Como hazaña reciente, “Tatito”, usó su poder para imponer el uso de mascarillas a todos los empleados y legisladores de la Cámara, desde el 6 hasta el 29 de febrero. Esto, sin justificación alguna sobre algún brote de COVID-19 en el Capitolio. Medida que fue retada por la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, y que terminó siendo expulsada del hemiciclo por órdenes de Hernández. A preguntas de un periodista sobre si dejará entrar a Burgos al hemiciclo si no se pone la mascarilla, Hernández contestó, “¡No va a entrar!”.

Burgos demanda al presidente en el Tribunal de San Juan y el juez Anthony Cuevas, declara “ha lugar” la solicitud de entredicho provisional con la que ordena a la Cámara de Representantes que le permita la entrada a la legisladora para poder cumplir con sus labores. Ante esta decisión, Hernández decidió suspender los trabajos legislativos hasta el próximo 4 de marzo, con el fin de no hacer valer la orden del Tribunal y pese a que, como se demostró en el Tribunal, sólo existen 5 casos de COVID-19 en la Cámara.

Esta reciente decisión, arbitraria y caprichosa, ha sido la más reciente evidencia del carácter dictatorial del presidente de la Cámara quien ha demostrado esta misma actitud a lo largo de su presidencia.

A continuación comparto unos datos publicados por Mujeres por Puerto Rico que dejan claro el historial en contra de los valores de “Tatito”.

Datos del historial de Rafael “Tatito”Hernádez:

• Fue miembro del Comité Biden (El Nuevo Día, 26.julio.2020) y aspiró a ser el presidente de la Convención Demócrata en Puerto Rico. Lo cual denota su fidelidad a las plataformas oscuras de esa oferta política.
• Usó su poder como presidente cameral para matar de un plumazo y sin el informe correspondiente todos los proyectos de ley dirigidos a regular el aborto y proteger mujeres, niñas y bebés de la industria del aborto en Puerto Rico.
• Usó su poder como presidente cameral para matar el proyecto PC0768 que prohibiría hormonar, operar y afirmar menores de edad a una identidad “trans” en falso cambio de sexo.
• Él mismo quien fue a un “concierto” a glorificar y a pavonearse con la lírica porno-narco-sexual-desviada-antisocial-antimujer —del ‘conejo malo’ y colgó el video en twitter.

Votos de “Tatito”a favor de la ideología de género, agenda LGBT, etc… :

• PS0427 – Para obligar cursos en lgbttqi+ a los proveedores de servicios a los ancianos y a los profesionales, condicionando licencias para operar o ejercer la profesión.
• PC0781 – Para condicionar la licencia de conducir a curso en Ideología de “género”.
• PC0714 – Empujar por ley enseñanza en Ideología de “género” en las escuelas.
• PC0577 – Ampliar el código civil para legalizar la trata comercial de bebés y gametos por vía de reproducción asistida y vientres de alquiler.
• RCC0080 – Para usar la televisión y radio pública (WIPR) a favor de difusión masiva con Ideología de “género”.
• PS0130 – Enmendar código penal para añadir las categorías ideológicas de “feminicidio” y “transfeminicidios” qué no resuelven nada en la prevención de homicidios, intervención e investigación criminal.
• PS0893 – Una llamada “Carta de derechos del trabajador social” que coloca al ideológico Colegio de Trabajadores Sociales con privilegios por encima de otras profesiones para seguir dando cancha y premiando a propulsores en Ideología de “género” e ideario del marxismo cultural en nuestro sistema, perpetuando ataques a los derechos parentales y las familias decentes y responsables.
• PS0136 – Proyecto ómnibus para enmendar 7 leyes, todo lo público, privado, estatal y municipal, y la carta del joven (desde los 13 años de edad garantizar por corte derechos sexuales) con Ideología de “género” en su vertiente más amplia lgbttqi+ so pena de multas y cárcel a los disidentes y no creyentes de ese ideario y los padres de familia.
• PC0152 – Elevó a categoría protegida el consumo de marihuana bajo subterfugio “medicinal” en el ámbito laboral, poniendo a mayor riesgo y peligros tanto a patronos como a otros empleados y al público (por operar bajo efectos de la sustancia).

En los pasados cuatrienios:

• En contra de los proyectos relacionados a la libertad religiosa, PS2069 y PC1018.
• PS0238 – Protección a toda conducta e identidad sexual o de “género” “real o percibido” en el ámbito laboral en su modalidad de discrimen.
• PC2383 – Para extender cubierta de vacuna del papiloma humano a menores de edad (11-18 años) varones aunque no estén sexualmente activos.
• PC2259 – Día de concientización de llamados “crímenes de odio”. Una táctica ideológica para perpetuar ataques sociales y legales contra el conservadurismo, la libre expresión y la libertad religiosa.

El historial es claro, “Tatito” es una amenaza contra los derechos parentales y la libertad religiosa. Agenda que ahora pretende implantar en Dorado y que ese pueblo tendrá que decidir si quieren ese estilo de gobierno para su municipio.

