Gregory Hahn, de 47 años, junto con otros 98 candidatos a jurado, se presentó el lunes en el juzgado del condado de Harnett. La mayoría de los posibles jurados, incluido Hahn, no llevaban mascarillas, recordó.

“Estuvimos en (una sala de reuniones) durante unos 20 o 30 minutos, hombro con hombro, con tres cuartas partes de nosotros sin llevar mascarillas”, dijo Hahn a Tucker Carlson Tonight. “Así que el virus, si es que había virus ahí fuera, nos contaminó de todos modos”.

A pesar de que no existe un mandato de uso de mascarillas en el tribunal o dentro del estado, el juez Charles Gilchrist, nombrado por la ex gobernadora demócrata Bev Perdue, exigió a todos los presentes en la sala que llevaran la cara cubierta.

“Usted puede ir a cualquier sala de la corte del distrito sin una mascarilla, usted puede venir a la corte del secretario superior sin una mascarilla y la oficina del fiscal sin una mascarilla, pero con el juez Gilchrist él tiene un mandato que usted debe usar una mascarilla,” dijo la secretaria de la Corte Superior Renee Whittenton a WRAL.

Whittenton afirmó que Gilchrist es el único juez de la corte superior en el condado de Harnett con un requisito de mascarilla. Además, señaló que cada miembro del jurado fue notificado del mandato y se le dio una mascarilla.

Sin embargo, Hahn -un veterano de la Armada de EE.UU.- dijo al medio local que ningún posible miembro del jurado fue notificado de antemano del mandato de Gilchrist. El hombre de 47 años también mencionó que no había carteles en el tribunal que indicaran que había un mandato.

Cuando Hahn fue llamado a sentarse en el banquillo, Gilchrist le preguntó por qué no llevaba la cara cubierta. El juez también le dijo que podía ser multado con 500 dólares y pasar 30 días en prisión por desacato al tribunal.

Cuando le dijo al juez que no llevaría la mascarilla, Gilchrist ordenó a Hahn que pasara 24 horas en la cárcel del condado.

Cuando Hahn pidió que se le excusara porque sólo era una detención de 24 horas, el juez respondió fríamente: “Podría, pero no lo voy a hacer”. El veterano señaló que aún no había sido seleccionado para el servicio de jurado, ya que todavía era de orientación.

Momentos después, Hahn fue inmovilizado, se le hizo una foto de carnet y se le ordenó llevar un mono naranja. Fue recluido en una celda de aislamiento hasta la tarde siguiente.

“Fueron las peores 24 horas de mi vida. Se me negó hacer una llamada telefónica a mi hijo menor de edad que está en casa”, dijo a Carlson:

Según Hahn, Gilchrist ni siquiera obedeció sus propias reglas cuando metió al hombre de 47 años en la cárcel.

“La ironía de todo esto es que el juez estaba hablando conmigo sin una mascarilla,” dijo Hahn a WRAL. También señaló que el centro penitenciario no tenía un mandato de mascarilla.

El veterano dice que no ha descartado presentar una demanda.

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Los centros preescolares Head Start y las guarderías para familias de bajos ingresos, supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), siguen exigiendo que los niños de tan sólo 2 años lleven mascarilla, a pesar de que las directrices actuales de los CDC recomiendan el uso universal de mascarilla sólo en zonas con altos niveles de COVID-19 en la comunidad. Los miembros del personal de Head Start también están obligados a vacunarse, según informó el miércoles The New York Times.

Los mandatos de mascarillas y vacunas sólo se aplican al programa en 25 estados después de que estados de tendencia roja como Florida y Texas demandaran en los tribunales federales y se impusieran medidas cautelares para detener su aplicación.

“El gobernador DeSantis mira por los niños ante todo”, dijo el secretario de prensa de DeSantis, Bryan Griffin, en una declaración exclusiva a Fox News Digital. “Fue el primero en insistir en que los niños deberían poder volver a las aulas, y se ha posicionado sistemáticamente en contra de las máscaras en la escuela por considerarlas perjudiciales para el desarrollo y la educación de un niño.”

