“Mi compromiso con nuestros oficiales correccionales, que viene desde antes de ser gobernador, va más allá de solo palabras pues mi administración se ha asegurado de aumentar su compensación y mejorar sus condiciones de trabajo. Asimismo, les hemos entregado vehículos modernos para las rondas, nuevos uniformes, armas de fuego y equipo de seguridad moderno para poder hacer bien su trabajo”, sostuvo el primer ejecutivo, quien desde que comenzó su administración otorgó aumento salarial a los oficiales correccionales del DCR e incrementó su salario base a $2,350.

El gobernador añadió que “siento mucho optimismo al ver a los miembros de esta academia que incorporará a 243 nuevos oficiales correccionales a nuestros esfuerzos de velar por la seguridad de nuestros confinados y también de nuestro pueblo. Como gobernador, me llena de orgullo estar aquí para reconocer la vital importancia de la labor que están a punto de emprender. Con esta tercera academia hemos sumado 695 oficiales correccionales que se han incorporado al Departamento de Corrección y Rehabilitación en los últimos tres años, por lo que estamos siendo sumamente proactivos a la hora de asegurar que el personal de seguridad de nuestras instituciones correccionales y el Cuerpo de Oficiales de Custodia estén fuertes, adiestrados y preparados”.

Por su parte, la secretaria del DCR destacó que esta es la tercera academia que gradúan y la que más mujeres ha sumado al Cuerpo de Oficiales de Custodia. Escobar Pabón recordó que, en septiembre del 2022, graduaron 238 cadetes y en junio del 2023, 214. Asimismo, mencionó que la contratación de estos oficiales correccionales resuelve en gran medida la necesidad de oficiales correccionales que la agencia tuvo por años.

“Este es un momento que nos permite reflexionar sobre la tarea trascendental que aguarda a estos graduandos. Esta elección, de dedicar sus vidas al servicio penitenciario, merece nuestro reconocimiento y aprecio. La labor en el ámbito correccional es desafiante, pero también es una oportunidad invaluable para impactar positivamente en la vida de quienes se encuentran en situaciones difíciles”, señaló Escobar Pabón.

La secretaria añadió que “agradezco al gobernador y su equipo de trabajo el respaldo que nos ha brindado en el DCR. Esto lo vamos a reciprocar con trabajo arduo y mucho compromiso. Destaco la labor de los instructores en la academia; ustedes son pieza fundamental en la formación de estos nuevos profesionales. A los graduandos les recuerdo que en la medida que asumen sus funciones, se mantengan siempre abiertos al aprendizaje y a cultivar la humanidad en cada interacción. Cada persona que cruza su camino tiene una historia única y, a través de su servicio, tienen la capacidad de impactar positivamente esas historias”.

Jomar González Cruz, presidente de la clase, tuvo a su cargo la representación de los 182 varones y 61 féminas que fueron parte de la Academia Ramos y Morales 15. Al dirigirse a los presentes en los actos de graduación, González sostuvo que ser oficial correccional, se lleva en el corazón, con gran orgullo y dedicación. Además, exhortó a sus pares a “llevar siempre en alto nuestro uniforme y a nunca mancharlo, a no dejar que nadie menosprecie nuestra labor, pues gracias a ese gran trabajo que hacemos es que nuestras familias pueden dormir en paz en nuestros hogares. En nuestras manos está el poder de forjar un mejor futuro. Juntos como ente de cambio podemos inspirar a los demás. Recuerden siempre que somos una generación que pide cambios, pero que no tan solo los pide sino, que también es capaz de lograrlos”.

El gobernador también reconoció la importante labor de los oficiales correccionales, así como su compromiso con la seguridad y rehabilitación con la población confinada.

