Buenas Nuevas conversó, a un día del veredicto de culpabilidad, con Mojica, quien nos relata los momentos que vivió junto a su amigo durante los días de juicio.

“Ángel (Pérez) no ha perdido la esperanza ni la fe, de que en medio de cualquier proceso, el Padre eterno que el a conocido esta con el”, compartió Mojica quien viajó desde la Florida para estar con Pérez.

“Hemos estado con el en este proceso simplemente dándole apoyo espiritual, diciéndole que no importa lo que este pasando, el Dios que el ha conocido, el Padre que el ha conocido está con el y va a estar con el”.

Apóstol Rafael Mojica

El apóstol le contesta a quienes dicen que Ángel Pérez busca de Dios ahora y no lo hizo antes. “Es una mentira… Ángel lo conocemos hace más de 25 años, Ángel siempre ha sido una persona de valores cristianos, Ángel ama al Padre con todo el corazón…”.

El pastor aprovechó para enviar un mensaje a todos aquellos que estén atravesando un momento difícil. “Es un buen momento para acercarse a aquel que nos dio la vida, porque hay veces que situaciones en nuestra vida difíciles nos acercan al dador de la vida…”.

“Ángel (Pérez) no ha perdido la esperanza ni la fe” Apóstol Rafael Mojica

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El mandato de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se aplica a personas de hasta 2 años de edad y se había fijado para expirar varias veces, pero recientemente se extendió hasta el 3 de mayo antes del fallo del lunes.

El fallo de EE.UU. La jueza de la corte de distrito Kathryn Kimball Mizelle intervino en un caso presentado en la corte federal de Florida por Health Freedom Defense Fund, Inc. y las frecuentes viajeras aéreas Ana Daza y Sarah Pope contra la administración. El juez Mizelle determinó que el mandato violaba la Ley de Procedimiento Administrativo al estar fuera del alcance de la autoridad de los CDC, era “arbitrario” y “caprichoso” y no pasaba por el período de notificación y comentario requerido para la reglamentación federal.

Mizelle examinó la sección de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 que fue la base del mandato. Esa ley permite a los CDC “elaborar y hacer cumplir las reglamentaciones” que se consideren “necesarias para prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades transmisibles de países extranjeros a los Estados[.]” Para lograr esto, la ley dice que los CDC pueden utilizar ” inspección, fumigación, desinfección, saneamiento, exterminio de plagas, destrucción de animales o artículos que se encuentren tan infectados o contaminados que sean fuentes de infección peligrosa para los seres humanos, y otras medidas[.]” La administración, señaló el juez, ha afirmado que la el mandato de máscara cae bajo “saneamiento”.

La jueza señaló que uno podría ver el “saneamiento” como una medida activa para limpiar o como una medida preventiva para evitar que algo se ensucie o se infecte, pero a través de un examen del lenguaje legal, determinó que era lo primero.

“El contexto [del estatuto] indica que ‘saneamiento’ y ‘otras medidas’ se refieren a medidas que limpian algo, no a las que mantienen algo limpio”, escribió Mizelle. “Usar una máscara no limpia nada”.

El juez también señaló que el razonamiento de la CDC era erróneo porque el poder de saneamiento solo se aplica a la propiedad, no a las personas.

El fallo también abrió un hueco en la defensa del gobierno de que la interpretación de la ley por parte de los CDC debería ser deferente de acuerdo con el caso histórico de 1984 de Chevron, EE. UU. contra el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Mizelle dijo que Chevron solo se aplica “‘cuando se han probado los dispositivos de construcción judicial y se ha encontrado que no producen un sentido claro de intención del Congreso'”.

“Un tribunal no puede basarse en Chevron para evitar un análisis legal riguroso”, escribió Mizelle, y señaló que la ley en cuestión “no es ambigua”.