Sin lugar a dudas, si tuviera un amigo que viva en Dorado, mi consejo seria que no le dieran el voto. “Tatito” es un político peligroso y Dorado no se merece un alcalde como el.

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“The worst thing about the ‘living Constitution’ is that it will destroy the Constitution. The Constitution is not a living organism, for Pete’s sake; it is a legal document and like all legal documents, it says some things and it doesn’t say others.”

Existe un debate legal constante sobre lo que constituye o no un derecho constitucional tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos continentales. En particular, en temas importante como el llamado derecho al aborto, el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalidad de crear una oficina de fiscalía que no responde al Departamento de Justicia y los poderes de emergencia de la Rama Ejecutiva en tiempos de pandemia, se alegan bases constitucionales que no se encuentran en la Constitución federal o la Constitución territorial de Puerto Rico.

El análisis constitucional en muchos medios académicos se basa en que la Constitución de EE.UU. en sus origines fue aprobada en 1789 y supuestamente no contempla desarrollos modernos, por lo que se requiere verla como un llamado documento ‘viviente’, algo que no se puede argumentar en el caso de Puerto Rico por haber sido aprobada hace poco, en 1952.

Además de pasar por alto el proceso de enmiendas que brinda cambios a la Constitución, se pasa por alto que en sistema constitucional americano el poder se divide en los derechos individuales , el federalismo y la división de poder entre los estados y el gobierno nacional o federal.

Muchas veces se ignora que muchos de los llamados derechos se deben establecer a nivel estatal, conforme a sus constituciones, o sencillamente son derechos del individuo, quien a fin de cuentas es el soberano del sistema, no el estado ni el gobierno federal. La décima enmienda a la Constitución federal dispone que los poderes no delegados al gobierno federal por la Constitución, ni prohibidos a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al ciudadano. Es el individuo el que delega sus poderes a los gobiernos, no al revés.

Tomemos la controversia sobre el derecho al aborto, calificado como legal por el Tribunal Supremo federal en Roe v. Wade. Recientemente en el caso Dobbs, el Tribunal Supremo revocó el dictamen y reconoció el derecho de cada estado por ser la función de los estados reglamentar estos asuntos. Esto significa que en la Constitución federal no existe un derecho al aborto, como tampoco existe una derecho a la intimidad por no estar en la letra expresa de la Constitución federal.

De forma similar, se ha cuestionado la autoridad de nueve Jueces del Tribunal Supremo federal para decretar legales los matrimonios entre personas del mismo género precisamente porque los asuntos de familia corresponden a la soberanía de los estados en el sistema federalista. A esto se añade que la Constitución federal no brinda autoridad alguna al gobierno federal para reglamentar los matrimonios.
En Puerto Rico, se utilizaron los poderes de emergencia para imponer limitaciones a los derechos ciudadanos bajo la pandemia del virus chino. Se basaron en disposiciones de la ley que crea la sombrilla de seguridad pública, que a mi juicio, son contrarias a la Constitución de Puerto Rico.

La Constitución expresa que las situaciones de emergencia se definen claramente como invasiones o rebelión, refiriéndose a la seguridad pública. El legislador de 1952 ciertamente sabía lo que era una pandemia, pero optó por no incluir las pandemias como parte de los atentados a la seguridad pública para invocar la ley marcial. Esta omisión no fue accidental, pero, otra vez, invocar estados de emergencia debe ser, en mi opinión, inconstitucional, mucho más sin ni siquiera fueron ratificados por la Asamblea Legislativa.

En fin, el sistema republicano de gobierno requiere deslindar y respetar las distintas autoridades y soberanos en el federalismo. Existe un potencial de exceso de autoridad en el Poder Ejecutivo en estos momentos que debe ser llevado a la atención del Poder Judicial cuando la controversia así lo amerite.

El sistema republicano de gobierno en las Constitución de EE.UU.se basan en la soberanía del votante individual, en el respeto absoluto a las minorías, en el balance de los tres poderes constitucionales y en el compartir del poder del gobierno federal y los estados. Nuestras libertades individuales requieren de esa complejidad.

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El tribunal determinó el lunes que “estar vacunado no impide que una persona contraiga o transmita COVID-19”. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams , afirmó a principios de este año que su administración no volvería a contratar a los empleados que habían sido despedidos por su estado de vacunación.

Solo la ciudad de Nueva York despidió a aproximadamente 1,400 empleados por no estar vacunados a principios de este año después de que la ciudad adoptara un mandato de vacunas bajo el exalcalde Bill de Blasio.

Muchos de los despedidos eran policías y bomberos.

El presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados del FDNY, Andrew Ansbro, y el presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados del FDNY, el teniente James McCarthy, condenaron a Adams a principios de este año después de que el alcalde permitiera una excepción al mandato de vacunación para atletas y artistas, incluso cuando los bomberos seguían siendo despedidos por su estado. . La pareja pidió a la ciudad que amplíe la excepción a todos los neoyorquinos.