“El gobernador DeSantis no permitirá que los burócratas federales amordacen a los niños de Florida”, añadió Griffin. “Es inaceptable que la Administración Biden continúe haciendo esto a los niños, y extraño que lo hagan en contra del consejo de su propio CDC”.

Un portavoz del HHS dijo a The Hechinger Report que informó a los directores de Head Start en febrero que ya no aplicaría la regla de la máscara. La agencia dijo a The Times que la actualización de las normas oficiales es “un proceso largo”, que tendría en cuenta la orientación de los CDC, la reciente disponibilidad de las vacunas para los niños de tan sólo 6 meses y más de 2.700 comentarios públicos.

Los centros preescolares Head Start y las guarderías para familias con bajos ingresos, supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, siguen exigiendo el uso de mascarillas a los niños a partir de los 2 años.

Sin embargo, el hecho de que la norma siga en vigor ha provocado confusión entre los animadores de Head Start. El HHS no respondió a la pregunta de Fox News Digital sobre si se estaba trabajando en una norma actualizada de enmascaramiento y vacunación.

“Los programas de Head Start han sufrido un cortocircuito”, dijo Tommy Sheridan, subdirector de la asociación, a The Times. “Este mandato sobre el enmascaramiento y las vacunas ha perjudicado a muchos programas. Es más bien una crisis que ahora se siente como una catástrofe en ciernes”.

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“Me preocupa que a estas alturas el Estado continúe con la imposición obligatoria del uso de mascarillas a nuestros estudiantes cuando el propio Departamento de Salud ha flexibilizado su uso y debería estar al tanto de los efectos adversos que provoca exponerlos por más de siete horas a tomar clases con la mascarilla”,

manifestó Burgos Muñiz.

La representante sostuvo que en su oficina legislativa han advenido en conocimiento de un sinnúmero de padres de diversas regiones educativas del país que se han encontrado con la lamentable situación de que estos poseen una certificación médica que hace alusión a que sus hijos no deberían estar expuestos al uso obligatorio de las mascarillas por esta afectar alguna condición de salud. Lamentablemente estos estudiantes están siendo removidos de las escuelas y quieren obligar a los padres a recertificar sus certificaciones medicas con personal escolar sin estos ser médicos.

Además, una de las mayores preocupaciones de los padres es como la mascarilla afecta drásticamente a estudiantes de grados primarios y de educación especial que necesitan ver los gestos como parte de su aprendizaje. Por tal razón, los padres alegan que es muy desacertado que la epidemióloga o un director escolar, quienes no han evaluado las condiciones existentes de sus hijos por no ser médicos, determinen de manera arbitraria y caprichosa que estos deben abandonar los salones de clase si no utilizan obligadamente las mascarillas. “Me alarma que en Puerto Rico esté reconocida la educación como un derecho constitucional y a su vez se violente tal derecho por la obligatoriedad de las mascarillas aun cuando se ha flexibilizado su uso para la ciudadanía. Mas cuando los padres han sido responsables y es por determinaciones médicas que sus hijos no deben exponerse a tal obligatoriedad para preservar su salud mental y física”, sostuvo la Representante por Acumulación.

A su vez, la Representante por Acumulación aprovechó el contexto para denunciar que ni el Gobernador, ni el Secretario de Salud ni el Secretario de Educación le han respondido a una carta cursada el pasado 2 de agosto, en la cual, se expuso la preocupación de cientos de padres ante los efectos adversos del uso obligatorio de mascarillas en menores y adicionalmente, se peticionó una reunión con el Gobernador y estos funcionarios para dialogar el bienestar de todos los niños puertorriqueños y el bienestar de la ciudadanía en general. “A pesar de las diferencias de criterio, es pertinente establecer un diálogo responsable respecto los efectos adversos de las mascarillas en menores para asegurar el derecho constitucional a la educación en un ambiente que verdaderamente propenda al bienestar y la salud de los puertorriqueños. Es tiempo de permitirle a nuestros niños que puedan respirar con normalidad e ir a sus escuelas para aprender y no a ser castigados”, concluyó la Presidente de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

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Los cargos se presentan cuando Brasil abre oficialmente su temporada de campaña presidencial esta semana, en la que Bolsonaro está haciendo campaña promoviendo fuertemente su oposición a los bloqueos por coronavirus y el énfasis en proteger los medios de vida de las personas.