“Ustedes y todos sus compañeros y compañeras pueden contar que voy a seguir trabajando para asegurar que estén bien compensados, bien motivados y que tengan los recursos necesarios para hacer su trabajo. Este camino que han elegido sin duda tendrá momentos difíciles, pero conociendo el temple y las disposiciones de nuestro Cuerpo de Oficiales de Custodia, cada obstáculo será también una oportunidad para demostrar su capacidad y determinación. Tengan siempre presente que su labor impactará directamente a ciudadanos y ciudadanos de nuestro pueblo, muchos de los cuales queremos ayudar a reinsertarse a nuestra sociedad. La empatía y el respeto son herramientas poderosas que contribuirán a la construcción de una cultura de rehabilitación. Para eso y mucho más, cuento con ustedes”, concluyó el primer ejecutivo.

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La realidad es que el Gobierno de Puerto Rico tiene los recursos y las leyes necesarias para investigar y procesar los casos de corrupción pública y privada. Decir lo contrario es mostrar desconocimiento sobre el aspecto legal. Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más leyes tiene, con el problema que la mayoría de las personas las desconocen o no las aplican.

Lo que no tiene el gobierno local es la voluntad para hacerlo. Uno de los principales obstáculos al procesamiento de casos de corrupción es la adopción de la figura del Fiscal Especial Independiente (FEI). Esta figura se inspiró en la existencia temporera de un concepto similar en el gobierno federal. Ya el gobierno federal abandonó el uso del fiscal especial en casos de corrupción, revirtiendo la investigación y procesamiento de casos al Departamento de Justicia federal (DOJ).

El primer Fiscal Especial Independiente fue creado para investigar los sucesos en el cerro Maravilla. Luego de esto, la Asamblea Legislativa ha seguido ampliando los poderes del FEI sin seguir una visión integral de su misión y funcionamiento práctico. Existe un enorme problema en esa ley ya que el FEI tiene que avisarle al funcionario investigado que la investigación va a ser referida de Justicia al Panel de Ex Jueces del FEI para designar un FEI. Este proceso da al traste con la confidencialidad de cualquier investigación criminal.

El otro gran escollo desde el punto de vista práctico es que el FEI no tiene una agencia permanente asignada a la investigación de casos de corrupción sino que usa el mecanismo de destaque de agentes. Como ni el legislador ni los jefes de agencia entienden plenamente el proceso, pasan por alto que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) creado en julio de 1978, es el brazo investigativo de la Justicia local con autoridad exclusiva para investigar corrupción, crimen organizado y violaciones a los derechos civiles. Sus agentes especiales requieren tener un bachillerato e incluso están autorizados a tomar declaraciones juradas, cosa que no puede hacer la Policía de Puerto Rico. Es una especie del FBI estatal, con una jurisdicción muy parecida a dicha agencia. El NIE está en plena decadencia por voluntad política, no porque se enmendó la ley para restarle poderes.

El NIE se ideó como un cuerpo independiente de Justicia y de la Policía de PR. Incluso el NIE tiene autoridad para investigar tanto la corrupción en la Policía así como la violación de derechos civiles en la Uniformada. Cuando era Fiscal de Crimen Organizado sometí numerosos casos de estos temas. Un buen ejemplo de la ineptitud y falta de visión de los burócratas gubernamentales es que colocaron al NIE en la misma sombrilla de Seguridad con la Policía de PR.

EL NIE se supone que está a cargo de implantar la Ley Contra el Crimen Organizado, de 1978, que contiene un mecanismo de grabaciones no telefónicas entre agentes encubiertos u otros testigos con las personas bajo investigación, incluyendo funcionarios públicos. Este proceso de grabaciones y acusaciones criminales de la Ley de Crimen Organizado se abandonó completamente cuando yo fui relevado como Subdirector de la División de Crimen Organizado y Drogas en 1996. El Secretario de Justicia en esos momentos se negó a dejarme manejando esas grabaciones.