“Estamos aquí para decir que apoyamos la revocación del mandato de vacunación que anunció el alcalde el jueves”, dijo McCarthy. “Creemos que también debería extenderse. Apoyamos la revocación del mandato para los atletas y artistas que trabajan en la ciudad de Nueva York. Creemos que las personas que trabajan para la ciudad de Nueva York también deberían tener el mandato reubicado para ellos.”

“Si va a eliminar el mandato de vacunación para ciertas personas en la ciudad, debe eliminarlo para todos en la ciudad”, dijo Ansbro. “Si vas a seguir la ciencia, la ciencia te dirá que no hay ningún peligro en este momento, y dejar sin trabajo a cientos de bomberos, policías y otros trabajadores de emergencia no es lo mejor para la ciudad”. . No es seguro.”

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Gregory Hahn, de 47 años, junto con otros 98 candidatos a jurado, se presentó el lunes en el juzgado del condado de Harnett. La mayoría de los posibles jurados, incluido Hahn, no llevaban mascarillas, recordó.

“Estuvimos en (una sala de reuniones) durante unos 20 o 30 minutos, hombro con hombro, con tres cuartas partes de nosotros sin llevar mascarillas”, dijo Hahn a Tucker Carlson Tonight. “Así que el virus, si es que había virus ahí fuera, nos contaminó de todos modos”.

A pesar de que no existe un mandato de uso de mascarillas en el tribunal o dentro del estado, el juez Charles Gilchrist, nombrado por la ex gobernadora demócrata Bev Perdue, exigió a todos los presentes en la sala que llevaran la cara cubierta.

“Usted puede ir a cualquier sala de la corte del distrito sin una mascarilla, usted puede venir a la corte del secretario superior sin una mascarilla y la oficina del fiscal sin una mascarilla, pero con el juez Gilchrist él tiene un mandato que usted debe usar una mascarilla,” dijo la secretaria de la Corte Superior Renee Whittenton a WRAL.

Whittenton afirmó que Gilchrist es el único juez de la corte superior en el condado de Harnett con un requisito de mascarilla. Además, señaló que cada miembro del jurado fue notificado del mandato y se le dio una mascarilla.

Sin embargo, Hahn -un veterano de la Armada de EE.UU.- dijo al medio local que ningún posible miembro del jurado fue notificado de antemano del mandato de Gilchrist. El hombre de 47 años también mencionó que no había carteles en el tribunal que indicaran que había un mandato.

Cuando Hahn fue llamado a sentarse en el banquillo, Gilchrist le preguntó por qué no llevaba la cara cubierta. El juez también le dijo que podía ser multado con 500 dólares y pasar 30 días en prisión por desacato al tribunal.

Cuando le dijo al juez que no llevaría la mascarilla, Gilchrist ordenó a Hahn que pasara 24 horas en la cárcel del condado.

Cuando Hahn pidió que se le excusara porque sólo era una detención de 24 horas, el juez respondió fríamente: “Podría, pero no lo voy a hacer”. El veterano señaló que aún no había sido seleccionado para el servicio de jurado, ya que todavía era de orientación.

Momentos después, Hahn fue inmovilizado, se le hizo una foto de carnet y se le ordenó llevar un mono naranja. Fue recluido en una celda de aislamiento hasta la tarde siguiente.

“Fueron las peores 24 horas de mi vida. Se me negó hacer una llamada telefónica a mi hijo menor de edad que está en casa”, dijo a Carlson:

Según Hahn, Gilchrist ni siquiera obedeció sus propias reglas cuando metió al hombre de 47 años en la cárcel.

“La ironía de todo esto es que el juez estaba hablando conmigo sin una mascarilla,” dijo Hahn a WRAL. También señaló que el centro penitenciario no tenía un mandato de mascarilla.

El veterano dice que no ha descartado presentar una demanda.

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El último ejemplo de este tipo de revuelo procede de la Universidad del Sur de Maine, en Portland, donde la Dra. Christy Hammer, profesora asociada de educación, dijo a sus alumnos de posgrado que sólo hay dos sexos biológicos, según el Bangor Daily News.

Hammer hizo estas declaraciones el 7 de septiembre durante una conferencia en un curso titulado “Creación de un entorno de aprendizaje positivo”, que forma parte del Programa de Formación de Profesores Ampliado.

Al parecer, sólo un alumno estuvo de acuerdo con Hammer. El resto de los estudiantes organizaron una protesta el 14 de septiembre y exigieron una “reunión de justicia reparadora” con el director de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano con la esperanza de que la profesora fuera despedida.

Una estudiante, Elizabeth Leibiger, que se identifica como “no binaria”, dijo que los comentarios de Hammer la hicieron sentir “bajo ataque personal”, informó Fox News.

“Le hice saber que no creía que estuviera cualificada para impartir una clase sobre entornos de aprendizaje positivos”, dijo Leibiger. “Es la máxima ironía”.