Además, Mizelle dictaminó que los CDC evitaron indebidamente el proceso estándar de notificación y comentarios para la elaboración de normas y que las excepciones invocadas por el gobierno no se aplicaban. La administración afirmó que el mandato no era una “regla” en el sentido de que requería notificación y comentarios, y que calificaba para la “excepción de buena causa”. El juez rechazó ambos argumentos y señaló que la única razón que la administración dio como causa justificada fue la pandemia de COVID-19 sin dar detalles.

“La falla de los CDC para explicar su razonamiento es particularmente problemática aquí. En el momento en que los CDC emitieron el Mandato, la pandemia de COVID-19 había estado en curso durante casi un año y el número de casos de COVID-19 estaba disminuyendo”, escribió Mizelle. “Este momento socava la sugerencia de los CDC de que su acción fue tan urgente que un período de comentarios de treinta días era contrario al interés público”.

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El panel de tres jueces emitió el fallo el sábado por la mañana, diciendo que dado que los peticionarios “dan motivos para creer que existen graves problemas legales y constitucionales con el mandato, que permanece pendiente de más acciones por parte de este tribunal”.

La corte le dio al gobierno federal hasta las 5:00 pm de ayer lunes para responder a la suspensión.

La orden de Biden habría entrado en vigor el 4 de enero bajo una norma temporal de emergencia de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Y requiere que las empresas soliciten vacunas, o pruebas semanales para los empleados no vacunados, y los empleados pagarían por esas pruebas.

Las empresas que no encuentren una manera de hacer cumplir el mandato enfrentarán una multa de  $14,000 por desacato, que aumentaría con las infracciones requeridas.

Pero algunos estados están retrocediendo. Al menos 27 están emprendiendo acciones legales que afectarían a 84 millones de empleados privados en todo el país.

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, demócrata, se está pronunciando públicamente en contra.

“Ayer, revisé el nuevo mandato de vacunas de la Administración Biden. Si bien aprecio la intención de mantener a las personas seguras, un objetivo que comparto, no creo que esta directiva sea la solución correcta o más eficaz para Kansas”.

dijo en un comunicado emitido el viernes antes del fallo de la corte.

 “Los estados han estado liderando la lucha contra el COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Es demasiado tarde para imponer un estándar federal ahora que ya hemos desarrollado sistemas y estrategias que se adaptan a nuestras necesidades específicas”, continuó.

La orden judicial del sábado se produjo en respuesta a una petición conjunta de varios estados, incluidos Texas, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Utah.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el fiscal general del estado, Ken Paxton, se regocijaron por el fallo.

Paxton demandó a la administración Biden la semana pasada por el mandato, argumentando que la medida era “rotundamente inconstitucional”.

El fiscal general tuiteó: “GANAMOS. ¡La pelea no ha terminado y nunca dejaré de resistir la extralimitación inconstitucional de este administrador!”

Los opositores también señalan que los casos de COVID-19 han disminuido desde una ola reciente en septiembre y que Estados Unidos se está acercando a la inmunidad colectiva.

La Casa Blanca retrasa la fecha límite para contratistas federales

Mientras tanto, los empleados federales también enfrentan una fecha límite el 4 de enero para recibir sus últimas vacunas. La Casa Blanca retrasó la fecha límite el jueves pasado. La fecha límite anterior era el 8 de diciembre.

Si bien la mayoría de los empleados federales informan que están cumpliendo, miles buscan exenciones por motivos religiosos.

El estado de Florida ha demandado a la administración Biden por su mandato de vacuna contra el coronavirus para los contratistas federales.

El gobernador republicano Ron DeSantis anunció la demanda el 28 de octubre, diciendo que el presidente no tiene la autoridad para emitir la regla y que viola un elemento clave de la ley.

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Si bien la mayoría de los empleados federales informan que están cumpliendo, miles buscan exenciones por motivos religiosos.

El estado de Florida ha demandado a la administración Biden por su mandato de vacuna contra el coronavirus para los contratistas federales.

El gobernador republicano Ron DeSantis anunció la demanda el 28 de octubre, diciendo que el presidente no tiene la autoridad para emitir la regla y que viola un elemento clave de la ley.

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