Cuando llegué a la División de Crimen Organizado en 1989, me percaté que no usaba la Ley de Crimen Organizado, las grabaciones no telefónicas, la ley de empresa criminal continua de la Ley de Sustancias Controladas entre otras. El proceso de grabaciones requiere pedir confidencialmente autorización a un Juez Superior para grabar y entregar la custodia de las grabaciones al Juez tan pronto el fiscal las tenga. En mi experiencia nunca se filtró una investigación usando grabaciones ya que la integridad de los Jueces asignados a este proceso era intachable.

El gobierno de PR tiene que decidir si va a seguir con la figura del FEI o devolverle la jurisdicción completa al NIE y al Justicia; o si prefiere dejar al FEI pero usando al NIE exclusivamente como brazo investigativo; o si quiere integrar al NIE, y las unidades de grabaciones de la Policía de PR para ello. En todo caso, tendrá que eliminar el requisito de notificarle al investigado al momento de pasar el caso al Panel de Ex Jueces del FEI.

En fin, está claro que el gobierno estatal ha fracasado en la lucha contra la corrupción ni por falta de leyes, ni mecanismos de investigación para hacerlo. Su fracaso total se debe a la falta de voluntad de los burócratas de turno; su falta de conocimiento integral del sistema, y la agrupación de agencias sin saber sus funciones. En la actualidad el NIE está inoperante y no cuenta con los agentes experimentados ni los recursos humanos para llevar a cabo sus encomiendas, convirtiéndose en apéndices de algunos fiscales que no tiene idea de lo que requiere la agencia investigativa.

En la próxima columna analizaré el fracaso de las agencias federales en el área de corrupción en Puerto Rico.

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Un juez de Nueva York dictaminó el viernes que el mandato de la ciudad que exige a los miembros del Departamento de Policía de Nueva York que se vacunen contra la COVID-19 no es válido en lo que respecta a los miembros de la Asociación Benévola de la Policía de la Ciudad de Nueva York.

En la decisión, el juez del Tribunal Supremo del Estado, Lyle Frank, con sede en Manhattan, ordenó que los miembros del sindicato que fueron despedidos “injustamente y/o puestos en licencia sin sueldo como resultado del incumplimiento” sean reincorporados.

El expediente decía que la “conducta del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York de crear unilateralmente una condición de empleo es improcedente”.

“En apoyo de su argumento de que el Comisionado del Departamento de Salud puede crear unilateralmente condiciones de empleo, los demandados citan las sentencias de casos federales recientemente resueltos y las decisiones de los tribunales de primera instancia. Este argumento tampoco es convincente. Los demandados citan una multitud de casos en los que este Tribunal, así como otros, han denegado peticiones basadas en que la vacunación es una condición de empleo, sin embargo, en esos casos la ciudad y el sindicato respectivo negociaron colectivamente para incluir el mandato de vacunación como una nueva condición de empleo, que no es el caso aquí”, escribió Frank, añadiendo que la imposición unilateral de una condición de empleo no es algo que el departamento o el alcalde Eric Adams podría hacer sin la negociación colectiva.

El tribunal no negó que, en el momento en que se emitió el mandato, éste fuera apropiado y legal.

Sin embargo, dijo que no ve y que los demandados no habían establecido una base legal o autoridad legal para que el DOH excluyera a los empleados del lugar de trabajo e impusiera cualquier otra acción adversa de empleo como un mecanismo de aplicación apropiado del mandato de la vacuna.

Frank dijo que, aunque los demandados sostenían que la orden que creaba una nueva condición de empleo es “similar al requisito de residencia para todos los empleados de la administración pública no uniformados que se encuentra en el Código Administrativo de la ciudad de Nueva York 12-120 o en la Ley de Funcionarios Públicos de Nueva York § 3(1)” y que el mandato es “otro ejemplo de una condición de empleo creada legalmente”, el tribunal no está de acuerdo.

