En la decisión emitida el viernes por la Corte de Apelaciones del 8º Circuito de EE. UU., el panel de tres jueces otorgó una orden judicial permanente a las Hermanas Religiosas de la Misericordia y una coalición de otros proveedores católicos de atención médica y seguros contra lo que los críticos llaman el “mandato transgénero”.

En mayo de 2016, la Oficina de Derechos Civiles del HHS finalizó las regulaciones para la Sección 1557 de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. La agencia agregó la identidad de género y la orientación sexual a la disposición que prohíbe la discriminación en los entornos de atención médica. La regla fue derogada durante la administración de Trump, pero restablecida por la administración de Biden en mayo de 2021.

La orden judicial significa que las partes nombradas en el caso, incluidas las Hermanas Religiosas de la Misericordia, el Centro de Atención Médica del Sagrado Corazón de la Misericordia, el Sistema de Salud SMP; La Universidad de Mary, la Asociación de Beneficios Católicos, la Diócesis de Fargo, las Caridades Católicas de Dakota del Norte y la Asociación Médica Católica: no tienen que realizar el procedimiento si violan sus creencias religiosas y el juicio médico.

El fallo, escrito por el juez principal Lavenski R. Smith, establece que cada demandante cree “que cada hombre y mujer fue creado a imagen y semejanza de Dios, y que reflejan la imagen de Dios de maneras únicas y singularmente dignas”. Debido a esto, los demandantes creen que los procedimientos de cambio de sexo “violan [s] su juicio médico al causar daño potencial a los pacientes”. 

“Además, creen que violarían sus creencias religiosas con respecto a la sexualidad humana y la procreación si realizaran, entre otras cosas, servicios de transición de género”, escribió Smith, designado por George W. Bush. “También se oponen por razones religiosas a proporcionar cobertura de seguro para sus empleados elegibles para transiciones de género”. 

La agencia federal tiene 60 días para solicitar al 8º Circuito que vuelva a escuchar el caso y otros 90 días para apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El fallo sigue a una decisión de agosto de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., que confirmó una orden que impide permanentemente que el gobierno exija a los médicos y hospitales cristianos que realicen procedimientos de afirmación de género. 

Becket Law, un grupo sin fines de lucro que representa a los demandantes, considera que el fallo del Octavo Circuito es una “victoria para la libertad religiosa”.

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El Colegio de Profesionales del Trabajo Social se expreso en su cuenta de facebook tras conocer la decisión:

“En el día de hoy el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia confirmando al Tribunal de Instancia en el caso de descolegiación. Como hemos discutido anteriormente, el CPTSPR llevará el caso a los foros que sean necesarios, por lo cual estaremos acudiendo al Tribunal Supremo. Debido a que estamos apelando, se mantiene vigente la ley, y la colegiación continúa siendo compulsoria.”

En los pasados años el Colegio de Trabajadores Sociales ha promovido campañas con temáticas de perspectiva de género para combatir la violencia. Siendo una de ellas la campaña “16 días de activismo, hay niñas con pene y niños con vulva”, que tuvo lugar desde el ocho de diciembre. Pretendía combatir la violencia hacia la mujer.

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El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, rechazó el jueves, en una votación de 2 a 1, las alegaciones de un grupo que representa a ateos y agnósticos de que las ceremonias diarias de oración del Juez de Paz de Texas, Wayne Mack, eran inconstitucionales.

La Fundación para la Libertad de Religión y un abogado demandaron en 2019 por la práctica de Mack de comenzar cada día en el tribunal con unos minutos para las oraciones pronunciadas por los líderes religiosos que participan en un programa de capellanes voluntarios que lanzó después de ser elegido como juez en el condado de Montgomery.

Los abogados y los litigantes pueden asistir, pero se les dice que no están obligados a hacerlo, y después un alguacil informa a cualquier persona en el vestíbulo de que el tribunal está a punto de comenzar. Pero los demandantes argumentan que los litigantes y los abogados se arriesgan a molestar a Mack si no participan.

El año pasado, el juez de distrito Kenneth Hoyt, de Houston, aceptó que las oraciones en la sala violaban la prohibición de la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. de que el gobierno “establezca” una religión.

Sin embargo, el juez de circuito Jerry Smith señaló ejemplos históricos de oraciones en las salas de audiencia que se remontan al año 1700 para determinar que las ceremonias de Mack eran legales en virtud de una decisión de 2014 del Tribunal Supremo de EE.UU., Town of Greece v. Galloway, que daba margen para las oraciones antes de las reuniones gubernamentales.

Dijo que aunque los “demandantes claman por la coerción”, mientras Mack mantenga su política de no discriminación confesional permitiendo que capellanes de diferentes religiones dirijan las oraciones y no haya consecuencias para quien no participe, sus ceremonias de oración en la sala son legales.

El juez de circuito E. Grady Jolly disintió, diciendo que la mayoría debería haber dado un “paso atrás” y reconocer la evidencia de que los litigantes podrían sentirse coaccionados a participar en las prácticas religiosas de la sala de Mack.

