medio término, el bloque más fuerte de los votantes demócratas (D) por edad y género son las mujeres solteras, obteniendo el voto de un 68%, mientras los republicanos (R) obtuvieron un porcentaje de solo 31% de ese bloque de electores. Esto contrasta con las preferencias de hombres casados (59% R- 39%D); mujeres casadas (56% R- 42% D); hombres solteros (52% R- 48% D).

Shapiro cita varios estudios que demuestran que las personas legalmente casadas tienden a ser más felices; económicamente están mucho mejor que los solteros; y tienden a depender menos del sistema de mantengo del gobierno. Por mantengo quiero significar cualquier tipo de beneficio directo al individuo, ya sea directo o por subsidio. En cambio, la mujeres solteras, con o sin hijos, tienden a tener menos ingresos que las mujeres casadas. En promedio, las mujeres casadas ganan unos $8,000.00 al año más que las mujeres solteras, según estudios citados por Shapiro.

Las pasadas generaciones han optado por convivir en vez de casarse formalmente ante la ley. Los estudios establecen que este fenómeno de convivencia lo seleccionan mujeres y hombres con menos educación formal e ingresos, en términos generales. El matrimonio es preferido porcentualmente por personas de más escolaridad y recursos económicos.

Entre los factores que han contribuido al deterioro de la institución del matrimonio está el sistema de mantengo o ayudas gubernamentales, los avances en el control de natalidad, y la legislación a favor de divorcio sin culpa. El mantengo gubernamental se basa en la inexistencia del matrimonio y el núcleo familiar; para recibir beneficios como Plan 8 o vivienda pública, por ejemplo, la existencia de una pareja conviviendo es razón suficiente para que el gobierno elimine los beneficios a la mujer y los niños. El mantengo, por lo tanto, estimula la convivencia, desincentiva el matrimonio, y premia la pobreza y el desempleo. Como ha escrito el economista Thomas Sowell…

el dinero del mantengo gubernamental premia el fracaso y castiga el éxito económico de las personas.

Los avances en el control de natalidad y el aborto, permiten a la mujer soltera poder tener relaciones de pareja sin necesidad de procrear niños. La relación sexual heterosexual pierde en algo su función de procrear y multiplicar la especie para convertirse en un acto de placer entre adultos.

Por su parte, las modalidades de divorcio sin culpa releva a la partes de explicarle a la autoridades por qué no desean continuar con el matrimonio y el régimen de sociedad legal de gananciales.
Todo esto nos lleva a que las mujeres solteras, al tener menos ingresos y un menor grado de educación, requieran depender de los programas de gobierno para subsistir, cosas como los child tax credits, programas de cuidado diurno para sus niños mientras las madres trabajan, y subsidios para vivienda basados en ingresos familiares.

Está claro ahora porque la campaña política demócrata de este año se basó tanto en el llamado derecho al aborto, los programas de cuido diurno, y otros subsidios gubernamentales como “cupones” de alimentos, Plan 8, WIC, y otras ayudas. De ahí se explica porque el bloque de mujeres solteras es la base electoral más grande del partido demócrata en las pasadas elecciones.

Precisamente el arraigo de la comunidad afroamericana al partido demócrata surge de la emigración de esto de los estados de sur a norte un siglo después de la Guerra Civil y la expansión del mantengo, no al compromiso históricamente inexiste del partido demócrata a los derechos civiles. No hay controversia de que el partido republicano fue el partido de la abolición de la esclavitud durante la Guerra Civil (1861-1865), y el que luchó contra el Ku Klux Klan demócrata; la segregación racial y que fueron los republicanos los que aprobaron las enmiendas constitucionales XIII, XIV y XV, además de las leyes de Derechos Civiles.

Esta realidad debe llevar a que el sector conservador luche en contra de una agenda woke que incluye la filosofía del feminismo contemporáneo, para fortalecer el matrimonio legal con la participación activa de padre y madre en la vida de los niños. Solo así se detendrá el deterioro social que sufrimos en este momento.

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Un grupo de personas que no rinden cuentas ante nadie, no deberían ser de fiar para nadie.

