Antes de haber sido firmado por el presidente, la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto de ley con un rotundo voto a favor de 352 a 62. En adición a esto, la medida también fue aprobada anteriormente por el senado, no sin antes provocar expresiones de preocupación por parte de varios senadores, citando potenciales violaciones a los derechos constitucionales de libertad de expresión.   

Precisamente, varios funcionarios de la compañía indicaron que planean presentar un desafío legal para impugnar el proyecto de ley por motivos de violación a la Primera Enmienda. “Tenga la seguridad de que no vamos a ninguna parte”, dijo Shou Zi Chew, CEO de la empresa, en un vídeo publicado en la misma plataforma. “Estamos seguros y seguiremos luchando por los derechos en los tribunales”, añadió.

La potencial prohibición de TikTok en Estados Unidos podría tardar años en materializarse. Esto debido a que, en adición a los nueve meses otorgados por el presidente Biden, es muy probable que la batalla legal se extienda por un periodo indefinido, hasta llegar al mas alto nivel judicial.  Este proceso legal podría tomar meses y hasta años.

La creación de esta medida responde a la preocupación del gobierno estadounidense, el cual alega que la aplicación TikTok podría estar exponiendo información sensitiva de sus usuarios y que incluso, actualmente el gobierno chino podría tener acceso a dicha información. De ser así, esto convierte la situación en un asunto de seguridad nacional. Estas alegaciones han sido negadas en un sinnúmero de ocasiones por la empresa.

En el año 2020, mientras ocupaba el cargo de presidente, Donald Trump firmó una orden ejecutiva muy parecida a este proyecto de ley y cuyas motivaciones eran similares a las del proyecto firmado por Biden. La misma prohibiría el uso de TikTok en Estados Unidos, a menos que la plataforma fuese vendida a una empresa norteamericana en un plazo de 90 días.  

Está por verse si el tiempo le dará la razón al expresidente Trump.

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El candidato presidencial republicano recurrió a su plataforma de redes sociales el domingo por la noche para decir que emitiría una declaración sobre “el aborto y el derecho al aborto”. En un video publicado el lunes por la mañana, Trump afirmó explícitamente su apoyo a la fertilización in vitro (FIV) y enfatizó su apoyo a que los estados determinen sus propias leyes para el aborto siempre que haya excepciones por violación, incesto y vida de la madre.

“Los estados lo determinarán mediante votación, legislación, o quizás ambas, y lo que decidan debe ser la ley del país, en este caso, la ley del estado”, dijo Trump. Muchos estados serán diferentes. Muchos estados tendrán un número diferente de semanas… al final del día, todo depende de la voluntad del pueblo”.

El expresidente dijo a los periodistas la semana pasada en un acto de campaña en Michigan que haría una declaración la próxima semana, después de que le preguntaran sobre la controvertida prohibición del aborto de seis semanas en su estado natal de Florida , que pronto entrará en vigor.

Trump reiteró que estaba orgulloso del papel que desempeñó en la anulación de Roe v. Wade y dijo que los juristas de “ambos lados” habían estado a favor de la medida.

“El Partido Republicano siempre debe estar del lado del milagro de la vida y del lado de las madres, los padres y sus hermosos bebés. La FIV es una parte importante de eso”, dijo Trump.

El expresidente añadió la noche del domingo que “Se debe mostrar un gran amor y compasión cuando se piensa siquiera en el tema de la vida, pero al mismo tiempo debemos usar el sentido común al darnos cuenta de que tenemos una obligación con la salvación de nuestra nación, que actualmente está en grave declive, de ganar elecciones, sin lo cual no tendremos otra cosa que fracaso, muerte y destrucción”.

La exitosa decisión de casi dos años de la mayoría conservadora de la Corte Suprema para revocar el histórico fallo Roe v. Wade de casi medio siglo de antigüedad, que había permitido la legalización del aborto en todo el país, trasladó el tema divisivo de nuevo a los estados.

Y ha obligado a los republicanos a defenderse mucho en las elecciones de todo el país, ya que un partido que es casi exclusivamente “provida” ha tenido que lidiar con un electorado donde la mayoría de los estadounidenses apoya al menos alguna forma de acceso al aborto.

A raíz de la medida de la Corte Suprema, los estados dominados por los republicanos han implementado una nueva ola de restricciones al aborto, incluida la prohibición de seis semanas en Florida.

Regularmente se atribuye el mérito en la campaña electoral por nombrar al asociado de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade y promociona que es “el presidente más provida en la historia de Estados Unidos”.

Pero también ha criticado repetidamente a sus compañeros republicanos por adoptar una postura de línea dura sobre el tema, culpando a los candidatos que no permitieron excepciones en casos de violación, incesto y cuando la vida de la persona embarazada está en riesgo por los reveses del Partido Republicano en las elecciones de 2022, elecciones intermedias.

“Muchos políticos provida no saben cómo discutir este tema y pierden sus elecciones. Tuvimos muchas pérdidas electorales debido a esto, porque no sabían discutirlo. No tenían idea, “, dijo el año pasado en una cumbre de liderazgo de Concerned Women of America.

Trump sugirió recientemente en una entrevista de radio WABC que estaba considerando una prohibición de 15 semanas, diciendo que “desde hace tiempo, la gente está de acuerdo en 15. Y estoy pensando en términos de eso”.