Tras la reunión solicitada, el estudiante que estaba de acuerdo con Hammer se disculpó por sugerir que sólo hay dos sexos. La profesora, sin embargo, se negó a ceder a las presiones.

Hasta ahora, los administradores de la Universidad del Sur de Maine han apoyado a Hammer.

En lugar de despedir a la profesora, la universidad anunció que crearía un curso alternativo para los estudiantes que se sientan incómodos en el aula de Hammer debido a la creencia biológica del educador de que el sexo se compone sólo de hombres y mujeres.

“Hemos desarrollado un plan alternativo para esta clase y abriremos una nueva sección de este curso para aquellos estudiantes que quieran trasladarse”, declaró la portavoz de la universidad Gina Marie Guadagnino. “La sección original impartida por el profesor Hammer continuará para cualquier estudiante que desee permanecer en esa clase”.

Fuentes: CBN / Fox News / Bangor Daily News

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Un juez de Nueva York dictaminó el viernes que el mandato de la ciudad que exige a los miembros del Departamento de Policía de Nueva York que se vacunen contra la COVID-19 no es válido en lo que respecta a los miembros de la Asociación Benévola de la Policía de la Ciudad de Nueva York.

En la decisión, el juez del Tribunal Supremo del Estado, Lyle Frank, con sede en Manhattan, ordenó que los miembros del sindicato que fueron despedidos “injustamente y/o puestos en licencia sin sueldo como resultado del incumplimiento” sean reincorporados.

El expediente decía que la “conducta del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York de crear unilateralmente una condición de empleo es improcedente”.

“En apoyo de su argumento de que el Comisionado del Departamento de Salud puede crear unilateralmente condiciones de empleo, los demandados citan las sentencias de casos federales recientemente resueltos y las decisiones de los tribunales de primera instancia. Este argumento tampoco es convincente. Los demandados citan una multitud de casos en los que este Tribunal, así como otros, han denegado peticiones basadas en que la vacunación es una condición de empleo, sin embargo, en esos casos la ciudad y el sindicato respectivo negociaron colectivamente para incluir el mandato de vacunación como una nueva condición de empleo, que no es el caso aquí”, escribió Frank, añadiendo que la imposición unilateral de una condición de empleo no es algo que el departamento o el alcalde Eric Adams podría hacer sin la negociación colectiva.

El tribunal no negó que, en el momento en que se emitió el mandato, éste fuera apropiado y legal.

Sin embargo, dijo que no ve y que los demandados no habían establecido una base legal o autoridad legal para que el DOH excluyera a los empleados del lugar de trabajo e impusiera cualquier otra acción adversa de empleo como un mecanismo de aplicación apropiado del mandato de la vacuna.

Frank dijo que, aunque los demandados sostenían que la orden que creaba una nueva condición de empleo es “similar al requisito de residencia para todos los empleados de la administración pública no uniformados que se encuentra en el Código Administrativo de la ciudad de Nueva York 12-120 o en la Ley de Funcionarios Públicos de Nueva York § 3(1)” y que el mandato es “otro ejemplo de una condición de empleo creada legalmente”, el tribunal no está de acuerdo.

“Esta decisión confirma lo que hemos dicho desde el principio: el mandato de la vacuna fue una infracción indebida del derecho de nuestros miembros a tomar decisiones médicas personales en consulta con sus propios profesionales de la salud”, dijo el presidente de la PBA, Patrick Lynch, en respuesta al fallo. “Seguiremos luchando para proteger esos derechos”.

“Vamos a apelar inmediatamente esta sentencia. Está en desacuerdo con todas las demás decisiones judiciales que defienden el mandato como una condición de empleo”, dijo un portavoz del departamento legal a Fox News Digital en un correo electrónico del sábado.

El departamento señaló que otros sindicatos han perdido casos similares y que la presentación de una notificación de apelación congela la decisión del juez hasta que se escuche la apelación.

Adams anunció hace apenas unos días que abandonaría el mandato de vacunación del sector privado de la ciudad.

Más de 1.000 empleados de la ciudad de Nueva York han sido despedidos por negarse a recibir las vacunas.

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Los abogados de Alliance Defending Freedom, que se describe a sí misma como defensora del “derecho de las personas a vivir libremente su fe”, calificaron el acuerdo como “una victoria para la libertad de expresión en las escuelas públicas”. El Southern Poverty Law Center describe a Alliance Defending Freedom como un “grupo de odio” por las posturas que ha adoptado en relación con los derechos LGBT.

Pamela Ricard demandó a las Escuelas del Condado de Geary en marzo, diciendo que fue reprendida y suspendida durante tres días el año pasado “por dirigirse a una estudiante biológicamente femenina por el apellido legal y matriculado de la estudiante.”

Un consejero escolar de la Escuela Media de Fort Riley le había dicho a Ricard que la estudiante prefería un nombre de pila alternativo, y un compañero de clase le dijo a Ricard que la estudiante prefería los pronombres él/ella, según la demanda.

