Este suceso llega en medio de una creciente frustración ciudadana ante la incapacidad de las autoridades para prevenir y sancionar la violencia. El episodio trágico ocurrido en el municipio de Arecibo no es uno asilado, sino que es una gota en el océano de violencia que consume a Puerto Rico. Esto muestra que más allá de la violencia doméstica existe una violencia descontrolada y extendida que se paga con muerte y que golpea sin distinción. El caso de Arecibo más que un acto impulsivo, demuestra un profundo grito de desesperación. Un padre que sintió que tenía que intervenir de forma extrema.

¿Qué refleja este caso sobre Puerto Rico?

 Este evento trágico me lleva a pensar en una posible radiografía de los sentimientos, pensamientos y actitudes de un gran sector del pueblo puertorriqueño:

1. Desconfianza en el sistema judicial: Muchos ciudadanos no creen que sus denuncias tengan efecto. Esta desconfianza deja a las víctimas con sentimientos de abandono y desesperanza en el principio de que las leyes se aplican de forma igualitaria. Esto debilita uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Además, esta desconfianza se puede extender a otras agencias debilitando la cohesión social.
2. Desbordamiento de una cultura de violencia hacia los hombres y las mujeres: No solo hay violencia contra la mujer por causa de su pareja. Algunas mueren por conflictos familiares y otras razones como el crimen (carjacking). Los hombres, especialmente los jóvenes también sufren violencia, aunque venga de causas distintas. No podemos decir que a los hombres no los mata su pareja porque minimiza una tragedia humana y no por eso sus muertes son menos válidas. Todas las muertes por violencia merecen acción y no solo las que encajan en una narrativa porque abandonamos a otros discriminándolos.
3. Mentalidad de trinchera: Esta actitud se toma cuando cada uno actúa por su lado, formando una sociedad atomizada que reacciona con más violencia. También algunos podrían interpretar los hechos de violencia desde una perspectiva única sin disposición a escuchar o integrar varios puntos de vista. Esto crea una sociedad dividida más propensa al conflicto que al consenso.

Un llamado: Rompiendo el ciclo sin bala y sin ideologías

Para evitar que tragedias similares ocurran en Puerto Rico se necesitan mejores respuestas de la policía y del sistema judicial ante situaciones de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Se deben fortalecer los protocolos de respuesta, capacitando y dotando a la policía y otras agencias con presencia en las comunidades vulnerables. También se deben revisar los programas de prevención e invertir en políticas públicas con el Departamento de Educación y otras instituciones gubernamentales, agencias privadas y sin fines de lucro; con énfasis en la construcción de una cultura de resoluciones no violentas, con métodos científicos sin ninguna perspectiva ideológica. Además, se debe prestar atención especial a la población masculina joven donde la violencia letal es mas frecuente. 

La situación lamentable ocurrida en Arecibo es un ejemplo crudo de los costos humanos de una justicia que parece lenta ante el dolor. También es un espejo de la profunda enfermedad social que vive Puerto Rico: una crisis de violencia en todos los ámbitos y donde todos pueden ser víctimas. El gobierno en unión a cada sector de la comunidad debe trabajar para demostrarle al pueblo que la justicia no es una bala al final del camino. El reto es construir una isla donde lo primero no sea sacar el puño o el arma, sino tener la libertad de denunciar y ser escuchados para que se haga justicia.

La entrada La violencia de la desesperación: Ante la encrucijada entre la justicia y el crimen se publicó primero en Buenas Nuevas.

Los miembros del juzgado encontraron culpable a Verdejo Sánchez por los cargos federales de secuestro que terminó en la muerte de una persona y por la muerte de un bebé por nacer. No obstante, el juzgado no alcanzó acuerdos en los otros dos cargos radicados contra el atleta: la acusación de “carjacking” que terminó en la muerte de una persona y la portación y/o utilización de un arma de fuego en la comisión de un delito violento.

“Se le hizo justicia a mi hija y a mi nieto, le hice justicia a ambos porque son dos vidas. Keishla estaba sentada en el banco con su bebé. No pienso para nada que el veredicto se vaya a revertir. Esto fue un asesinato macabro, y eso no se la hace a nadie”,

Keila Ortiz, madre de Keishla.

Verdejo podría enfrentar cadena perpetua por los cargos en los que fue hallado culpable.

El juez señaló la vista de lectura de sentencia para el próximo 3 de noviembre de 2023 a las 2:00pm

La entrada Llegó la justicia para Keishla Rodríguez y su bebé en el vientre se publicó primero en Buenas Nuevas.

La realidad es que el Gobierno de Puerto Rico tiene los recursos y las leyes necesarias para investigar y procesar los casos de corrupción pública y privada. Decir lo contrario es mostrar desconocimiento sobre el aspecto legal. Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más leyes tiene, con el problema que la mayoría de las personas las desconocen o no las aplican.

Lo que no tiene el gobierno local es la voluntad para hacerlo. Uno de los principales obstáculos al procesamiento de casos de corrupción es la adopción de la figura del Fiscal Especial Independiente (FEI). Esta figura se inspiró en la existencia temporera de un concepto similar en el gobierno federal. Ya el gobierno federal abandonó el uso del fiscal especial en casos de corrupción, revirtiendo la investigación y procesamiento de casos al Departamento de Justicia federal (DOJ).