“El resultado será algo muy razonable. Pero la gente realmente está de acuerdo, incluso los de línea dura, parece que 15 semanas es un número en el que la gente está de acuerdo”, enfatizó.

Pero también ha dicho varias veces que, en lugar de implementar una prohibición federal, el tema debería quedarse en los estados.

“Todo el mundo está de acuerdo, se ha escuchado esto durante años, todos los juristas de ambos lados están de acuerdo: es una cuestión estatal. No debería ser una cuestión federal, es una cuestión estatal”, dijo Trump.

Y Trump también ha dicho que, de ser elegido, “se reuniría con todos los grupos” para negociar algo que “haría felices a ambas partes”.

Pero cualquier cosa que no sea una prohibición total probablemente enojaría a los partidarios de la línea dura antiaborto de su propio partido. Y cualquier tipo de prohibición también enfurecería a muchos en el movimiento por el derecho al aborto.

Fuente: foxnews.com

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“Esto me parece realmente incorrecto”, dijo a The Star Tribune la representante de la Cámara de Representantes de Minnesota, Samantha Sencer-Mura , con respecto a la condena. “Particularmente ahora, cuando nosotros, como sociedad, pensamos de manera diferente sobre el género y la identidad de género, creo que esta ley parece muy anticuada”.

Sencer-Mura, miembro del Partido Demócrata-Campesino-Laborista de Minnesota, admitió que su propuesta probablemente no será escuchada este año, pero espera que genere debates generalizados sobre los cambios en la identidad y expresión de género.

Eloisa Plancarte fue sentenciada a 90 días de cárcel luego de un arresto por parte de la policía de Rochester en 2021, quien respondió a una llamada de que una mujer caminaba por el estacionamiento de una tienda de conveniencia con los senos afuera.

Plancarte apeló la condena y afirmó que violaba su derecho constitucional a igual protección ante la ley. Señaló que los hombres no serían acusados ​​si sus pechos quedaran expuestos en público. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones de Minnesota votó 2-1 a favor de confirmar la decisión.

En la moción para denegar la apelación, el juez Kevin G. Ross hizo referencia a una decisión de hace casi 40 años que confirmó la condena de una mujer que fue vista tomando sol en topless en Minneapolis Park.

La voz disidente en el caso fue la jueza Diane B. Bratvold, una mujer, quien dijo que la decisión “plantea más preguntas sobre conducta criminal de las que aclara”.

También cuestionó si sería ilegal que un hombre transgénero que no se sometió a una cirugía de extirpación de senos estuviera expuesto en público. El juez Jon Schmidt, que confirmó la condena, también expresó su preocupación por lo que significaba la decisión para las personas transgénero.

Sencer-Mura, coautor de la enmienda propuesta junto con su compañero representante demócrata Brion Curran, dijo a los medios que las leyes actuales permiten demasiada flexibilidad a los agentes cuando se trata de la identidad de género de un sospechoso.

“Si las autoridades creen que alguien se identifica como mujer, entonces lo tratarán de manera diferente si se quita la camisa que a alguien que perciben como un hombre”, dijo Sencer-Mura. “Como tenemos una comprensión cambiante del género, esa ley ya no tiene sentido”.

Actualmente, la ley de Minnesota define la exposición indecente como un incidente en el que alguien “expone intencionada y lascivamente el cuerpo de la persona o sus partes privadas”.

Fuente: foxnews.com

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La Ley federal PROMESA aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el 2016, extendió los poderes del Congreso sobre Puerto Rico al poner las finanzas del gobierno local bajo la supervisión de una junta cuyos miembros son nombrados por el gobierno federal. La operación de nuestro gobierno es en gran medida subsidiada con fondos federales por lo cual las leyes y regulaciones federales juegan un enorme papel en el funcionamiento de nuestro gobierno y en nuestro orden social.

Hemos tenido por décadas, políticos y funcionarios de gobierno que no conocen ni les interesa la política nacional y eso ha sido un grave error ya que la política nacional juega un papel clave en Puerto Rico.

¿Quién aprueba los fondos federales que llegan a la isla si no es un Congreso compuesto por políticos que son republicanos o demócratas?

La ironía de la vida es que nuestra clase política no sabe hablar ese idioma y algunos que conocen poco, no les interesa por sus ideales. Tenemos políticos conservadores en Puerto Rico que debido a que son independentistas, no les interesa hablar el lenguaje que se habla en Washington y prefieren jugar a la política latinoamericana como si Puerto Rico fuera una de esas repúblicas tercermundistas de Suramérica que llevan décadas tratando de librarse del socialismo. El conocimiento sobre cómo funciona Washington, así como el conocimiento sobre la política partidista nacional y cómo funciona el espectro de izquierdas y derechas en los Estados Unidos, no solo debe ser un requisito para quienes aspiran a la gobernación o la comisaría residente.

Gracias a esto es que los demócratas se han podido despachar con la cuchara grande y hacerle creer al Congreso y a los republicanos que Puerto Rico es un territorio liberal que bajo la estadidad sería un bastión demócrata. La bandera del conservadurismo en Puerto Rico no puede ser llevada por líderes que se niegan a que los puertorriqueños nos identifiquemos como republicanos o demócratas porque eso vaya en contra de sus ideales separatistas. Tampoco dicha bandera puede ser llevada por líderes que se nieguen a que se reemplace la partidocracia criolla y el multipartidismo criollo con la entrada de los partidos nacionales al proceso electoral en Puerto Rico como Dios manda, al igual que en los demás territorios.