Ricard comenzó a dirigirse a la estudiante como “señorita”, utilizando el apellido de la estudiante, para evitar el uso del nombre preferido de la estudiante. Ricard creía que dirigirse a la alumna como “señorita (apellido legal/inscrito)” respetaba a la alumna a la vez que defendía las convicciones religiosas de Ricard, según la demanda.

El distrito no contaba entonces con una “política formal sobre el uso de nombres y pronombres preferidos por los estudiantes en el momento en que la Sra. Ricard fue suspendida”, pero fue reprendida “en virtud de las políticas genéricas del distrito escolar relacionadas con el acoso por parte del personal”, según la demanda.

Una semana después de que Ricard volviera de su suspensión, el distrito puso en marcha una política según la cual “los empleados deben ser conscientes y hacer un esfuerzo para utilizar los pronombres con los que una persona solicita ser identificada”.

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“Esta es una victoria significativa para las iglesias y los pastores de todo el país”, dijo Robert Tyler, presidente de Advocates for Faith & Freedom, en un comunicado de prensa después de que el Tribunal de Apelación de California revocara una orden judicial contra Calvary Chapel San Jose. “Nos sentimos honrados de representar a pastores e iglesias que están dispuestos a soportar la presión en defensa de la libertad porque beneficia a todos”.

El tema era la negativa de la iglesia a cumplir con los funcionarios de salud del condado de Santa Clara, que obtuvieron una orden de restricción temporal y una orden judicial en noviembre de 2020 contra Calvary Chapel y dos pastores, Mike McClure y Carson Atherly, después de que la iglesia no siguiera las órdenes de salud de la pandemia que incluían restricciones a los servicios en persona, mandatos de máscara y una presentación al condado de los protocolos de distanciamiento social de la iglesia.

Los funcionarios del condado lograron argumentar con éxito que el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara debía declarar a la iglesia y a sus pastores en desacato e imponerles multas.

Pero el fallo no cambió nada para la Capilla del Calvario, que continuó desafiando las órdenes y el requerimiento judicial con el argumento de que violaba la Primera Enmienda, lo que llevó al tribunal superior a declarar una vez más a la iglesia y a McClure en desacato al tribunal y a emitir sanciones monetarias, añadiendo también a Atherly a la orden.

El desacato acabó por acarrear más de $200.000 dólares en multas para la iglesia, que siguió celebrando sus servicios religiosos mientras se acumulaban las sanciones monetarias.

La persistencia de la Capilla del Calvario acabó dando sus frutos. El lunes, el Tribunal de Apelación de California revocó el mandato judicial, las órdenes de desacato y las multas.

“Por las razones que se exponen a continuación, concluimos que las órdenes de restricción temporal y las medidas cautelares son facialmente inconstitucionales de acuerdo con la reciente orientación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con la protección de la Primera Enmienda del libre ejercicio de la religión en el contexto de las órdenes de salud pública que afectan a la práctica religiosa”, dijo el tribunal en la sentencia. “Como las órdenes subyacentes que la Capilla del Calvario violó son nulas e inaplicables, anularemos las órdenes de desacato en su totalidad y revocaremos las órdenes de pagar sanciones monetarias”.

McClure celebró el fallo, diciendo que las órdenes del condado representaban una “intrusión” en la libertad religiosa de la iglesia.

“Doy gracias a Dios porque nuestras acciones han sido justificadas por el Tribunal de Apelación”, dijo McClure en el comunicado. “Estamos aquí para ayudar a los que sufren, salvar a los perdidos y adorar a Dios sin intromisión gubernamental”.

Sin embargo, la batalla legal de la iglesia no termina con el caso. El condado de Santa Clara sigue intentando hacer cumplir 2.8 millones de dólares en multas que impuso unilateralmente a Calvary Chapel por violar las órdenes sanitarias del condado. Ese caso está actualmente haciendo su camino a través del sistema judicial federal.

“El fallo del Tribunal de Apelación estatal debería presagiar el resultado esperado en el tribunal federal”, dijo la abogada Mariah Gondeiro en el comunicado de prensa. “Esperamos una victoria completa al final”.

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La demanda fue presentada por 13 empleados porque el hospital “discriminó ilegalmente y negó las exenciones religiosas del mandato de la vacuna COVID”. Según Liberty Counsel, que representó a los empleados, Liberty Counsel dice que trabaja para promover “la libertad religiosa, la santidad de la vida humana y la familia a través de litigios estratégicos”.

El Tribunal del Distrito Norte del estado llegó a un acuerdo de conciliación el 29 de julio, lo que significa que NorthShore compensará a unos 500 empleados del sector sanitario “que fueron víctimas de discriminación religiosa, y que fueron castigados por sus creencias religiosas en contra de recibir una inyección asociada a células fetales abortadas”, declaró Liberty Counsel.