“Esta decisión confirma lo que hemos dicho desde el principio: el mandato de la vacuna fue una infracción indebida del derecho de nuestros miembros a tomar decisiones médicas personales en consulta con sus propios profesionales de la salud”, dijo el presidente de la PBA, Patrick Lynch, en respuesta al fallo. “Seguiremos luchando para proteger esos derechos”.

“Vamos a apelar inmediatamente esta sentencia. Está en desacuerdo con todas las demás decisiones judiciales que defienden el mandato como una condición de empleo”, dijo un portavoz del departamento legal a Fox News Digital en un correo electrónico del sábado.

El departamento señaló que otros sindicatos han perdido casos similares y que la presentación de una notificación de apelación congela la decisión del juez hasta que se escuche la apelación.

Adams anunció hace apenas unos días que abandonaría el mandato de vacunación del sector privado de la ciudad.

Más de 1.000 empleados de la ciudad de Nueva York han sido despedidos por negarse a recibir las vacunas.

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Los querellantes decidieron permanecer en el lugar exigiendo sus derechos a ser atendidos y no discriminados, pero sus intentos no rindieron frutos. Terminando en un altercado donde el dueño del restaurante les arrojó la mesa encima frente a oficiales del orden público.

“Buenas noches si ustedes no están consumiendo se tienen que ir por favor” se escucha decir al dueño del restaurante. A lo que el ciudadano identificado como Fidel Rodríguez responde “estamos esperando a la policía”. Acto seguido el dueño dice “levántense” y le arrebata la silla cayendo al suelo Rodríguez.

A pesar de la egresión, la policía no intervino con el dueño del establecimiento.

Live original de uno de los ciudadanos afectados identificado como Fidel Rodríguez: https://fb.watch/beby-yz6w1/

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La ciudadana identificada como Zulma Figueroa Córdova, y su esposo Luis Colon Colón, se encontraban en su automóvil, en Villas Tomas Mercado en Caguas, cuando agentes de la policía se personaron al lugar.

Mediante video en vivo Figueroa Córdova indicó que no entendía la intervención policial para una orden de arresto. 

“Hay una orden de arresto, y las personas no se están allanando al proceso”

Jose Berrios, teniente de la policía

“Las personas están abarricadas en el vehículo. Estamos en la espera de un negociador.  Tienen dos órdenes de arresto por violación en un delito menos grave al Código Penal en el artículo 256, resistencia u obstrucción a la autoridad pública.  Entiendo que es por situación que tuvieran en el aeropuerto en Carolina”, confirmó el teniente José Berrios para Buenas Nuevas.

Luego de varias horas, se personó el negociador, quien tampoco pudo persuadir a la familia a salir del vehículo.  Mientras pasaban las horas, varios ciudadanos y grupos llegaron hasta el lugar en apoyo a la familia. Se escuchaban vítores como “no te quites Zulma”, “esto es un secuestro del estado, aquí nadie cometió delito”, de parte de los manifestantes en apoyo a la ciudadana.  La policía de Puerto Rico activo al SWAT para poder intervenir con los manifestantes.  

Al lugar llegaron varios abogados y observadores que se ofrecieron como mediadores para orientar a Figueroa y a Colón.  Luego de varios intentos con las autoridades, accedieron a dar paso a los abogados al área acordonada para poder ver la orden de arresto, detalles de esta, y orientar a la familia Colón Figueroa.

“Hablé con ella y está en la mejor disposición de cooperar.”

Luis Perez Bonilla, abogado mediador

“Salieron los nenes, se llegaron a unos acuerdos.  Fueron unos paramédicos y la atendieron le bajo un poco el azúcar, pero ella está bien. Hoy ellos van al cuartel de Barrio Obrero, no estarán en una celda.  Mañana irán tribunal a ver el detalle del caso”, explicó Luis Pérez Bonilla abogado que medio con Figueroa y Colón. 

Tras varios intentos de identificar cual fue el tribunal al que la citaron en el día de hoy, no se pudo precisar en cual tribunal se encontraba.   