La bandera del conservadurismo en Puerto Rico debe ser llevada por líderes republicanos genuinos, republicanos MAGA que atesoran la ciudadanía americana y la Unión Permanente con los Estados Unidos, debe ser llevada por puertorriqueños republicanos que desean un gobierno conservador en todos los aspectos, no solo en algunas cosas. Debe ser llevada por puertorriqueños que piensen como el 55% de los boricuas de la Florida que votaron republicano en las elecciones de medio término del 2022. Eso solo lo puede garantizar un movimiento republicano sólido y próspero.

El juego está cambiando y los conservadores de Puerto Rico son republicanos, solo están esperando que se abran las puertas de su casa la cual ha sido secuestrada por décadas por una pequeña élite, eso va a cambiar. Pronto estaremos en nuestra verdadera casa.

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La junta del distrito escolar de Franklin Lakes, a unas 20 millas al este de la ciudad de Nueva York, votó 5-4 el jueves para descartar la adopción de una política escolar transgénero recomendada por el estado.

A solo unas pocas millas de distancia y el mismo día, la Junta Escolar Regional de Westwood votó 5-2 para desechar también la guía estatal para personas transgénero.

La versión estatal de la política transgénero establece que el personal de la escuela debe mantener la nueva identidad de género del estudiante oculta a sus padres a menos que el estudiante dé permiso. o si existe un riesgo para la salud y seguridad del estudiante. La política también dice que a los estudiantes transidentificados se les debe permitir usar los baños y jugar en los equipos deportivos que correspondan con su identidad de género.

También incluye una página de definiciones de términos como transgénero, expresión de género, sexo asignado al nacer y orientación sexual.

El miembro de la junta directiva de Franklin Lakes, Scott Loia, quien presentó la resolución para abolir la política transgénero, dijo que no “compre esta tontería de género”. ” y dijo “menos es más” cuando se trata de la política.

Loia argumentó que los distritos escolares que editaron la política estatal antes de adoptarla se encontraron con más problemas legales que aquellos que simplemente se deshicieron de ella.

“Lo importante es dejar la ventana abierta donde un niño podría verse afectado por esto si un determinado miembro del personal, por ejemplo, oculta información a uno de sus padres. Eso es más importante para mí que cualquier otra cosa”, dijo Loia .

Fuente: Dailywire

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El pasado jueves 30 de noviembre de 2023, el Comité Judicial de la cámara de Representantes de Estados Unidos, dirigido por el representante Jim Jordan (R-Ohio), sostuvo una audiencia para continuar examinando el rol que ha tenido la presente administración del gobierno federal de Estados Unidos en la censura en las redes sociales.

A principios de este año, el Senador Jordan había publicado un reporte llamado “Archivos de Facebook”, el cual alegaba que la presente administración presionó a dicha empresa para que limitara todo discurso relacionado a la vacunación contra el COVID-19 que no estuviese alineado con las versiones oficiales de la Casa Blanca. Esto incluía limitar el alcance de la información compartida por parte de medios informativos serios tales como “The Daily Wire” y otros.

Previo a la publicación de los “Archivos de Facebook”, ya el comité había compartido los “Archivos de Twitter” (hoy conocida como X), los cuales estaban relacionados al mismo tema.

Recientemente el comité reveló los “Archivos de YouTube”. Estos incluyen conversaciones sin editar, que se efectuaron entre funcionarios de la presente administración del gobierno federal con personal de YouTube, para censurar opiniones sobre el COVID-19 y las vacunas. En muchos casos, dichas opiniones fueron emitidas por científicos eruditos en sus respectivos campos y aun así, fueron tildadas como “desinformación” y censuradas. Como resultado de la investigación por el comité, se ha citado para interrogatorio a varios miembros del “staff” de la Casa Blanca.

En el siguiente enlace se puede ver la introducción brindada por el Representante Jordan sobre los trabajos de la audiencia.

Puerto Rico no ha sido la excepción en cuanto a casos de censura en las redes sociales. Hace varios días, el Periodista Puertorriqueño José Santiago Gabrielini publicó el siguiente escrito en su cuenta de Facebook: “Intenté publicar hace unos minutos un video en esta plataforma sobre mi trabajo de prensa. Contenía información sobre lo que aconteció durante el pasado estado de emergencia y los procesos a los cuales abusivamente se sometió a la población. Como en tantas otras ocasiones me volvieron a borrar inmediatamente la publicación del video y restringieron mi cuenta, alegando que infringía normas de seguridad.”

En el ámbito mundial, todo parece indicar que la fiscalización del contenido informativo que se comparte en las redes sociales está encaminada a agudizarse aun más. Recientemente la UNESCO, órgano perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó un documento titulado “Directrices para la gobernanza de las plataformas digitales”. En el siguiente enlace puede acceder al documento:

En el mismo, la UNESCO establece como uno de sus principales objetivos “Salvaguardar la libertad de expresión y los derechos de acceso a la información mientras se aborda la desinformación, el discurso de odio y las teorías de conspiración.”