“Este acuerdo también debería servir como una fuerte advertencia a los empleadores de todo el país de que no pueden negarse a acomodar a aquellos con objeciones religiosas sinceras a los mandatos de vacunación forzada”, añadió Horatio Mihet, vicepresidente de asuntos legales y asesor principal de litigios de Liberty Counsel.

El tribunal federal de distrito debe aprobar el acuerdo, y los empleados de NorthShore a los que se les denegaron las exenciones religiosas tendrán la oportunidad de comentar, objetar, solicitar la exclusión voluntaria o presentar una reclamación. Liberty Counsel estima que los empleados que fueron despedidos o renunciaron por su negativa religiosa a recibir la vacuna contra el coronavirus recibirán veinticinco mil dólares cada uno. Los empleados que dicen que fueron obligados a vacunarse en contra de sus creencias religiosas para no ser despedidos recibirán aproximadamente tres mil dólares cada uno.

Se espera que los 13 demandantes principales reciban veinte mil dólares adicionales cada uno por liderar la demanda colectiva contra NorthShore. Liberty Counsel recibirá el 20% de la suma del acuerdo.

El hospital también tendrá que cambiar su política de “no acomodaciones religiosas” para todos los empleados. Los empleados que fueron despedidos por su negativa religiosa también podrán recuperar sus puestos de trabajo si lo solicitan en un plazo de 90 días a partir de la aprobación del acuerdo, y “conservarán su nivel de antigüedad anterior”.

Liberty Counsel dijo que si NorthShore hubiera accedido a conceder exenciones religiosas después de que enviaran una carta de demanda en nombre de los trabajadores sanitarios en octubre de 2021, “el asunto se habría resuelto rápidamente y no le habría costado nada.”

“Este acuerdo colectivo que proporciona una compensación y la oportunidad de volver al trabajo es el primero de su tipo en la nación que involucra los mandatos de la vacuna COVID. Este acuerdo debería ser una llamada de atención para todos los empleadores que no acomodaron o eximieron a los empleados que se oponían a las vacunas COVID por razones religiosas”, dijo Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel.

“Que este caso sea una advertencia para los empleadores que violaron el Título VII. Es especialmente significativo y gratificante que este primer acuerdo colectivo sobre la COVID proteja a los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud son héroes que diariamente dan su vida para proteger y tratar a sus pacientes. Se les necesita ahora más que nunca”, continuó Staver.

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El 1 de agosto, el Departamento de Ingresos del estado anunció que los residentes que presenten su declaración de impuestos de 2022 y que sean padres de bebés no nacidos con latidos detectables del corazón son elegibles para una exención personal dependiente por la cantidad de $3,000.

El comunicado dice:

A la luz del fallo del 24 de junio de 2022 de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization y el fallo del 20 de julio de 2022 de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito en Sistersong v. Kemp, el Departamento reconocerá a cualquier niño no nacido con un latido humano detectable (…) como elegible para la exención dependiente del impuesto sobre la renta individual de Georgia.

Se espera que los contribuyentes proporcionen “los registros médicos pertinentes u otra documentación de apoyo”. El departamento no tenía claro el beneficio si el bebé no nacido muere antes de llegar a término.

La decisión se produce después de que el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito permitiera que la ley sobre el latido del feto de Georgia, previamente bloqueada, entrara en vigor el 20 de julio, tras la revocación del caso Roe v. Wade.

“Dobbs v Jackson Women’s Health Org., deja claro que no existe ningún derecho al aborto bajo la Constitución, por lo que Georgia puede prohibirlos”, dictaminó el tribunal.

“La prohibición de Georgia de los abortos después del latido humano detectable es racional”, añadió la decisión. “‘El respeto y la preservación de la vida prenatal en todas las etapas del desarrollo’ es un interés legítimo”.

La ley de Georgia “Living Infants and Fairness Equality” (LIFE) reconoce a los bebés no nacidos como “personas naturales” con “pleno reconocimiento legal” que “se incluirán en ciertas determinaciones basadas en la población”. La ley prohíbe el aborto después de que se detecte el latido del corazón, que es a las seis semanas aproximadamente.

Permite excepciones en casos de violación e incesto denunciados a las fuerzas del orden, para embarazos “médicamente inútiles” y en situaciones “necesarias para evitar la muerte de la mujer embarazada o el deterioro físico sustancial e irreversible de una función corporal importante de la mujer embarazada”. Sin embargo, las excepciones por violación e incesto terminan después de las 20 semanas de embarazo.

Los abortistas que matan a bebés con latidos detectables pueden enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión por abortos criminales en el estado.

Georgia es sólo uno de los muchos estados que han aplicado leyes provida tras la revocación del caso Roe contra Wade. Según LifeSiteNews, se han suspendido los abortos en Alabama, Arizona, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas y Wisconsin. Los abortos se detuvieron inicialmente en Utah y Virginia Occidental, pero se han reanudado por ahora debido a órdenes judiciales temporales.