Las acusaciones de delitos de coronavirus siguen a una investigación abierta a pedido del senador brasileño Omar Aziz, quien presidió la “COVID-CPI” del Senado, una comisión legislativa que buscaba investigar las denuncias de irregularidades cometidas por el gobierno federal de Brasil en el manejo del coronavirus chino. pandemia.

La comisión fue creada en abril de 2021 y concluyó su trabajo en octubre de ese año, recomendando nueve cargos penales contra Bolsonaro por su manejo de la pandemia de coronavirus y acusándolo de haber cometido “crímenes contra la humanidad”.

Cinco de los nueve cargos fueron archivados por los fiscales de Brasil el 27 de julio.

Las acusaciones de la policía brasileña contra Bolsonaro se centran en un video que Bolsonaro publicó en las redes sociales en octubre en el que supuestamente afirmaba que había un vínculo entre las vacunas contra el coronavirus y el riesgo de desarrollar sida. El video fue eliminado tanto por Facebook como por YouTube poco después de su publicación inicial, y YouTube emitió una suspensión temporal en la cuenta de Bolsonaro.

El sitio web brasileño de noticias G1 publicó una supuesta transcripción de las palabras de Bolsonaro el 25 de octubre, que dice:

Solo voy a dar noticias, no haré comentarios. He hablado de esto en el pasado, me golpearon mucho, aquí vamos: los informes oficiales del gobierno del Reino Unido sugieren que los que están completamente vacunados, ¿quiénes son los que están completamente vacunados? – Aquellos que, después de la segunda dosis, incluso 15 días después, 15 días después de la segunda dosis, están completamente vacunados están desarrollando el SIDA mucho más rápido de lo previsto.

El 27 de octubre, Bolsonaro concedió una entrevista al Joven Pan News de Brasil, donde argumentó que no inventó un vínculo entre las vacunas contra el coronavirus y el sida, sino que citó información publicada por el sitio web Revista Exame.

“Le mostré un artículo de la revista Exame. Yo no lo inventé”, dijo Bolsonaro.

Después de que se eliminó el video de Bolsonaro, Exame, del cual Bolsonaro dijo que citó la información, actualizó la publicación aclarando que no hay pruebas de la relación entre las vacunas contra el coronavirus y el SIDA.

Según el diario O Globo de Brasil , la policía federal considera que las palabras de Bolsonaro incitaron a los televidentes a no cumplir con las normas sanitarias de Brasil relativas a la vacunación contra el coronavirus y, como tal, encajan en los elementos del delito menor de “causar alarma a terceros, anunciando un peligro inexistente”. ”, para lo cual el código penal de la nación sudamericana establece una pena de prisión de tres a seis meses, o la imposición de una multa.

El informe policial, que cita O Globo , también acusa a Bolsonaro de haber desalentado el uso de máscaras contra el coronavirus en el video ahora eliminado de octubre de 2021, donde, según el informe, Bolsonaro supuestamente afirmó que el uso de máscaras había sido responsable de muchos de las muertes ocurridas durante la pandemia de gripe española de 1918.

Dado que las cuentas de redes sociales de Bolsonaro eliminaron los videos inmediatamente después de que la policía desafiara sus declaraciones, no están disponibles en el momento de la publicación.

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El mandato de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se aplica a personas de hasta 2 años de edad y se había fijado para expirar varias veces, pero recientemente se extendió hasta el 3 de mayo antes del fallo del lunes.