Ante este interés de los gobiernos y de las organizaciones globales para dictar la pauta de lo que es permitido compartir en las redes sociales, crece la preocupación de potencial peligro a la libertad de expresión. ¿Hasta que punto los gobiernos deben tener autoridad sobre la información compartida al público? ¿Qué se puede considerar como desinformación? ¿Quién y sobre qué elementos se define lo que es desinformación? Son preguntas que hay que contestar, buscando un balance entre la seguridad y la libertad de expresión.

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Pfizer incurrió en actos y prácticas falsos y engañosos al hacer afirmaciones infundadas con respecto a la vacuna COVID-19 de la compañía en violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas.

La representación generalizada de la compañía farmacéutica de que su vacuna poseía una eficacia del 95% contra la infección fue muy engañosa. Esa métrica representó un cálculo de la llamada “reducción del riesgo relativo” para las personas vacunadas en los resultados iniciales del ensayo clínico de dos meses de Pfizer. Las publicaciones de la FDA indican que la “reducción del riesgo relativo” es una estadística engañosa que “influye indebidamente” en la elección del consumidor. Pfizer también fue advertida en ese momento de que la protección de la vacuna no podía predecirse con precisión más allá de dos meses. Sin embargo, Pfizer fomentó una impresión engañosa de que la protección de la vacuna era duradera y ocultó al público información que debilitaba sus afirmaciones sobre la duración de la protección. Y, a pesar de que su ensayo clínico no pudo medir si la vacuna protege contra la transmisión, Pfizer se embarcó en una campaña para intimidar al público para que se vacune como una medida necesaria para proteger a sus seres queridos.

De hecho, el producto de Pfizer no estuvo a la altura de las declaraciones de la compañía. Los casos de COVID-19 aumentaron después de la administración generalizada de la vacuna, y algunas áreas vieron un mayor porcentaje de muertes por COVID-19 entre la población vacunada que entre los no vacunados. Cuando el fracaso de su producto se hizo evidente, Pfizer pasó a silenciar a los que decían la verdad. La acción legal señala: “¿Cómo respondió Pfizer cuando se hizo evidente que su vacuna estaba fallando y que la viabilidad de su gallina de los huevos de oro estaba amenazada? Intimidando a los que difunden la verdad y conspirando para censurar a sus críticos. Pfizer catalogó de “criminales” a quienes difunden datos sobre la vacuna. Los acusó de difundir “información errónea”. Y coaccionó a las plataformas de redes sociales para silenciar a prominentes narradores de la verdad”.

“Estamos buscando justicia para la gente de Texas, muchos de los cuales fueron coaccionados por mandatos tiránicos de vacunación para tomar un producto defectuoso vendido con mentiras”, dijo el Procurador General Paxton. “Los hechos son claros. Pfizer no dijo la verdad sobre sus vacunas contra el COVID-19. Mientras que la Administración Biden utilizó la pandemia como arma para imponer decretos ilegales de salud pública al público y enriquecer a las empresas farmacéuticas, usaré todas las herramientas que tenga para proteger a nuestros ciudadanos que fueron engañados y perjudicados por las acciones de Pfizer”.

La acción legal sigue a la investigación del Procurador General Paxton sobre Pfizer y otros fabricantes de vacunas anunciada a principios de este año.

Para leer la acción legal, haga clic aquí.

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El Daily Wire informó de que el Pentágono solicita 114.7 millones de dólares adicionales para programas de diversidad en el próximo año fiscal. Si el Congreso lo aprueba, supondrá un total de 269.2 millones de dólares de los contribuyentes sólo en diversidad militar desde que Biden asumió el cargo.

“La DEIA tiene impacto tanto en la fuerza de trabajo del Departamento como en su misión, y por lo tanto debe ser examinada más allá de la lente tradicional de recursos humanos con la que históricamente se ha visto”, afirma el Pentágono en su Plan de Gestión Estratégica para los años fiscales 2022 a 2026.

Todavía no se sabe exactamente en qué gastaría el ejército la suma adicional, pero la financiación anterior se ha destinado a apoyar programas como “formación en diversidad por prejuicios inconscientes” y becas para cadetes de grupos demográficos “infrarrepresentados”, así como un glosario interno que promueve la Teoría Crítica de la Raza, que sostiene que la sociedad está estructuralmente sesgada para favorecer a los blancos a expensas de las minorías, la ideología transgénero de izquierdas y terminología como “fragilidad blanca”, “colonialismo de colonos” y pronombres que denotan los llamados terceros géneros como “ze y zir”. “

“Nuestros militares no se centran en la letalidad. Están centrados en la diversidad y el clima”, lamentó el congresista republicano y ex boina verde del ejército Mike Waltz, de Florida. “Eso va a provocar que nuestros enemigos no nos teman ni nos respeten como deberían”.

El aumento constante de la ideología “woke” dentro del ejército, que ha persistido y crecido desde los años de Clinton a pesar de las presidencias de los republicanos George W. Bush y Donald Trump, se ha intensificado por Biden, quien al asumir el cargo rápidamente se movió para abrir el ejército a los reclutas que sufren de disforia de género en una reversión de la política de la administración Trump, luego hizo que el secretario de Defensa Lloyd Austin lanzara una revisión del supuesto “extremismo doméstico” dentro del ejército que muchos vieron como un pretexto para purgar las opiniones conservadoras de las filas.