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“Esta es una victoria significativa para las iglesias y los pastores de todo el país”, dijo Robert Tyler, presidente de Advocates for Faith & Freedom, en un comunicado de prensa después de que el Tribunal de Apelación de California revocara una orden judicial contra Calvary Chapel San Jose. “Nos sentimos honrados de representar a pastores e iglesias que están dispuestos a soportar la presión en defensa de la libertad porque beneficia a todos”.

El tema era la negativa de la iglesia a cumplir con los funcionarios de salud del condado de Santa Clara, que obtuvieron una orden de restricción temporal y una orden judicial en noviembre de 2020 contra Calvary Chapel y dos pastores, Mike McClure y Carson Atherly, después de que la iglesia no siguiera las órdenes de salud de la pandemia que incluían restricciones a los servicios en persona, mandatos de máscara y una presentación al condado de los protocolos de distanciamiento social de la iglesia.

Los funcionarios del condado lograron argumentar con éxito que el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara debía declarar a la iglesia y a sus pastores en desacato e imponerles multas.

Pero el fallo no cambió nada para la Capilla del Calvario, que continuó desafiando las órdenes y el requerimiento judicial con el argumento de que violaba la Primera Enmienda, lo que llevó al tribunal superior a declarar una vez más a la iglesia y a McClure en desacato al tribunal y a emitir sanciones monetarias, añadiendo también a Atherly a la orden.

El desacato acabó por acarrear más de $200.000 dólares en multas para la iglesia, que siguió celebrando sus servicios religiosos mientras se acumulaban las sanciones monetarias.

La persistencia de la Capilla del Calvario acabó dando sus frutos. El lunes, el Tribunal de Apelación de California revocó el mandato judicial, las órdenes de desacato y las multas.

“Por las razones que se exponen a continuación, concluimos que las órdenes de restricción temporal y las medidas cautelares son facialmente inconstitucionales de acuerdo con la reciente orientación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con la protección de la Primera Enmienda del libre ejercicio de la religión en el contexto de las órdenes de salud pública que afectan a la práctica religiosa”, dijo el tribunal en la sentencia. “Como las órdenes subyacentes que la Capilla del Calvario violó son nulas e inaplicables, anularemos las órdenes de desacato en su totalidad y revocaremos las órdenes de pagar sanciones monetarias”.

McClure celebró el fallo, diciendo que las órdenes del condado representaban una “intrusión” en la libertad religiosa de la iglesia.

“Doy gracias a Dios porque nuestras acciones han sido justificadas por el Tribunal de Apelación”, dijo McClure en el comunicado. “Estamos aquí para ayudar a los que sufren, salvar a los perdidos y adorar a Dios sin intromisión gubernamental”.

Sin embargo, la batalla legal de la iglesia no termina con el caso. El condado de Santa Clara sigue intentando hacer cumplir 2.8 millones de dólares en multas que impuso unilateralmente a Calvary Chapel por violar las órdenes sanitarias del condado. Ese caso está actualmente haciendo su camino a través del sistema judicial federal.

“El fallo del Tribunal de Apelación estatal debería presagiar el resultado esperado en el tribunal federal”, dijo la abogada Mariah Gondeiro en el comunicado de prensa. “Esperamos una victoria completa al final”.

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Esta resolución impedía hasta el pasado jueves el que Bristol-Myers Squibb despidiese a 12 empleados de forma arbitraria, injusta e irracional, respecto al COVID-19.

De forma sorpresiva y sin justificación alguna, el panel de jueces compuesto por Roberto Sánchez Ramos, Ricardo Marrero y Carlos Candelaria Rosa ordenó que se pueda despedir a 12 empleados de la farmacéutica Brystol-Myers Squibb. La acción de este panel paralizó una Resolución debidamente fundamentada por la Honorable Jueza Itzel Aguilar Pérez, en la que reconoció que no habían fundamentos legales para despedir a este grupo de empleados que laboraron durante toda la pandemia, y que habían cumplido con todos los requerimientos impuestos, incluyendo el presentar exoneraciones religiosas.

Tan pronto este panel de jueces recibió el recurso el día 28 de julio, no dio oportunidad a los empleados a oponerse, y el mismo día de emitió la referida Orden dejando sin efecto la Resolución de la Juez. BMS en ningún momento demostró razones para los despidos, y su petición fue dirigida a imponerle su criterio arbitrario a este grupo de puertorriqueños, el que para tener el “privilegio“ de trabajar en la farmacéutica tiene que obedecer sus políticas, aunque no tengan base ni justificación.

La representación legal de la parte demandante contra BMS informó que someterá inmediatamente un recurso ante el Tribunal Supremo para que deje sin efecto esta Resolución.

Confiamos que con esta acción la justicia prevalezca ante esta determinación tan detrimental en la vida de 12 familias puertorriqueñas, fieles a sus convicciones religiosas y defensoras con causa y conocimiento de sus derechos.

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