“Una razón de porque no se preciso el lugar donde ella estaba era para evitar que la prensa llegara”.

Javier Gonzalez, portavoz de Zulma Figueroa

“Hay mucha desinformación por parte de la prensa.  Una razón de porque no se preciso el lugar donde ella estaba, para evitar que la prensa llegara. Ella no pasó un día en la cárcel, la trasladaron al Departamento de la Familia y que la trataron muy bien. No tuvo que pagar fianza. La prensa está diciendo que el Departamento de la Familia se había quedado con sus hijos, eso es mentira.  Se los llevó el hermano de ella y están bien en todo momento. Pasó la noche en ese sitio y la trasladaron al tribunal de San Juan.  Ella se mantuvo todo el tiempo bajo ley común, no firmó papeles, no pagó fianza”, explica Javier González, portavoz de Zulma Figueroa y su familia.

A preguntas de que si fue tratada como una criminal puntualizó , “sucedió algo que no puedo divulgar que cambio el panorama.  Ella cuando esté lista lo hablara.  Tan pronto la trasladaron le quitaron las esposas. Cuando llega frente a la juez se mantuvo firme en que no iba a firmar nada. La fiscal estableció una fianza de $2,000, y Zulma se mantuvo firme en todo momento porque no ha cometido delito. Salió sin pagar ninguna fianza,” añade Javier González.

“Ella no ignoró la citación, si eso es lo que está diciendo la prensa eso es mentira, ella no ignoró la citación en ningún momento…” 

Gonzalez, portavoz de Zulma Figueroa

“Ella se aparece el dia diez, un día antes de la citación y entrega los papeles, cuando va al tribunal a entregar los papeles la muchacha le indica que no es ahí que tiene que entregar los papeles que tiene que dirigirse al Departamento de Salud, lo cual ella se quedó consternada…arranca para el Departamento de Salud le ponchan los documentos, ella tiene su copia ponchada.

Lo que sucedió fue…el juez original (Wilfredo Viera Garcés) que recibió los documentos, que los leyó, los ignoró por completo, los ignoró, entonces procede a emitir la orden de arresto más la fianza que fueron de $10,000, y ahí es donde empieza todo esto y empieza el show de anoche”, concluye el portavoz de la familia Colón Figueroa.

El 8 de febrero de 2022 fue citada nuevamente. 

Video expresiones oficiales de portavoz de Zulma Figueroa y Luis Colon

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Aguadilla, Puerto Rico – El gobierno de Pedro Pierlusi continúa con la imposición de las órdenes ejecutivas que buscan que toda persona no vacunada contra el COIV-19 pueda recibir servicios básicos en agencias de gobierno, participar de eventos multitudinarios o poder visitar restaurantes y trabajar sin la evidencia de vacunación contra el COIV-19.

Hoy viernes, llegó a nuestra redacción un vídeo de una ciudadana quien no puedo llevar a cabo su gestión de registro de posesión de armas por que los oficiales de la policía en el cuartel de Aguadilla le negaron la entrada al no presentar evidencia de vacunación o examen con resultado negativo.

“Los guardias que están ahí son testigos que no se me quiere dar servicio, lo único que estoy pidiendo es que se me procese la licencia, he pedido hablar con los jefes, he pedido que se me de servicio desde la parte de afuera…ya ni me hablan”

se escucha a la ciudadana en el vídeo.

“Como pueden ver, la señora que está ahí me acaba de decir de que no me van a dar servicio y punto, se les explicó que es inconstitucional, se les explicó que tengo exención religiosa y no les importa…se está discriminando contra la gente que no está vacunada”, añadió.

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A continuación la tabla oficial de la policía de Puerto Rico.

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A medida que surgen más detalles sobre el terrorífico ataque terrorista en el sur de Francia, se ha informado que el policía que tomó el lugar de un rehén y luego fue asesinado, era un cristiano practicante.