En marzo de 2023, el Center for Military Readiness (CMR) publicó una actualización sobre la labor de la administración para infundir en las fuerzas armadas una ideología de género de izquierdas, que va desde la imposición de los pronombres preferidos hasta permitir el travestismo y el uso de duchas y baños del sexo opuesto en las bases militares, pasando por dificultar el acceso a la información sobre las consecuencias negativas de tales políticas.

Hasta el pasado mes de diciembre, los dirigentes del Pentágono de Biden también impusieron los mandatos de la vacuna COVID-19 a los hombres y mujeres de servicio estadounidenses, provocando demandas y amenazando con la escasez de soldados y pilotos por decenas de miles, lo que no hizo sino agravar problemas más amplios de efectivos, moral de las tropas y confianza pública.

Durante una rueda de prensa del Pentágono en abril de 2022 sobre el presupuesto del Ejército para el año fiscal 2023, el subsecretario del Ejército Gabe Camarillo anunció que el Ejército había “tomado proactivamente la decisión de reducir temporalmente nuestra fuerza final de 485.000 soldados a 476.000 en el año fiscal ’22, y 473.000 en el año fiscal ’23”. El Military Times informó entonces de que esto “podría dejar al servicio en su tamaño más pequeño desde 1940, cuando tenía poco más de 269.000 soldados”.

Tanto las encuestas de Gallup como las del Instituto Ronald Reagan han demostrado que el público ha perdido la confianza en los líderes militares, lo que presumiblemente también tiene un efecto significativo en la disposición de los futuros soldados a alistarse.

El senador republicano por Alabama Tommy Tuberville está paralizando las confirmaciones masivas de candidatos a puestos en el Pentágono hasta que la administración Biden dé marcha atrás en su insistencia en subvencionar los abortos en el ejército, algo que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby afirma que es necesario para mantener una “fuerza preparada”.

Fuente: lifesitenews.com

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El director general de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, William Daroff, afirmó que más de 290,000 personas asistieron al acto, lo que lo convierte en la mayor concentración proisraelí de la historia de Estados Unidos.

Las federaciones judías locales, las escuelas, las sinagogas, los grupos de expatriados israelíes y los centros comunitarios judíos organizaron autobuses y vuelos a la capital estadounidense, mientras que muchos más se desplazaron por su cuenta a la Marcha por Israel.

El Presidente de Israel Isaac Herzog se dirigió a la manifestación por videoconferencia desde el Muro Occidental de Jerusalén, exigiendo la devolución de los rehenes retenidos en Gaza y declarando que “Nunca más es ahora”.

“Hoy nos reunimos, como una familia, una gran mishpacha, para marchar por Israel. Para marchar por los bebés, los niños y las niñas, las mujeres y los hombres vilmente retenidos como rehenes por Hamás”, dijo Herzog.

“Para marchar por el derecho de todo judío a vivir con orgullo y seguridad en Estados Unidos, en Israel y en todo el mundo. Por encima de todo, nos unimos para marchar por el bien sobre el mal, por la moralidad humana sobre la sed de sangre. Marchamos por la luz sobre la oscuridad”, añadió.

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Los estudiantes del Consejo Asesor Juvenil de Colorado (COYAC) votaron a finales de octubre a favor de enviar tres proyectos de ley al Consejo Legislativo estatal. Dos de los tres proyectos de ley se refieren a la identidad de género, y el tercero se centra en aumentar el acceso al apoyo de salud mental.

El proyecto de ley de cambio de nombre no legal obligaría a los centros escolares a utilizar el nombre preferido de un estudiante en clase, en las actividades extraescolares, en los anuarios, en las tarjetas de identificación de estudiantes y en otras actividades sin exigir un cambio legal de nombre o de género.

El COYAC argumentó que seguir utilizando los nombres legales de los estudiantes en clase y en las publicaciones escolares causa “humillación” y “nombres muertos” a los jóvenes de Colorado.

“Con toda la legislación [anti-trans] y la retórica que se extiende por todo el país, puede ser muy doloroso, lo sé, ser una persona LGBTQ y sentir que no eres una persona y no eres válido”, dijo Taylor a Colorado Newsline.

El proyecto de ley crearía un grupo de trabajo para proporcionar recomendaciones de aplicación de políticas, incluidos los procedimientos relacionados con la notificación a los padres. En su propuesta de política, COYAC sugirió no requerir la aprobación de los padres, siempre y cuando el cambio de nombre no legal no aparece en los documentos externos y la correspondencia que “puede ser visto por el padre o tutor. “Los estudiantes presentaron sus proyectos de ley a los legisladores en una audiencia celebrada el mes pasado. Los legisladores republicanos y un padre se opusieron al proyecto de ley de cambio de nombre.

“Por favor, no perpetúen esta intimidación de maestros y padres para hacer lo que saben que está mal para algunos niños”, dijo Erin Lee, una madre que demandó a su distrito escolar después de que ella dice que facilitó discusiones sobre el transgenerismo y alentó a los niños a no decirle a sus padres. “Este tipo de discurso forzado y de transición forzada de los niños perjudicará a muchos”.

