En marzo se produjeron en Cuba al menos 277 acciones represivas, de las cuales 53 fueron algún tipo de detención y 224 otros abusos del régimen, denunció este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Una vez más, el régimen de La Habana utilizó el sitio policial de viviendas de activistas como arma represiva, con 76 casos. Además, se reportaron 40 abusos contra presos políticos, 28 citaciones policiales y 26 casos de hostigamiento, entre otras acciones represivas.

La Habana, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Villa Clara fueron las provincias con mayor número de acciones represivas.

Entre los casos más graves estuvo el del menor de edad Jonathan Muir Burgos, de 16 años, detenido junto a su padre en Morón, Ciego de Ávila, tras las protestas en ese municipio y de ser citados a una estación policial. Posteriormente, el padre fue liberado, pero Jonathan continúa bajo detención arbitraria en la prisión de Canaleta.

También el adolescente Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, fue detenido el 18 de marzo tras las protestas en Morón, y desde entonces permanece incomunicado.

El tuitero y ex preso político del 11J, Armando Sardiñas, fue detenido el 26 de marzo en La Habana y permaneció una noche en los calabozos de una unidad policial. Su detención fue denunciada por familiares y se enmarca en un contexto de hostigamiento del gobierno contra voces críticas con cierto alcance mediático.

La periodista independiente Yunia Figueredo Cruz fue detenida el 10 de marzo en La Habana tras un cacerolazo en Jaimanitas, lo que refleja la criminalización de la protesta pacífica y del ejercicio del periodismo independiente en el país. El opositor Guillermo “Coco” Fariñas Hernández fue detenido el 4 de marzo en Santa Clara por agentes de la Seguridad del Estado mientras caminaba por la ciudad. Su arresto, seguido de interrogatorios, ocurrió como represalia por su activismo político y labor opositora.

Nada ha cambiado en los modos represivos habituales del régimen; a pesar de los varios días transcurridos, y de la lógica expectativa de quienes sufren prisión por sus ideas, “hasta ahora, no ha sido excarcelado ningún preso político como parte del indulto anunciado por el régimen cubano”, aclaró el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

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A continuación, un reporte detallado de los principales contendientes y sus fórmulas vicepresidenciales.

El bloque de Izquierda: El continuismo del “Frente por la vida”

La izquierda busca retener el poder bajo la bandera de las reformas sociales iniciadas por la actual administración, aunque con matices de renovación en sus liderazgos.

El bloque de centro: La tercera vía y la gestión

El centro llega a 2026 intentando romper la polarización con figuras de amplia trayectoria administrativa y un discurso basado en la educación y la eficiencia técnica.

El bloque de derecha: seguridad y reactivación económica

La derecha se ha reorganizado bajo la consigna de recuperar el orden público y reducir la carga fiscal para reactivar la economía privada.

La Vicepresidencia como puente

A diferencia de otros años, las fórmulas vicepresidenciales de 2026 parecen diseñadas para “curar” las debilidades de los candidatos: los políticos tradicionales han buscado técnicos (como Oviedo o Restrepo), y los líderes sociales han buscado figuras con experiencia institucional.

Ejes de campaña

La seguridad ha desplazado a la economía como la principal preocupación en los debates de derecha y centro, mientras que la paz y la desigualdad siguen siendo el núcleo del discurso de izquierda.

Las elecciones tendrán a lugar el 31 de mayo del 2026, cuando Colombia decidirá entre el bien y el mal.

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¿Justicia o censura? El dilema de la subjetividad

El proyecto de ley PL 896/2023, impulsado por sectores de izquierda y centro-izquierda, pretende incluir la misoginia dentro de la Ley del Racismo (Ley 7.716/1989). Esto significa que expresiones consideradas “misóginas” podrían ser tratadas como delitos imprescriptibles y sin derecho a fianza.

Para el sector conservador, la principal preocupación no reside en la protección de la mujer —objetivo en el que hay consenso nacional tras años de lucha contra la violencia física— sino en la subjetividad del término.

Libertad de expresión: Críticos como el senador Jorge Seif han advertido sobre el riesgo de criminalizar opiniones, bromas o debates legítimos sobre roles de género, bajo el manto de una “manifestación de odio” interpretada por el juez de turno.

Inseguridad Jurídica: A diferencia de delitos claros como la agresión o el feminicidio (ya severamente penados en Brasil), la “aversión” es un sentimiento interno cuya exteriorización verbal podría convertirse en un arma política para silenciar disidentes ideológicos.