El teniente coronel Arnaud Beltrame murió el sábado después de tomar voluntariamente el lugar de una mujer como rehén durante el ataque terrorista del viernes en un supermercado SuperU en Trèbes, en el sur de Francia. Un pistolero inspirado por ISIS mató a Beltrame y otros tres.

En un movimiento táctico, el Coronel Beltrame dejó su teléfono mientras ingresaba al supermercado para que sus colegas pudieran escuchar cualquier conversación entre él y el terrorista. Trágicamente, el jihadista Radouane Lakdim le disparó en el cuello antes de que la policía asaltara el supermercado y le disparara fatalmente al francés nacido en Marruecos.

Fuente: Charisma News

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“No hay muchas oportunidades para darle vuelta a la ciudad como esto y yo creía que era mi oportunidad para darle vuelta”, dijo Jay Stinson, a ABC News, quien es dueño de Big Jay’s Signs and Shirtworks.

De acuerdo con el informe, Stinson vio la propuesta, y se comprometió a donar las calcomanías y la mano de obra para hacerlo. Actualmente está trabajando en su diseño final. El coste se estima que sea entre 1.000 a 2.500 dólares, dependiendo del número de patrullas policíacas y camiones de bomberos que hay y cuántas etiquetas de cada uno tendrá.

“Creo en las palabras de este lema”, dijo. “Creo que nuestro país fue fundado en este lema y creo que este proyecto será un pequeño paso para unir a nuestra comunidad y hacer que la gente se sienta mejor con nuestra policía y bomberos”.

Sin embargo, puede haber algunos que no le den la bienvenida a este movimiento.

En 2013, de acuerdo con el Huffington Post, la Freedom from Religion Foundation presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. por tener la frase: En Dios Confiamos en la moneda de EE.UU.. El año pasado, el grupo cuestionó a la policía en Childress, Texas por haber colocado etiquetas que llevan la misma frase en las patrullas.

Sin embargo, en una opinión legal en noviembre del año pasado, el fiscal general de Texas Ken Paxton dijo que no viola la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda.

“El Congreso adoptó En Dios confiamos como el lema nacional de los Estados Unidos en 1956. Además, el Congreso ha requerido el uso del lema en las monedas de los Estados Unidos contra la impresa y desafíos constitucionales a estos estatutos, los tribunales de todo el país han mantenido siempre que los estatutos no violan la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda. Por otra parte, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha señalado en varias ocasiones que el lema es constitucional en referencia a nuestra herencia religiosa”.

Fox News informó en febrero de que el Departamento del Sheriff Rutherford en Carolina del Norte también ha empezado a poner en sus patrullas policíacas calcomanías con la frase: En Dios confiamos.

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Quienes están promoviendo estas cadenas de oración son los Policías Militares en Cristo, una Asociación Cristiana que funciona dentro de la policía paulista, en el marco de la ola de violencia record que dejó en septiembre 144 homicidios en la ciudad de Sao Paulo, un aumento de la violencia del 96% frente a 2011.

El teniente Alexandre Marcondes Taerra, vicepresidente de Policías Militares en Cristo, encabezó una ronda de oración con otros uniformados para pedir protección a Dios y también reclamar juicio a los efectivos para evitar ejecuciones y abusos frente a los sospechosos.

“La policía representa las murallas de la ciudad y la oración busca rescatar la seguridad”, dijo Marcondes Terra.

“La oración también es para ayudar al policía a reflejar como se comportó como hombre y como policía, mirar para los que perdieron los valores defendidos por la corporación”, dijo a la Agencia Estado.

Policías Militares en Cristo reunió a unos mil policías militares, estos oraron tomados de la mano contra la violencia en Sao Paulo. Esta organización cristiana pertenece a las iglesias cristianas evangélicas y pretende “valorizar la figura humana del policía”, muchas veces puesta en entredicho por las prácticas de corrupción de algunos de ellos y por el exceso de violencia usado en sus métodos de trabajo.

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