El consejo de la juventud también aprobó un proyecto de ley que crearía subvenciones estatales para capacitar a los proveedores de atención de la salud en la afirmación de género de atención y crear un grupo de trabajo para estudiar el estado de la juventud de afirmación de género de atención en Colorado.El tercer proyecto de ley COYAC avanzada busca aumentar el acceso a la atención de salud mental, ofreciendo alivio de la deuda estudiantil a los psicólogos escolares que trabajan en el estado durante al menos tres años.El Consejo Legislativo considerará los tres proyectos de ley cuando se reúna la próxima semana. Si el consejo aprueba los proyectos de ley, que se introducirá en la sesión legislativa de 2024, que comienza en enero.

La legislatura de Colorado, de mayoría demócrata, ha aprobado varios proyectos de ley sobre género en los últimos años. El estado ha prohibido la terapia de conversión en menores, ha consagrado el acceso a la atención sanitaria de afirmación de género y recientemente ha exigido que todos los edificios públicos nuevos incluyan baños “no sexistas”.

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El “Asunto 1” es una iniciativa electoral que busca consagrar el “derecho” al aborto en la constitución estatal. Si se aprueba, la enmienda establecería “un derecho individual a su propio tratamiento médico reproductivo, incluido, entre otros, el aborto”. También crearía protecciones legales para cualquiera que ayude a una persona a recibir tratamiento médico reproductivo.

La enmienda propuesta otorgaría al médico tratante la autoridad para determinar, caso por caso, si un feto es viable y otorgaría excepciones para abortos en cualquier etapa del embarazo para proteger la salud o la vida de la madre.

En la boleta del dia de hoy, los votantes verán la siguiente pregunta para el Número 1: “¿DEBE APROBARSE LA ENMIENDA?”

Un voto “sí” significa que usted apoya la consagración del “derecho” al aborto en la constitución de Ohio.

Un voto “no” significa que usted no apoya la consagración del “derecho” al aborto en la constitución de Ohio.

Los activistas de ambos lados de la medida están gastando millones para ganar esta batalla política. Jeanne Mancini, presidenta de March for Life cree que la enmienda también disminuirá los estándares de salud para las mujeres.

“De la noche a la mañana, Ohio puede pasar de ser uno de los estados más provida del país a uno de los estados más proaborto del país”, dijo Mancini. “Seamos claros, estamos hablando de dolorosos abortos tardíos”.

Muchos analistas están utilizando Ohio como un fuerte indicador de lo que está por venir el próximo año, cuando las campañas busquen enmendar las constituciones estatales para reforzar las medidas abortistas en estados como Nueva York y Maryland.

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El Tribunal Supremo consideró que el tribunal de primera instancia se había equivocado al anular la Ley LIFE “basándose en decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que habían sido anuladas desde entonces y que interpretaban la Constitución de Estados Unidos al determinar que la Ley LIFE era nula ab initio”. El tribunal devolvió el caso al tribunal de primera instancia para que determinara si la prohibición de seis semanas “viola las disposiciones sobre garantías procesales, igualdad de protección y/o derechos inherentes de la Constitución de Georgia”.

La Ley LIFE se aprobó antes de la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, que anuló el caso Roe contra Wade, una sentencia de 1973 que otorgaba protección constitucional al derecho individual al aborto. Dado que la ley se aprobó un año antes que Dobbs, el tribunal inferior anuló ciertas disposiciones. La Ley LIFE prohíbe los abortos a partir del momento en que se detecta actividad cardiaca, que puede ser tan pronto como a las seis semanas. La ley también obliga a los médicos a determinar la presencia de latidos antes de practicar un aborto. En virtud de la ley, los médicos también estarían obligados a informar al Departamento de Salud Pública si practican un aborto.

La Ley LIFE fue aprobada originalmente por la Asamblea General de Georgia en marzo de 2019, pero fue anulada por un tribunal federal por ser inconstitucional en julio de 2020. En julio de 2022, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito anuló la sentencia del tribunal federal inferior, restableciendo la Ley LIFE. El Undécimo Circuito citó a Dobbs, encontrando que “no hay derecho al aborto… bajo la Constitución”. Por lo tanto, el tribunal permitió a Georgia prohibir los abortos. Poco después, en noviembre de 2022, un juez del estado de Georgia anuló la Ley LIFE, una vez más, por ser inconstitucional. El mismo mes en que el Tribunal Supremo de Georgia restableció la Ley LIFE, ésta fue apelada.

El caso volverá ahora a los tribunales de primera instancia para que determinen el resto del caso.

Fuente: jurist.org

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El anuncio del HHS a sus empleados llegó en un correo electrónico en lo que se ha denominado “Día Nacional para salir del closet”, un evento anual para apoyar a cualquier persona que se declare homosexual. Ha sido observado por la comunidad LGBT desde 1988.

“Todos los empleados deben ser tratados (por) los nombres y pronombres que utilizan para describirse a sí mismos”, decía el correo electrónico.

En el correo electrónico se incluía un enlace a un vídeo interno del HHS publicado en YouTube. En el vídeo, la vicesecretaria del HHS, Andrea Palm, dice a los empleados: “Queremos que sean auténticos cada día, independientemente de nuestra identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, religión o discapacidad. Queremos asegurarnos de que el HHS siga siendo un entorno acogedor y solidario en el que todos los empleados se sientan seguros al venir a trabajar. Cuando las personas aportan todo su ser al trabajo, todos en el HHS prosperamos”.