El choque de visiones en el Congreso

Durante los debates en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), la tensión fue evidente. Mientras la relatora, Soraya Thronicke, defendió que el odio estructurado es la antesala del “feminicidio”, las voces de la oposición intentaron, sin éxito, incluir salvaguardas para la libertad religiosa y de expresión.
“He intentado reflexionar si conozco a algún hombre que realmente odie a una mujer. He visto discusiones y ofensas, pero transformar eso en un tipo penal me parece algo gravísimo”, señaló Seif durante la sesión.

La negativa a proteger explícitamente el discurso basado en convicciones religiosas o filosóficas ha reforzado la tesis de que la ley podría usarse para perseguir a iglesias o comunicadores que sostengan visiones tradicionales sobre la familia y la sociedad.

Un sistema judicial bajo la lupa

Este avance legislativo ocurre en un contexto donde el Poder Judicial brasileño ha sido cuestionado por su activismo. Para los sectores conservadores, otorgar más herramientas punitivas basadas en conceptos ideológicos —como el “género” o la “misoginia” interpretada de forma amplia— podría profundizar la fractura social en lugar de resolver el problema de la violencia real.

Puntos críticos del proyecto:

Equiparación al racismo: Penas severas para delitos de opinión que antes se resolvían por vía de injuria o difamación.

Falta de filtros: Riesgo de que críticas políticas a figuras femeninas sean catalogadas automáticamente como misoginia para invalidar el debate.

Impacto en redes sociales: Posible aumento de la censura previa por parte de plataformas para evitar sanciones legales.

El futuro de esta ley

El texto ahora depende de la Cámara de Diputados, donde el bloque conservador (conocido como la “bancada conservadora” o “bolsonarista”) promete una resistencia más férrea.

El desafío será encontrar un equilibrio que proteja la dignidad de la mujer sin sacrificar los cimientos de la libertad de expresión que sostienen a cualquier democracia saludable.

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Esta iniciativa busca reemplazar la Ley 22.278, un decreto-ley de la última dictadura militar que, paradójicamente, es criticado tanto por quienes piden “mano dura” como por defensores de los derechos humanos debido a su falta de garantías procesales.

Los pilares de la reforma

El proyecto no se limita solo al cambio numérico de la edad, sino que propone una estructura que, según sus defensores, moderniza el sistema:

• Responsabilidad penal temprana: Los menores de entre 13 y 18 años serían sujetos de proceso penal por delitos tipificados en el Código Penal.
• Enfoque en delitos graves: Si bien la baja es general, el énfasis punitivo recae en delitos con penas superiores a los diez años (homicidios, violaciones, robos con armas).
• Régimen de sanciones: Se establecen penas privativas de libertad solo como último recurso, priorizando medidas socioeducativas y de reparación del daño.

Argumentos en disputa

El debate divide aguas entre la demanda de seguridad ciudadana y la doctrina de protección integral de la niñez.

El marco internacional y la “no regresividad”

Uno de los mayores obstáculos que enfrentará la ley (en caso de ser sancionada definitivamente y reglamentada) es el control de convencionalidad.

Argentina es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional. Los organismos internacionales, como la CIDH, sostienen el principio de no regresividad: una vez que un Estado ha alcanzado un estándar de protección (en este caso, los 16 años), no debería retroceder hacia medidas más restrictivas o punitivas sin una justificación técnica excepcional.

“La privación de libertad de un menor debe ser una medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.” — Directrices de las Naciones Unidas.

¿Solución o paliativo?

La aprobación en el Senado refleja una voluntad política de responder a la inseguridad con herramientas penales.

Sin embargo, el éxito de esta medida no dependerá de la edad establecida en el papel, sino de la capacidad del Estado para ofrecer un sistema de justicia especializado.

Bajar la edad sin presupuesto para centros de rehabilitación, educación y seguimiento social corre el riesgo de ser una respuesta efectista que no soluciona el problema de fondo.

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En el corazón de la jornada escolar dominicana, antes de que la primera tiza roce la pizarra o se abra la primera aplicación digital, ocurre un fenómeno que trasciende lo estrictamente académico. No es solo un cambio de hora, es un cambio de frecuencia.

En diversas escuelas de la República Dominicana, el inicio de la jornada se ha convertido en un espacio sagrado de fe y reflexión. Allí, estudiantes y maestros detienen el reloj del ajetreo diario para entregar el día a Dios. Lo hacen a través de la oración, la lectura de la Biblia, cantos de alabanza y música cristiana, entrelazando este fervor espiritual con el respeto cívico al entonar las notas del Himno Nacional.