El fallo de EE.UU. La jueza de la corte de distrito Kathryn Kimball Mizelle intervino en un caso presentado en la corte federal de Florida por Health Freedom Defense Fund, Inc. y las frecuentes viajeras aéreas Ana Daza y Sarah Pope contra la administración. El juez Mizelle determinó que el mandato violaba la Ley de Procedimiento Administrativo al estar fuera del alcance de la autoridad de los CDC, era “arbitrario” y “caprichoso” y no pasaba por el período de notificación y comentario requerido para la reglamentación federal.

Mizelle examinó la sección de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 que fue la base del mandato. Esa ley permite a los CDC “elaborar y hacer cumplir las reglamentaciones” que se consideren “necesarias para prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades transmisibles de países extranjeros a los Estados[.]” Para lograr esto, la ley dice que los CDC pueden utilizar ” inspección, fumigación, desinfección, saneamiento, exterminio de plagas, destrucción de animales o artículos que se encuentren tan infectados o contaminados que sean fuentes de infección peligrosa para los seres humanos, y otras medidas[.]” La administración, señaló el juez, ha afirmado que la el mandato de máscara cae bajo “saneamiento”.

La jueza señaló que uno podría ver el “saneamiento” como una medida activa para limpiar o como una medida preventiva para evitar que algo se ensucie o se infecte, pero a través de un examen del lenguaje legal, determinó que era lo primero.

“El contexto [del estatuto] indica que ‘saneamiento’ y ‘otras medidas’ se refieren a medidas que limpian algo, no a las que mantienen algo limpio”, escribió Mizelle. “Usar una máscara no limpia nada”.

El juez también señaló que el razonamiento de la CDC era erróneo porque el poder de saneamiento solo se aplica a la propiedad, no a las personas.

El fallo también abrió un hueco en la defensa del gobierno de que la interpretación de la ley por parte de los CDC debería ser deferente de acuerdo con el caso histórico de 1984 de Chevron, EE. UU. contra el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Mizelle dijo que Chevron solo se aplica “‘cuando se han probado los dispositivos de construcción judicial y se ha encontrado que no producen un sentido claro de intención del Congreso'”.

“Un tribunal no puede basarse en Chevron para evitar un análisis legal riguroso”, escribió Mizelle, y señaló que la ley en cuestión “no es ambigua”.

Además, Mizelle dictaminó que los CDC evitaron indebidamente el proceso estándar de notificación y comentarios para la elaboración de normas y que las excepciones invocadas por el gobierno no se aplicaban. La administración afirmó que el mandato no era una “regla” en el sentido de que requería notificación y comentarios, y que calificaba para la “excepción de buena causa”. El juez rechazó ambos argumentos y señaló que la única razón que la administración dio como causa justificada fue la pandemia de COVID-19 sin dar detalles.

“La falla de los CDC para explicar su razonamiento es particularmente problemática aquí. En el momento en que los CDC emitieron el Mandato, la pandemia de COVID-19 había estado en curso durante casi un año y el número de casos de COVID-19 estaba disminuyendo”, escribió Mizelle. “Este momento socava la sugerencia de los CDC de que su acción fue tan urgente que un período de comentarios de treinta días era contrario al interés público”.

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A partir de hoy 2 de marzo los estudiantes, maestros y otro personal escolar no tendrán la obligación de usar la mascarilla, una medida que llega luego de que esta semana se eliminara el requisito en el exterior de las escuelas.

Los padres que prefieran que sus hijos continúen usando mascarilla tienen la libertad de hacerlo.

La decisión se anunció además luego de que el pasado viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieran a conocer su nueva guía para determinar las medidas de prevención de la covid-19.

Según esas nuevas directrices, el 70 % de la población puede dejar de utilizarla. El 28 % de la población se encuentra aún en condados con altos niveles de la pandemia.

Los residentes en los condados con niveles bajos y medio de riesgo ya no necesitan usar las mascarillas en sitios públicos, según los CDC.

“Amigos míos, ha llegado el día. Hoy vamos a anunciar que eliminaremos el requisito estatal de mascarillas en las escuelas”,

dijo Hochul en conferencia de prensa.