La Subsecretaria de Administración del HHS, Cheryl Campbell, también aparece en el vídeo, anunciando una política especial de “protecciones para los empleados transgénero y no binarios en todo el departamento”.

“También deja claro que todos los empleados deben ser tratados por los nombres y pronombres que utilizan para describirse a sí mismos”, dijo Campbell.

En el vídeo no se mencionaba la posibilidad de dar cabida o eximir de la nueva política a los empleados que tienen objeciones religiosas a la ideología transgénero, señaló el National Catholic Register.

Ni el correo electrónico ni el vídeo explican cómo se aplicaría la nueva política ni cómo se sancionaría al personal que la infringiere. Sin embargo, el subsecretario de Sanidad del HHS, Rachel Levine, que en el vídeo mencionaba el uso de los pronombres “como mujer transgénero declarada y orgullosa” en un alto cargo del HHS, señaló que todos los supervisores y directores serían responsables de garantizar que la política se aplicara en todo el departamento.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Roger Severino, vicepresidente de política interior de The Heritage Foundation, publicó una imagen del correo electrónico, escribiendo: “El HHS ha impuesto hoy un mandato de pronombre transgénero a sus empleados, que ahora se verán obligados a negar las realidades biológicas con sus propias palabras o se enfrentarán al despido. Aquellos con objeciones de fe deben solicitar inmediatamente un acomodo religioso y prepararse para luchar por sus derechos”.

HHS today imposed a transgender pronoun mandate on its employees who will now be forced to deny biological realities with their own words or face firing. Those with faith objections should immediately request religious accommodation and prepare to fight for your rights. pic.twitter.com/VW696MnE3y

— Roger Severino (@RogerSeverino_) October 11, 2023

En un post de seguimiento, Severino escribió: “Aquí está el Mandato de Pronombres del HHS más claramente. Este gobierno realmente está exigiendo pura conformidad ideológica. Vamos a ver lo tolerante que este gobierno será con aquellos que busquen una exclusión voluntaria por motivos de fe o de discurso obligado”.

Severino dijo a la Agencia Católica de Noticias (CNA) en una entrevista que la nueva política se utilizará para atacar a los empleados cristianos.

“Absolutamente llevará a apuntar a los cristianos porque la administración {Biden} ha dejado muy claro que prioriza la ideología de género sobre la libertad de expresión y los derechos de libertad religiosa”, dijo.

El vicepresidente de la Heritage Foundation también dijo que la política tiene complicaciones constitucionales.

“En virtud de la Primera Enmienda, {el departamento} no puede obligar a la gente a decir falsedades; tampoco puede obligar a la gente a adoptar como propia una ideología aprobada por el Estado {y} no puede exigir a las personas de fe que nieguen su fe con sus propios labios”, dijo Severino a la CNA.

“La gente debería estar preparada para presentar demandas para indicar sus derechos de libertad de expresión y libertad religiosa y la gente de fe debería inundar el HHS con peticiones de acomodaciones religiosas y estar preparada para defenderse a sí misma y a su fe de este ataque”, dijo.

Además, la nueva política del HHS permite a los empleados llevar ropa y utilizar los baños de acuerdo con su identidad de género.

Fuente: CBN News

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También se nos dice que “no debemos mezclar religión y política”. Una vez más, este dicho tiene una poderosa verdad: que cuando la religión se utiliza con fines políticos, vacía a la religión de su significado eterno y se convierte en un método cínico más para adquirir poder.

Pero también hay un descargo de responsabilidad oculto en esa frase: que a veces cuando la gente dice: “No mezcles religión y política”, quiere decir “No lleves tu fe a la plaza pública donde yo pueda verla”. En otras palabras, esconda su fe fuera de su lugar de culto porque tenemos una “separación de la iglesia y el estado”. La separación de la Iglesia y el Estado es un concepto demasiado importante como para ser mal utilizado, especialmente no como una herramienta para silenciar puntos de vista opuestos. De hecho, en estos días que estamos viviendo, podría ser tan importante como siempre considerar el verdadero significado de la separación entre la Iglesia y el Estado y la libertad religiosa.

La resolución del Congreso de 1992 que convirtió el 16 de enero en el Día de la Libertad Religiosa, una designación reafirmada por todos los presidentes desde entonces, se basó en el aniversario de la aprobación en 1786 del Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa, originalmente escrito por Thomas Jefferson. Esta ley inspiró y dio forma a las garantías de libertad religiosa que finalmente se encontraron en la Primera Enmienda.

El texto del Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa de 1786 da una gran idea del derecho de la Primera Enmienda de nuestra nación. Dice así: “… Ningún hombre será obligado a frecuentar o apoyar ningún culto, lugar o ministerio religioso, ni se le impondrá… en su cuerpo o bienes, ni sufrirá de otra manera a causa de sus opiniones o creencias religiosas; pero que todos los hombres sean libres de profesar, y de mantener por medio de argumentos, su opinión en materia de religión, y que ésta no disminuya, amplíe o afecte en modo alguno sus capacidades civiles”.

En resumen, la ley afirmó lo que debemos reconocer en todas las épocas: el derecho a practicar cualquier fe, o a no tener fe, es una libertad fundamental para todos los estadounidenses. Este derecho también está detrás de lo que Jefferson quiso decir cuando habló de un “muro de separación” entre la iglesia y el estado.