La escuela moderna se enfrenta a desafíos que van más allá de la alfabetización. Vivimos en una era de distracciones constantes y una crisis de salud mental que toca incluso a los más pequeños. Por ello, estas dinámicas matutinas no son una pérdida de tiempo académico, sino una inversión en estabilidad emocional.

Sin embargo, se ha hecho oficial, algo que se tenía como costumbre y que cada maestro lo practicaba de forma espontánea, se ha convertido en oficial que, en las escuelas de República Dominicana, se inicie el día entregando a Dios el día.

Maestras aseguran que esta dinámica es clave para reforzar los valores y el conocimiento de Dios en los niños, ya que pasan gran parte de su tiempo en la escuela desde muy temprano, aportando así a su crecimiento espiritual y emocional junto a su formación académica. En un entorno donde a veces falta la guía en el hogar, la maestra se convierte en el puente hacia una vida con propósito.

Formación integral: El aula como segundo hogar

Muchos critican que la religión debe quedarse en el ámbito privado, pero la realidad de nuestras aulas cuenta una historia distinta. La educación no es un proceso mecánico de transferencia de datos; es la formación de seres humanos que sienten, dudan y buscan propósito.

Las maestras dominicanas, quienes viven el día a día en las trincheras del saber, aseguran que esta dinámica es clave para reforzar los valores y el conocimiento de Dios en los niños. Su argumento es tan lógico como conmovedor: los alumnos pasan la mayor parte de su vida bajo el techo escolar.

“Ellos permanecen aquí la mayor parte del día desde las primeras horas, por eso es esencial que en la escuela también aprendan a conocer y tener presente a Dios”,

expresan las docentes.

El equilibrio entre el saber y el ser

Este enfoque no busca sustituir las matemáticas o las ciencias, sino darles un cimiento ético. Al aportar al crecimiento espiritual y emocional junto a la formación académica, se está enviando un mensaje poderoso a la juventud: que la inteligencia sin valores es una herramienta sin dirección.

Iniciar el día con una oración no es solo una tradición; es un recordatorio de que, aunque el mundo exterior sea caótico, el aula puede ser un refugio de paz y esperanza.

En un país que lleva la Biblia en el centro de su escudo, estas prácticas no hacen más que honrar la identidad de una nación que sabe que, para llegar alto en el conocimiento, primero hay que saber ponerse de rodillas.

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¿En qué consiste el Proyecto de Ley?

El núcleo del proyecto busca tipificar de manera expresa la denuncia falsa como un delito específico, especialmente en contextos de alta sensibilidad como los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar.

Históricamente, el sistema judicial chileno ha tenido dificultades para sancionar estas conductas debido a la complejidad de probar el “dolo” (la intención de dañar) desde el inicio. El nuevo proyecto propone:

Sanciones penales: Penas de cárcel para quienes interpongan denuncias que se demuestre son falsas.

Reparación del daño: Obligación de reparar el daño moral, legal y económico causado a la persona injustamente acusada.

Eliminación de la exigencia de dolo inicial: Que el solo hecho de que una denuncia sea declarada falsa mediante una sentencia judicial firme permita iniciar la sanción penal contra el denunciante.

Presunción de inocencia: Reforzar este pilar para evitar la “cancelación social” antes de que exista una condena.

¿Quiénes son los impulsores del proyecto?

La iniciativa ha sido transversal, contando con el apoyo de diversos parlamentarios y figuras de la sociedad civil. Entre los principales nombres destacan:

1. Parlamentarios

Karen Medina (Independiente – Comité PDG e Independientes)

María Luisa Cordero (Independiente – RN)

Sofía Cid y Carla Morales (Renovación Nacional)

Johannes Kaiser, Héctor Ulloa, Marcela Riquelme y Cristóbal Urruticoechea.

2. Sociedad Civil y Figuras Públicas

Fundaciones: Organizaciones como “Ni un día más”, “Ley Falsas Denuncias” y “Fundación Crianza Compartida” han sido fundamentales en la visibilización de casos.

Cristián Campos: El actor nacional ha tenido un rol público activo tras ser sobreseído definitivamente de acusaciones en su contra, participando en el Congreso para promover la ley.