El FBI fue creado en el año 1908 durante la administración del Presidente Theodore Roosevelt luego de una disputa entre el Congreso de los Estados Unidos y la rama ejecutiva sobre los poderes de investigación del Departamento de Justicia federal, que hasta ese momento eran conferidos al Servicio Secreto.

La agencia tuvo prominencia bajo la tutela de J Edgar Hoover, quien se destacó reprimiendo al movimiento obrero en el momento histórico que fue influido por la revolución bolchevique en Rusia en el año 1917. La administración demócrata del Presidente Woodrow Wilson estableció una política pública de deportación y encarcelamiento del liderato del movimiento obrero durante el llamado Red Scare de 1919-1920.Hoover asistió al Attorney General Palmer a implantar esa política pública.

En Puerto Rico, el FBI llegó a Puerto Rico desde su fundación, aunque su presencia se incrementó a raíz de 1934 año en que se le encomendó la investigación de robos bancarios y se reconoció el derecho a sus agentes de portar armas de fuego. Con la soberanía de los EEUU, se estableció la oficina del fiscal federal y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El fiscal federal de cada distrito es una posición de confianza del Presidente, presentando su renuncia cada vez que hay un cambio de administración.

En el territorio de Puerto Rico, debido a la poca importancia política que tenemos por no poder votar por el Congreso ni por el Presidente, algunos fiscales federales permanecen por décadas sin cambiar, creando una permanencia que no es propia del puesto. Esto ha permitido que un fiscal federal interino que estuvo una década en su puesto sin ser confirmado por el Senado federal posiblemente por haber sido arrestado en su juventud con otras personas por un escalamiento en la base militar Buchanan de San Juan.. También da paso a que se tolere y acepte que un fiscal federal haga expresiones públicas achacándole los actos de corrupción a un partido político en particular sin que se haya formado revuelo alguno en el Congreso ni en ninguna agencia federal.

No se puede argumentar que la fiscalía federal ni el FBI carecen de poder ni recursos para enfrentar la criminalidad o la corrupción pública, como se repite como pretexto por el gobierno estatal. El problema es uno más grave aún, a saber, que las agencias federales de ley y orden no le responden a los funcionarios ni a la personas electas por el votante en Puerto Rico.

Contrario a los ciudadanos de los estados, que pueden recurrir a sus congresistas o las oficina del Presidente a pedir agravios e investigaciones relacionadas a las alegaciones de abuso, en la Isla , las agencias federales no tienen lo que se llama accountability alguna en Puerto Rico. Usando la frase del patriota y revolucionario Thomas Paine, no rinden cuentas ante nadie ni deben ser de fiar para nadie. Esto nada que ver con las buenas intenciones ni el grado de competencia de sus funcionarios a nivel individual.

Cuando el agente a cargo del FBI en San Juan tiene que aclarar que la agencia no es política, por algo se ve obligado a aclararlo. A esto le añadimos que, como toda agencia pública cuya dirección es escogida por políticos, las agencias federales responden a las presiones e influencias políticas del momento. Decir que las agencia federales no responden a la política, además de ser una ingenuidad, es falso.

En las investigaciones sobre corrupción pública en los pasados años existe una conducta generalizada de esas agencias de no procesar a los alegados sobornadores en la empresa privada que entregan dinero a los funcionarios electos y usarlos como testigo de fiscalía a cambio de las llamadas sweetheart deals.
A esto se le añade que debido a la condición de subordinación política, y a la mentalidad de un sector poblacional que entienden que sus libertades dependen de que unos funcionarios políticos tengan la gracias de concederlas para que las libertades existan. Las actuaciones de las agencias federales no son cuestionadas ni fiscalizadas, algo que no es cónsono con una sociedad libre donde el votante es el soberano, no los burócratas de gobierno.

El único sector que sí cuestionaba las actuaciones federales en un momento dado es el movimiento independentista, que fue víctima del operativo de persecución política del FBI en todos Estados Unidos conocido como COINTELPRO. En términos generales, las alegaciones de actuaciones impropias de funcionarios federales no se investigan y se despachan como chismes de sectores políticos minoritarios que no merecen atención para muchos.