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“Sigo comprometida con mi fe y mi deseo de que la gente sepa que mi amor por ellos no se basa en su sistema de creencias o sexualidad”, escribió en las redes sociales. “Oro y creo firmemente que mis compañeros de equipo saben cuánto los aprecio, los respeto y los amo”.

“Jaelene no estará en la lista esta noche porque tomó la decisión de no usar nuestra camiseta Pride”, dijo el equipo a través de ESPN. “Si bien estamos decepcionados con su elección, respetamos su derecho a tomar esa decisión por sí misma.

Esta no es la primera vez que Daniels elige su fe sobre su carrera deportiva. En 2017, la defensora rechazó una oferta para jugar con la Selección Nacional Femenina de EE. UU. (USWNT) debido al plan de ese equipo de usar camisetas con el tema del “orgullo gay”.

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Esta resolución impedía hasta el pasado jueves el que Bristol-Myers Squibb despidiese a 12 empleados de forma arbitraria, injusta e irracional, respecto al COVID-19.

De forma sorpresiva y sin justificación alguna, el panel de jueces compuesto por Roberto Sánchez Ramos, Ricardo Marrero y Carlos Candelaria Rosa ordenó que se pueda despedir a 12 empleados de la farmacéutica Brystol-Myers Squibb. La acción de este panel paralizó una Resolución debidamente fundamentada por la Honorable Jueza Itzel Aguilar Pérez, en la que reconoció que no habían fundamentos legales para despedir a este grupo de empleados que laboraron durante toda la pandemia, y que habían cumplido con todos los requerimientos impuestos, incluyendo el presentar exoneraciones religiosas.

Tan pronto este panel de jueces recibió el recurso el día 28 de julio, no dio oportunidad a los empleados a oponerse, y el mismo día de emitió la referida Orden dejando sin efecto la Resolución de la Juez. BMS en ningún momento demostró razones para los despidos, y su petición fue dirigida a imponerle su criterio arbitrario a este grupo de puertorriqueños, el que para tener el “privilegio“ de trabajar en la farmacéutica tiene que obedecer sus políticas, aunque no tengan base ni justificación.

La representación legal de la parte demandante contra BMS informó que someterá inmediatamente un recurso ante el Tribunal Supremo para que deje sin efecto esta Resolución.

Confiamos que con esta acción la justicia prevalezca ante esta determinación tan detrimental en la vida de 12 familias puertorriqueñas, fieles a sus convicciones religiosas y defensoras con causa y conocimiento de sus derechos.

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Pawlowski, el ministro de Calgary Street Church, fue arrestado por la policía de Calgary de manera dramática en medio de una carretera muy transitada el 8 de mayo del año pasado cuando conducía a su casa desde la iglesia, donde su congregación se había reunido sin mascarillas en violación de las órdenes de salud pública.

Tanto Pawlowski como su hermano Dawid Pawlowski fueron acusados ​​de organizar una reunión ilegal en persona, así como de “solicitar, incitar o invitar a otros” a participar con ellos.

Más tarde, en octubre, un juez los encontró en desacato a la orden de salud del 6 de mayo de Alberta. Ese juez también impuso una sanción al pastor, ordenando que cada vez que hablara públicamente sobre las restricciones pandémicas de Alberta, Pawlowski debe agregar una declaración aprobada por el gobierno que diga que la mayoría de los expertos médicos apoyan el distanciamiento social, las mascarillas y las vacunas.

Sin embargo, el viernes, un panel de la corte de apelaciones de Alberta dictaminó que la orden de la agencia de salud de Alberta que restringía las “reuniones públicas ilegales” “no era lo suficientemente clara e inequívoca” como para aplicarse a los Pawlowski.

Las apelaciones de los Pawlowski están permitidas. Se deja sin efecto la sentencia de desacato y la orden sancionadora. Las multas que han pagado deben ser reembolsadas”, escribió el panel de tres miembros en su fallo de 16 páginas .

El tribunal ordenó a los Servicios de Salud de Alberta, la agencia de salud de la provincia, que reembolse a Pawlowski los costos legales, así como las multas impuestas en su contra.

El abogado de Pawlowski celebra la victoria en un comunicado en Twitter.

“Es una victoria aplastante. El Tribunal de Apelaciones tomó una decisión unánime y acertada y revocó el fallo de desacato contra mi cliente”,

tuiteó la abogada Sarah Miller.

Desde 2020, Pawlowski ha sido arrestado, multado y encarcelado repetidamente mientras continuaba desafiando y protestando las estrictas restricciones pandémicas de Alberta.

En diciembre de 2020, Pawlowski estaba proporcionando bistec a la parrilla a personas sin hogar en Calgary cuando la policía se le acercó y le impuso una multa de $1,200.

Los videos impactantes de la policía canadiense que arresta al pastor una y otra vez se han vuelto virales y han provocado indignación en las redes sociales.