Datos clave para la ciudadanía

• Según datos de la Fiscalía, las denuncias por delitos sexuales subieron un 5% en 2024, aumentando la carga del sistema.
• Cifras de absolución. En 2024, cerca de 1.000 casos de delitos sexuales terminaron en sobreseimiento o absolución, lo que abrió el debate sobre el daño a los imputados.
• Capacitación. El proyecto faculta al Ministerio Público y de Justicia para crear protocolos de detección temprana de denuncias sin sustento.
• Equilibrio. Los autores aclaran que la ley no busca desincentivar denuncias reales, sino castigar la mala fe.

Argumentos en el debate

Como toda ley de alto impacto, el proyecto enfrenta posturas divididas:

A favor: Argumentan que una denuncia falsa destruye la vida personal y laboral de un inocente de forma “inconmensurable” y que el sistema judicial no puede ser usado como un arma de venganza personal.

En contra: Algunos sectores y organizaciones sociales temen que esta ley pueda “inhibir” a víctimas reales de denunciar por miedo a ser procesadas si no logran probar el delito, o que sea un retroceso en la protección de menores.

Para que el proyecto se convierta en una realidad legal en Chile, debe completar el siguiente camino:

Aprobación en la Comisión de Familia/Constitución (En proceso).

Votación en la Sala de la Cámara de Diputados.

Segundo Trámite Constitucional: Paso al Senado para revisión y posibles cambios.

Promulgación: Firma del Presidente de la República.

Nota importante: Existe una tensión legislativa con la “Ley Karin” y leyes de protección a menores, ya que algunos sectores temen que sancionar denuncias falsas pueda asustar a víctimas reales. Por ello, el debate actual se centra en cómo definir la “falsedad” sin vulnerar el derecho a denuncia de buena fe.

Estado actual: El proyecto se encuentra iniciando su tramitación legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Para convertirse en ley, deberá pasar por comisiones, votaciones en sala y luego el trámite correspondiente en el Senado.

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La Comisión Especial Investigadora N°57, recomendó suspender inmediatamente el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), iniciativa que entrega apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes transexuales o de género “no conforme”, así como a sus familias.

En este informe de la Cámara de Diputados de Chile, se llama a suspender el tratamiento hormonal del Programa de Identidad de Género en menores, y se reconoce el papel responsable de los padres, devolviéndoles sus derechos paternales.

La votación tuvo 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, de esta manera se aprobó el informe elaborado por la Comisión Investigadora que propone la suspensión inmediata del tratamiento hormonal del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), para menores de edad y adolescentes de edades entre los 3 y 17 años, así mismo plantean una revisión profunda de las políticas públicas en esta materia.

Dicho informe pone cuestión la legitimidad ética, científica y legal del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), denunciando una alarmante falta de transparencia en su implementación. Irregularidades como la inversión de 15 millones de pesos en la compra de hormonas a través de CENABAST (Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud), sin claridad sobre los destinatarios, los tratamientos aplicados ni los resultados obtenidos, fue algunas de las situaciones encontradas en la investigación.

Dicho informe de la Cámara de Diputados de Chile, también solicita se modifique la Ley de Identidad de Género para garantizar el consentimiento de los padres en todas las decisiones médicas o psicológicas relacionadas con la transición de menores, restringir el acceso a estos programas a mayores de 14 años, eliminar el enfoque afirmativo de género en la atención infantil y centrar el acompañamiento en apoyo psicológico no invasivo.

Se recomendó también en este informe, derogar la Circular N.º 812 de la Superintendencia de Educación, que regula el uso del nombre social en establecimientos escolares.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) no se hizo esperar en sus expresiones, calificando esta investigación e informe como “transfóbicos” y aseveró estas gestas vulneraban los derechos de los menores de edad.

Así mismo la Defensoría de la niñez, organismo dependiente y parte del Estado, calificó este logro como “una manifiesta vulneración a sus derechos fundamentales” y que esto ha debido abordarse tal y como ellos aseveran haber trabajado este tema fuera de toda consideración moral, ideológica, religiosa y política, considerando esto como un “retroceso en políticas públicas”.

Esta victoria del sector conservador chileno tuvo al Diputado Stephan Schubert como principal gestor. Él ha sido una de las voces más fuertes y firmes en la defensa de los niños y la familia.

Schubert quien es del Partido Republicano, y de fe evangélica afirmó en su discurso ante el Senado: “Si no lo hacemos ahora, seguiremos siendo cómplices de una crisis silenciosa que está destruyendo familias y dañando profundamente a nuestros niños. No es posible que exista una política pública dirigida a menores de edad, financiada con cuantiosos recursos de todos los chilenos, carente de respaldo científico serio, teniendo sobre la mesa la información que indica serios peligros y consecuencias irreversibles para esos menores.”