La famosa frase de Jefferson apareció en una carta de 1802 a la Asociación Bautista de Danbury en Connecticut. Los bautistas estaban preocupados por la libertad de practicar su fe, y le escribieron a Jefferson que “los privilegios religiosos que disfrutamos, los disfrutamos como favores concedidos, y no como derechos inalienables”, lo cual es “inconsistente con los derechos de los hombres libres”.

Jefferson respondió que la libertad religiosa, libre de la manipulación del Estado, sería una parte clave de la visión estadounidense. La Constitución, escribió, “restauraría al hombre todos sus derechos naturales”. En esta misma carta, Jefferson explicó la intención de la Cláusula de Establecimiento y la Cláusula de Libre Ejercicio de la  Primera Enmienda de la Constitución, que dice: “El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma…” Esto, dijo, construyó un “muro de separación entre la Iglesia y el Estado”.

Jefferson no estaba sugiriendo que las personas o las motivaciones religiosas deban ser exiliadas del debate público. De hecho, la carta era de un pueblo religioso que apelaba a un funcionario electo por sus derechos, un funcionario electo que, por cierto, asistió a los servicios religiosos durante su administración dentro del Capitolio de los Estados Unidos.

En su día, la prohibición constitucional de que el Estado no estableciera ni restringiera la fe personal era verdaderamente revolucionaria. Lamentablemente, en muchos países hoy en día, la libertad religiosa sigue siendo revolucionaria. Estados Unidos (y en nuestro caso Puerto Rico) tiene la obligación de vivir esta verdad y demostrar la profundidad de este poderoso derecho humano.

A diferencia de muchos lugares en el mundo, a nuestro gobierno no se le prohíbe hacer referencia o acomodar la religión, ni está obligado a eliminar todas las referencias religiosas de la plaza pública. Más bien, la Primera Enmienda garantiza que el gobierno no muestre preferencia por una determinada religión y que el gobierno no le quite a un individuo la capacidad de ejercer la religión. En otras palabras, la iglesia no debe gobernar sobre el estado, y el estado no puede gobernar sobre la iglesia. La religión es demasiado importante para ser un programa de gobierno o un desfile político.

Afortunadamente, los tribunales lo han afirmado una y otra vez.

En 2014, la Corte Suprema sostuvo en Town of Greece v. Galloway que  “es un principio elemental de la Primera Enmienda que el gobierno no puede obligar a sus ciudadanos a apoyar o participar en ninguna religión o su ejercicio”.

En el reciente caso Trinity Lutheran, la Corte sostuvo “que negar un beneficio generalmente disponible únicamente por razón de la identidad religiosa impone una sanción al libre ejercicio de la religión… La exclusión de la Iglesia Luterana de la Trinidad de un beneficio público para el cual está calificada de otra manera, únicamente porque es una iglesia, es odiosa a nuestra Constitución de todos modos, y no puede sostenerse”.

Estos casos no solo explican las cláusulas religiosas de la Primera Enmienda, sino que también afirman la separación de la iglesia y el estado. En Town of Greece, el Tribunal dejó claro que el gobierno no puede obligar a alguien a participar en una religión en particular, pero tampoco debe intentar restringir todos los actos de fe de la esfera pública. El concepto de una “separación de la Iglesia y el Estado” refuerza el derecho legal de un pueblo libre a vivir libremente su fe, incluso en público, sin temor a la coerción del gobierno. El libre ejercicio significa que puedes tener una fe y puedes vivirla.

Antes de morir, Thomas Jefferson dejó instrucciones de que en el epitafio de su tumba, deseaba ser recordado por tres cosas, una de ellas era el Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia. En el Día de la Libertad Religiosa, debemos hacer precisamente eso, mirar hacia atrás con gratitud por una nación que garantiza una iglesia libre en un estado libre. La separación de la Iglesia y el Estado no cierra nuestros debates sobre religión en la plaza pública; Garantiza la libertad de que tengamos esos debates de manera respetuosa. Vale la pena hablar de la fe en muchos lugares de la cultura estadounidense y, sí, tal vez incluso en la mesa.

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El fallo se produjo después de que el viernes pasado un juez dictara una orden judicial contra la ley en respuesta a una demanda presentada por familias de jóvenes “transexuales” y médicos.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, no hizo declaraciones sobre la decisión del tribunal. Su oficina había apelado la medida cautelar ante el Tribunal Supremo del estado, que suspendió automáticamente la medida cautelar del tribunal inferior y permitió que la ley entrara en vigor.

Los demandantes solicitaron al Tribunal Supremo una orden de emergencia que bloqueara la ley mientras se resolvía su recurso, pero el tribunal denegó la petición, sin dar razones.

La demanda de Texas argumenta que la Ley del Senado 14 viola los derechos de los padres y discrimina a los adolescentes “transexuales”. La ley fue firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en junio. Texas es uno de los 20 estados que han prohibido las intervenciones médicas a menores “transexuales”.

El proyecto de ley SB 14 prohibiría a los menores de edad acceder a terapias hormonales, bloqueadores de pubertad y cirugías de transición. Los niños que ya hayan recibido estos tratamientos deberán dejarlos.

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