La mentalidad de aceptar todo lo que impone un gobierno que no responde al voto del ciudadano es algo sumamente peligroso para las libertades constitucionales de los residentes de Puerto Rico. En conclusión, la lucha contra la corrupción pública no será efectiva hasta tanto el gobierno estatal y federal tengan la voluntad de hacerlo. También requiere tener el poder político como un estado para estar vigilante a las actuaciones de los funcionarios federales.

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La realidad es que el Gobierno de Puerto Rico tiene los recursos y las leyes necesarias para investigar y procesar los casos de corrupción pública y privada. Decir lo contrario es mostrar desconocimiento sobre el aspecto legal. Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más leyes tiene, con el problema que la mayoría de las personas las desconocen o no las aplican.

Lo que no tiene el gobierno local es la voluntad para hacerlo. Uno de los principales obstáculos al procesamiento de casos de corrupción es la adopción de la figura del Fiscal Especial Independiente (FEI). Esta figura se inspiró en la existencia temporera de un concepto similar en el gobierno federal. Ya el gobierno federal abandonó el uso del fiscal especial en casos de corrupción, revirtiendo la investigación y procesamiento de casos al Departamento de Justicia federal (DOJ).

El primer Fiscal Especial Independiente fue creado para investigar los sucesos en el cerro Maravilla. Luego de esto, la Asamblea Legislativa ha seguido ampliando los poderes del FEI sin seguir una visión integral de su misión y funcionamiento práctico. Existe un enorme problema en esa ley ya que el FEI tiene que avisarle al funcionario investigado que la investigación va a ser referida de Justicia al Panel de Ex Jueces del FEI para designar un FEI. Este proceso da al traste con la confidencialidad de cualquier investigación criminal.

El otro gran escollo desde el punto de vista práctico es que el FEI no tiene una agencia permanente asignada a la investigación de casos de corrupción sino que usa el mecanismo de destaque de agentes. Como ni el legislador ni los jefes de agencia entienden plenamente el proceso, pasan por alto que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) creado en julio de 1978, es el brazo investigativo de la Justicia local con autoridad exclusiva para investigar corrupción, crimen organizado y violaciones a los derechos civiles. Sus agentes especiales requieren tener un bachillerato e incluso están autorizados a tomar declaraciones juradas, cosa que no puede hacer la Policía de Puerto Rico. Es una especie del FBI estatal, con una jurisdicción muy parecida a dicha agencia. El NIE está en plena decadencia por voluntad política, no porque se enmendó la ley para restarle poderes.

El NIE se ideó como un cuerpo independiente de Justicia y de la Policía de PR. Incluso el NIE tiene autoridad para investigar tanto la corrupción en la Policía así como la violación de derechos civiles en la Uniformada. Cuando era Fiscal de Crimen Organizado sometí numerosos casos de estos temas. Un buen ejemplo de la ineptitud y falta de visión de los burócratas gubernamentales es que colocaron al NIE en la misma sombrilla de Seguridad con la Policía de PR.

EL NIE se supone que está a cargo de implantar la Ley Contra el Crimen Organizado, de 1978, que contiene un mecanismo de grabaciones no telefónicas entre agentes encubiertos u otros testigos con las personas bajo investigación, incluyendo funcionarios públicos. Este proceso de grabaciones y acusaciones criminales de la Ley de Crimen Organizado se abandonó completamente cuando yo fui relevado como Subdirector de la División de Crimen Organizado y Drogas en 1996. El Secretario de Justicia en esos momentos se negó a dejarme manejando esas grabaciones.

Cuando llegué a la División de Crimen Organizado en 1989, me percaté que no usaba la Ley de Crimen Organizado, las grabaciones no telefónicas, la ley de empresa criminal continua de la Ley de Sustancias Controladas entre otras. El proceso de grabaciones requiere pedir confidencialmente autorización a un Juez Superior para grabar y entregar la custodia de las grabaciones al Juez tan pronto el fiscal las tenga. En mi experiencia nunca se filtró una investigación usando grabaciones ya que la integridad de los Jueces asignados a este proceso era intachable.

El gobierno de PR tiene que decidir si va a seguir con la figura del FEI o devolverle la jurisdicción completa al NIE y al Justicia; o si prefiere dejar al FEI pero usando al NIE exclusivamente como brazo investigativo; o si quiere integrar al NIE, y las unidades de grabaciones de la Policía de PR para ello. En todo caso, tendrá que eliminar el requisito de notificarle al investigado al momento de pasar el caso al Panel de Ex Jueces del FEI.