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Este proyecto tenía como uno de sus objetivos hacer obligatoria la asignatura de género en el currículo educativo dominicano.

Esta propuesta de ley, llamó la atención de algunos legisladores por lo breve de su presentación, puesto que se trataba de solamente una página y media, sin más.

Dicho proyecto buscaba establecer en carácter obligatorio la enseñanza de ésta asignatura en todos los niveles del sistema educativo, tanto público como privado. Su propósito es fomentar en el estudiante el respeto a la dignidad humana, la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de lo que el feminismo cataloga como “violencia de género”.

La propuesta legislativa promovía el rechazo a los estereotipos sexistas y buscaba impulsar relaciones equitativas en la vida personal, escolar y social. El contenido de la asignatura sería elaborado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y expertos en pedagogía.

Previo a éste proyecto, a principios de año se presentó un anteproyecto de ley que buscaba otros cambios en la educación del país, cambios que proponían unificar los ministerios de educación (MINERD) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) planteando alteraciones significativas en los principios y valores que fundamentan la educación dominicana. Eliminando los principios cristianos de la educación y causando a futuro conflicto con leyes migratorias. El mismo afortunadamente fue retirado a tiempo.

Al retirar el Proyecto de Ley sobre la inclusión de la asignatura de género en el currículo educativo, la senadora Aracelis Villanueva “tuvo un gesto de compromiso con el diálogo democrático y con los valores que como sociedad defendemos”, así lo calificó la organización Vota Bien RD.

Así mismo, esta y las demás organizaciones participantes tales como: Grupo Acción Cristiana, Observatorio Político Vota Bien, Mesa de Diálogo y Participación Cristiana y JUCUM Serie 23 reiteraron en privado y públicamente su disposición de colaborar en la construcción de políticas públicas libres de ideologías, centradas en los derechos fundamentales, la Constitución y el fortalecimiento de la familia.

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Los hechos

El pasado 24 de abril, Gustavo Petro presidente de Colombia, hizo presencia en la instalación de los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular por el Sí, la cual tuvo a lugar en el municipio de Soledad.

Esta consulta a ser radicada el 1ero. de mayo, será para definir con preguntas cerradas con respuestas si/no sobre 12 cuestiones relacionadas al ámbito laboral.

Esta consulta ha sido parte de un largo proceso de parte del presidente Petro de reformas legislativas, en búsqueda de una administración 100 % progresista y de izquierdas.  De ahí sus expresiones sobre esta consulta: “Si no se aprueba la consulta popular, lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República”.

Petro durante su intervención en la instalación de los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular por el Sí, realizó unas expresiones altisonantes sobre la propuesta del presidente del Senado colombiano, Efraín Cepeda, quien es también representante ante el Congreso por el Partido Conservador, en caso de que se llegase a consenso entre las bancadas para discutir la propuesta del éste partido, antes de invertir tiempo revisando el pliego de preguntas.

Esbozó el jefe de estado colombiano durante la instalación de los comités: “Decía Efraín Cepeda entonces oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron ahora si podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decirle una: Mucho Hp”. Continuó diciendo: “Duré dos años invitándolo a mi oficina, me llevó un regalo, unas fotos de sus hijas que yo puse para que todos las vieran. Él iba a mi oficina y me decía que quería concertar, que quería el diálogo, pero llegaba a la plenaria y hundía las reformas”.

Reacciones

Las expresiones del primer mandatario colombiano fueron contundentemente rechazadas por todos los partidos políticos, quienes consideraron éste como un ataque a la democracia, exigiéndole además respeto a la figura de cada congresista, quienes simbolizan la representatividad de voces del país.

Así mismo el Partido Conservador se expresó de manera categórica ante éstas expresiones.

La primera fue Nadia Blel, presidente del partido, quien habló de límites que jamás debían cruzarse en política a través de su cuenta en X:

A estas expresiones le siguieron las del protagonista y receptor del ataque, Efraín Cepeda, presidente del Senado de Colombia, quien habló de la solemnidad del cargo del primer mandatario a través de su cuenta en X:

A ello le siguió casi de forma inmediata un comunicado del Partido Conservador, el cual fue compartido en su website, así como en todas sus redes sociales, donde luego de una serie de consideraciones concluyen diciendo:

“El Partido Conservador seguirá defendiendo sus convicciones con firmeza, pero sin recurrir jamás a la grosería ni al insulto, porque creemos que lo que nuestra democracia necesita es un debate serio, respetuoso y a la altura del pueblo colombiano”

De la misma hubo reclamos al Partido Conservador por haber guardado silencio y haber tenido una postura débil ante las distintas expresiones irrespetuosas y ataques a la democracia por parte del primer mandatario de parte de la ciudadanía a través de las redes sociales.