Indicó con satisfacción que los contagios por covid en todo el estado se han reducido desde un pico de más de 90,000 a principios de enero a 1,671 casos positivos de una población de casi 20 millones de neoyorquinos.

Destacó además que las cifras han tenido una tendencia a bajar durante 57 días.

Igualmente la política demócrata señaló que aún hay algunos condados en el estado con transmisión alta del virus, por lo que se les permitirá determinar qué es lo mejor para su condado.

Enfatizó que todavía el requisito de la mascarilla sigue vigente para hogares de ancianos, prisiones, centros de atención para adultos, refugios para los sin techo y para víctimas de violencia de género y el transporte público.

La entrada Nueva York elimina requisito de mascarillas en escuelas públicas se publicó primero en Buenas Nuevas.

Nueva York se suma a otros estados como Connecticut y Nueva Jersey que ya anunciaron también que relajarán la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados.

Sin embargo, se mantiene el mandato en las escuelas, al menos hasta después de del 25 de febrero, cuando se volverá a evaluar la situación. También los centros sanitarios continuarán con las medidas actuales, así como los medios de transporte públicos que están regidos por el gobierno federal.

La entrada Nueva York elimina el uso obligatorio de mascarillas en interiores se publicó primero en Buenas Nuevas.

Además del fin de las mascarillas en el exterior, también se pone punto final a la exigencia del teletrabajo. Aunque en Francia no existe una ley que imponga la obligatoriedad del trabajo a distancia, el Ejecutivo de Emmanuel Macron pidió en diciembre a las empresas que respetaran al menos tres días de teletrabajo cada semana en aquellos sectores en que fuera posible.

Desaparece la limitación de aforo

Otro de los cambios que entran en vigor este miércoles es que dejan de estar limitados los aforos para los espectáculos, reuniones públicas o acontecimientos deportivos, que eran de 2,000 personas en salas cerradas y 5,000 en estadios. No obstante, en su interior habrá que continuar llevando mascarilla y en muchos casos se exigirá para entrar el certificado de vacunación, que solo disponen las personas con las dosis de vacunación completa (lo que incluye la tercera dosis, siete meses después de la segunda).

El primer ministro Jean Castex anunció el levantamiento de las restricciones el 20 de enero, una decisión que en ese momento resultó sorprendente al producirse en plena ola de casos. Desde entonces, la situación sanitaria ha mejorado ligeramente en el país.

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El director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández, identificó al hombre de 66 años como Jorge Colón, quien es de origen puertorriqueño.

Colón enfrenta dos cargos criminales, por obstaculizar a un funcionario público e incumplir la Orden Ejecutiva. Se presentó ante la Juez Vanesa Sánchez del Tribunal de Carolina quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de 4,000 dólares la cual no prestó y fué ingresado en la carcel de Bayamón.

“Ya se le radicaron los cargos…y se ingresó a prisión”,

indicó el empleado del Departamento de Salud, Hernández

A eso de las 11:05pm de anoche, Colón quedó en libertad.

La entrada Gobierno de Pedro Pierluisi encarcela a hombre de 66 años por no usar mascarilla en aeropuerto LMM se publicó primero en Buenas Nuevas.

Martin, quien es el hermano del cantante Ricky Martin, ha sido muy vocal en defender los derechos de los ciudadanos pronunciándose a través de las redes sociales en contra de las ordenes ejecutivas del Gobernador Pedro Pierluisi.

“Mi gente tienen que empezar a salir no pueden estar con esta dictadura, por ordenes ejecutivas, por una supuesta plandemia, conciertos de alrededor 70,000 personas sin mascarillas, Tatito Hernández sin mascarilla…ósea todo el mundo sin mascarillas en sitos cerrados y abiertos.”

compartió Martin.

“No hay ninguna ley de la mascarilla, solamente una orden ejecutiva dictatorial impuesta por el gobernador pero las leyes no se hacen así, las leyes se pasan por el capitolio, por el senado”, puntualizó.

En el video se muestra como los guardias de seguridad del centro comercial rodean a los manifestantes obligandolos a salir del interior del mall.

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