En febrero, Pawlowski fue encarcelado durante semanas y, según los informes, pasó 23 horas al día en régimen de aislamiento en el Calgary Remand Center después de hablar con los camioneros del Freedom Convoy, que protestaban por los mandatos de vacunación en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

“Lo colocaron en lo que describió como una perrera, pero era como una jaula, algo así como lo que tienes en una camioneta de policía; esas jaulas realmente delgadas y pequeñas con muy poca circulación de aire. Así que lo colocaron en uno de esos durante horas y horas dos veces”,

dijo el hijo de Pawlowski, Nathaniel Pawlowski.

“Puedo sentir sus oraciones y me mantienen fuerte”, dijo el pastor desde la cárcel. “Dios me permite estar aquí para dar testimonio al mundo entero, para mostrar lo que sucede cuando echas a Dios de tu nación. La anarquía, la injusticia, el abuso de poder y la corrupción se infiltraron”.

Pawlowski también se volvió viral durante la Semana Santa del año pasado por un video en el que exigía que la policía abandonara su iglesia.

También ha hablado con legisladores estadounidenses, advirtiendo que algunos gobiernos empiezan a parecerse a la Polonia comunista, de la que huyó cuando era joven.

Fuente: Daily Wire

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Tanto Figueroa Córdova como Colón Colón se negaron a cumplir con los requerimientos de la Orden Ejecutiva 2021-081 para la prevención del Covid-19, el pasado 2 de enero cuando aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde en un vuelo doméstico y se resistieron a llenar la Declaración de Viajeros. Esa disposición ya quedó sin efecto.

El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, había encontrado el pasado enero causa para arresto por violar el Artículo 246 del Código Penal que tipifica como delito el resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública al impedir a los funcionarios o empleados públicos el ejercicio de la autoridad de las obligaciones de su cargo, por lo que podrían ser penalizados con una multa o hasta seis meses de prisión.

La pareja se atrincheró durante horas en el interior de su vehículo en una urbanización de Caguas cuando las autoridades se disponían a arrestarlos, incidente que se volvió viral a través de las redes sociales.

Según la fiscal Ileana Martínez, los acusados llegaron a la isla junto a sus dos hijos de un vuelo procedente del estado de Florida, y se negaron a cumplir con el trámite establecido.

Fuente: Primera Hora

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La recompensa en daños compensatorios y punitivos combinados se produce después de que el Sindicato de Trabajadores del Transporte de América (TWU) Local 556 y Southwest despidieran a Charlene Carter por su postura pro-vida sobre el aborto, que publicó en las redes sociales.

“Hoy es una victoria para la libertad de expresión y las creencias religiosas. Los asistentes de vuelo deberían tener voz y nadie debería poder tomar represalias contra una asistente de vuelo por participar en un discurso protegido contra su sindicato”, dijo Carter a FOX Business en un comunicado del viernes.

“Me siento muy honrada y agradecida por la decisión de hoy y por todos los que me han apoyado en los últimos cinco años, incluida la Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo”.

Carter se unió al sindicato en 1996 y renunció en 2013 después de darse cuenta de que sus puntos de vista religiosos no se alineaban con los del sindicato, pero se le exigió que siguiera pagando las cuotas sindicales como condición para su empleo, según un comunicado de prensa.

En 2017, Carter se enteró de que el sindicato y su presidenta, Audrey Stone, asistieron a la Marcha de las Mujeres en Washington, DC, que recibió algunos fondos de Planned Parenthood. La azafata criticó la asistencia del sindicato en las redes sociales.

Carter también envió mensajes al líder sindical expresando su intención de apoyar un esfuerzo de destitución contra Stone.

Luego, los gerentes de Southwest le informaron a Carter que tenía que asistir a una reunión sobre sus publicaciones en Facebook, durante la cual la aerolínea presentó capturas de pantalla de la actividad de Carter en las redes sociales y mensajes sobre su postura pro-vida y cuestionó por qué los publicó.

Los representantes de la compañía también le dijeron a Carter que Stone afirmó haber sido “acosada” por Carter en línea, y Southwest la despidió una semana después, según la demanda.

“Ningún trabajador estadounidense debería temer el despido, la intimidación o cualquier otra represalia simplemente por hablar en contra de que se gaste su propio dinero, supuestamente en su nombre, para promover una agenda que encuentran abominable”, dijo Mark Mix, presidente de National Right to Work Foundation, que ofreció representación legal gratuita a Carter.

Mix agregó que “incluso con este derecho básico” a disentir de las ideas del sindicato “en virtud de la Ley de Trabajo Ferroviario defendido con éxito, sin embargo, los funcionarios sindicales de TWU aún disfrutan del enorme privilegio otorgado por el gobierno de poder obligar a los trabajadores de las aerolíneas a subsidiar financieramente sus actividades”. como condición de empleo”.

“Si bien estamos orgullosos de apoyar a la Sra. Carter y nos complace el veredicto, en última instancia no debería haber lugar en la ley laboral estadounidense para obligar a los trabajadores a financiar una organización privada que viola sus creencias fundamentales”, continuó.

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