En fin, está claro que el gobierno estatal ha fracasado en la lucha contra la corrupción ni por falta de leyes, ni mecanismos de investigación para hacerlo. Su fracaso total se debe a la falta de voluntad de los burócratas de turno; su falta de conocimiento integral del sistema, y la agrupación de agencias sin saber sus funciones. En la actualidad el NIE está inoperante y no cuenta con los agentes experimentados ni los recursos humanos para llevar a cabo sus encomiendas, convirtiéndose en apéndices de algunos fiscales que no tiene idea de lo que requiere la agencia investigativa.

En la próxima columna analizaré el fracaso de las agencias federales en el área de corrupción en Puerto Rico.

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La cultura de corrupción y deshonestidad nace en el hogar, los padres o encargados, con sus actuaciones, sirven de ejemplo para sus hijos o dependientes. El problema no se trata meramente de sentarse a sermonear a los hijos de lo que es honesto o deshonesto. Los hijos observan a sus padres y aprenden con lo que se hace, no lo que se dice. Si se excusa o se acepta la decepción, quedarse con lo ajeno, o se justifican los atajos, por parte de padres o encargado, eso aprende la nueva generación.

En la conducta privada no gubernamental de los ciudadanos, se incurren en actos tal como falsificar datos o documentos para obtener beneficios del gobierno o para obtener alguna cosa de valor, hasta cosas como taquillas para un concierto, o pagos que saben no le corresponden. Esta deshonestidad tiene un efecto multiplicador en la sociedad.

La estructura del gobierno de Puerto Rico ciertamente estimula los actos de corrupción. Se trata de un gobierno todopoderoso, dotado por los legisladores con poderes para intervenir en la vida diaria de todo ciudadano en todos los aspectos. El legislador, en su sabiduría, ha arropado el territorio con cientos de reglamentos, órdenes ejecutivas y requisitos de permisos.

Algunos en la burocracia gubernamental se deleitan en torturar al ciudadano requiriéndole buscar certificaciones, documentos, sellos y comprobantes, para después denegar las peticiones o pedirles más gestiones para lograr hacer cosas sencillas. Esto crea cinismo y animosidad de parte del ciudadano hacia el gobierno.

Aunque los burócratas y el gobierno permanente no ven nada malo con este trajín cotidiano, al ciudadano le afecta y molesta esta madeja de permisos y certificaciones.

El otro factor que contribuye a la corrupción diaria es el enorme sistema de contratistas privados que venden sus influencias con figuras políticas para lograr contratar servicios con el gobierno. El gobierno acapara todo y no solo es el patrono más grande en la Isla sino también el que más contratos ofrece , usando el dinero del contribuyente americano o el local.

El proceso requiere contactos directos o a través de testaferros que venden sus influencias para lograr que el alcalde, legislador o jefe de agencia favorezca al contratista. Existe todo un sector económico que trabaja a tiempo completo dedicado a usar sus contactos e influencias con jefes de agencia y legisladores y cobran grandes cantidades de dinero para hacerlo. Luego viene la hemorragia de documentos, certificaciones requeridas para contratar.

Una vez obtiene el contrato, el proceso de facturar y sobre todo, cobrar se torna difícil para muchos contratistas, por lo que se venden y compran influencias dentro de las agencias para acelerar los pagos a los contratistas. También se compran y venden influencias para acelerar permisos, certificaciones y otros documentos que la burocracia local exige para mover los negocios.

Cierto tipo de contratistas entienden que pueden actuar con impunidad aun cuando pudiesen estar ofreciendo sobornos y otras cosas de valor a empleados y jefes de agencia, porque conocen que el gobierno local no los procesará y el gobierno federal solo acusa a los empleados gubernamentales. El FBI usa de testigos a los contratistas, muchos de los cuales cooperan aun cuando son muchas veces los instigadores de los actos de corrupción. A cambio de esta cooperación, los contratistas mantienen su dinero y propiedades esencialmente iguales y se lucran de sus actos ilegales.

De las estrategias fracasadas contra la corrupción en Puerto Rico de los gobiernos estatales y federales informaremos en nuestras próximas reseñas.

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