El primer Fiscal Especial Independiente fue creado para investigar los sucesos en el cerro Maravilla. Luego de esto, la Asamblea Legislativa ha seguido ampliando los poderes del FEI sin seguir una visión integral de su misión y funcionamiento práctico. Existe un enorme problema en esa ley ya que el FEI tiene que avisarle al funcionario investigado que la investigación va a ser referida de Justicia al Panel de Ex Jueces del FEI para designar un FEI. Este proceso da al traste con la confidencialidad de cualquier investigación criminal.

El otro gran escollo desde el punto de vista práctico es que el FEI no tiene una agencia permanente asignada a la investigación de casos de corrupción sino que usa el mecanismo de destaque de agentes. Como ni el legislador ni los jefes de agencia entienden plenamente el proceso, pasan por alto que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) creado en julio de 1978, es el brazo investigativo de la Justicia local con autoridad exclusiva para investigar corrupción, crimen organizado y violaciones a los derechos civiles. Sus agentes especiales requieren tener un bachillerato e incluso están autorizados a tomar declaraciones juradas, cosa que no puede hacer la Policía de Puerto Rico. Es una especie del FBI estatal, con una jurisdicción muy parecida a dicha agencia. El NIE está en plena decadencia por voluntad política, no porque se enmendó la ley para restarle poderes.

El NIE se ideó como un cuerpo independiente de Justicia y de la Policía de PR. Incluso el NIE tiene autoridad para investigar tanto la corrupción en la Policía así como la violación de derechos civiles en la Uniformada. Cuando era Fiscal de Crimen Organizado sometí numerosos casos de estos temas. Un buen ejemplo de la ineptitud y falta de visión de los burócratas gubernamentales es que colocaron al NIE en la misma sombrilla de Seguridad con la Policía de PR.

EL NIE se supone que está a cargo de implantar la Ley Contra el Crimen Organizado, de 1978, que contiene un mecanismo de grabaciones no telefónicas entre agentes encubiertos u otros testigos con las personas bajo investigación, incluyendo funcionarios públicos. Este proceso de grabaciones y acusaciones criminales de la Ley de Crimen Organizado se abandonó completamente cuando yo fui relevado como Subdirector de la División de Crimen Organizado y Drogas en 1996. El Secretario de Justicia en esos momentos se negó a dejarme manejando esas grabaciones.

Cuando llegué a la División de Crimen Organizado en 1989, me percaté que no usaba la Ley de Crimen Organizado, las grabaciones no telefónicas, la ley de empresa criminal continua de la Ley de Sustancias Controladas entre otras. El proceso de grabaciones requiere pedir confidencialmente autorización a un Juez Superior para grabar y entregar la custodia de las grabaciones al Juez tan pronto el fiscal las tenga. En mi experiencia nunca se filtró una investigación usando grabaciones ya que la integridad de los Jueces asignados a este proceso era intachable.

El gobierno de PR tiene que decidir si va a seguir con la figura del FEI o devolverle la jurisdicción completa al NIE y al Justicia; o si prefiere dejar al FEI pero usando al NIE exclusivamente como brazo investigativo; o si quiere integrar al NIE, y las unidades de grabaciones de la Policía de PR para ello. En todo caso, tendrá que eliminar el requisito de notificarle al investigado al momento de pasar el caso al Panel de Ex Jueces del FEI.

En fin, está claro que el gobierno estatal ha fracasado en la lucha contra la corrupción ni por falta de leyes, ni mecanismos de investigación para hacerlo. Su fracaso total se debe a la falta de voluntad de los burócratas de turno; su falta de conocimiento integral del sistema, y la agrupación de agencias sin saber sus funciones. En la actualidad el NIE está inoperante y no cuenta con los agentes experimentados ni los recursos humanos para llevar a cabo sus encomiendas, convirtiéndose en apéndices de algunos fiscales que no tiene idea de lo que requiere la agencia investigativa.

En la próxima columna analizaré el fracaso de las agencias federales en el área de corrupción en Puerto Rico.

La entrada El fracaso de la estrategia legal del gobierno de Puerto Rico en casos de corrupción se publicó primero en Buenas Nuevas.

“Solamente espero que Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, Carlos Mellado tengan que enfrentar la justicia y paguen por el daño que le hicieron a tantas familia que perdieron sus empleado por no dejar que experimentaran con su cuerpo, por los que por mantener sus trabajos y sustento a su familia se tuvieron que someter a las malditas pruebas de antígeno semanales, por los que enfrentaron los efectos secundarios que muchos no saldrán a la luz por la complicidad de los médicos y los medios de comunicación. Presos los quiero ver”,

Marisel Acevedo Robert, vía Facebook.

“¿Y dónde quedan las personas despedidas por estas órdenes?”,

Juan A. Castillo, vía Facebook.

“Yo espero que al gobernante se le formulen cargos y sea procesado por tal injusticia y abuso de poder contra el pueblo de Puerto Rico”,

Elgie Tirado, vía Facebook.

La sentencia, emitida establece que, aunque las medidas adoptadas no son inconstitucionales, “la forma en que se adoptaron no se ajusta a lo dispuesto por ley para la promulgación de reglamentación que afecta los derechos de la ciudadanía”.

Tras la decisión, el gobernador se expresó mediante su oficial de prensa, “no coincidimos con la determinación en cuanto a la autoridad del gobernador de emitir órdenes ejecutivas, pues entendemos que hay amplia justificación legal. Es por eso que el gobernador estará solicitando al procurador general que acuda al Tribunal Supremo”.

Leer Sentencia:

La entrada Ciudadanos piden acción de Justicia contra el gobernador tras usurpación de poderes con OE emitidas por el COVID-19 se publicó primero en Buenas Nuevas.