Previo a esta consulta, en administraciones anteriores se realizaron procesos parecidos sin ningún escándalo: Álvaro Uribe (presidente del 2002 al 2010) le aprobaron la convocatoria al referendo; Juan Manuel Santos (presidente del 2010 al 2018) mereció la anuencia para el plebiscito sobre el proceso de paz; y a Claudia López (alcaldesa de Bogotá del 2020 al 2023) le permitieron hacer una consulta sobre lucha contra la corrupción.

A pesar la polémica, el país sigue expectante a la radicación de esta consulta ante el Senado, consulta que será confirmada o no al término de un mes por el órgano legislativo una vez sea sometida para su evaluación.

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Unas elecciones que se han vestido de particularidades que tienen en descrédito a un grueso de la población, por lo que terminaría representando para el país.

Se presentarán 15 candidatos, mismos que marcan precedentes históricos en el país, a saber:

• Tomás Mariano Adrián, conocido como Tamara Adrián, el primer transexual que se presenta en la historia de Venezuela a unas elecciones. Él fue el primer diputado transexual de Latinoamérica. Con un legado bastante escueto, puesto que se dedicó enteramente a promover su agenda personal en favor a la comunidad LGBTQ+
• María Corina Machado, la única que trae apoyo de la comunidad internacional, es ingeniera, dirigente del partido de corte liberal Vente Venezuela, quien guarda estrechos lazos con el foro económico mundial. Fue diputada en los últimos años de vida de Hugo Chávez. Recientemente le fue “refrescada” su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 15 años. Desde entonces repite el lema: #hastaelfinal
• César Almeida. Es un empresario y productor agropecuario de bajo perfil en la política venezolana. En su propuesta está recuperar la institucionalidad, desarrollar la infraestructura, revertir las expropiaciones, promover el respeto a la propiedad privada y concretar un plan de “siembra extensiva”.
• Luis “Baló” Farías. Lo apoya el Partido Merideños Independientes (PMI), es médico veterinario. En su propuesta está un gobierno federal descentralizado.
• Andrés Caleca. Fue el último en incorporarse al grupo. Es candidato por Movimiento Venezuela, es Economista y presidió el Consejo Nacional Electoral (órgano regulador de las elecciones) en tres elecciones, entre marzo y diciembre de 1999. Caleca estudió en la Universidad de la Habana.
• Henrique Capriles Radonski. Es abogado, fue gobernador del estado Miranda por dos períodos consecutivos, y apostó a la presidencia en las elecciones del año 2012 y 2013. Está inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, desde el año 2017. Él viene apoyado por el partido Primero Justicia.
• Roberto Enríquez. Lo propone y apoya el partido Copei, el segundo partido político de más antigüedad del país. Es delegado de la oposición para las negociaciones de Ciudad de México.
• José Rafael Hernández. Apoyado por el partido Un Nuevo Tiempo. Sus gestas son de bajo perfil y dirigentes de su partido explican que él estaría “guardando el puesto” para el líder de su partido Manuel Rosales, un político conocido por su habilidad para pactar con el chavismo y guardar apariencia de ser opositor.
• César Pérez Vivas. Político de larga data en el país, apoyado por el Partido Centro Democrático. Fue gobernador del estado Táchira. En su propuesta insiste que Venezuela necesita “profundos cambios estructurales y políticos”.
• Gloria Pinho. Es abogada, conductora de un programa de televisión donde realiza el papel de jueza y resuelve conflictos de la ciudadanía. La postula la agrupación Por ti Venezuela. Hace 2 años, fue candidata a la alcaldía del municipio Chacao por la Alianza Democrática, un pacto partidista que la oposición denuncia como “judicializados” por el chavismo.
• Carlos Prosperi. De verbo torpe, es el más joven de todo el grupo. Lo propone Acción Democrática, el segundo partido más antiguo del país. Promete reactivar la economía del país.
• Delsa Solorzano. La tercera mujer en esta reñida contienda. La apoya y propone Encuentro Ciudadano. Fue directiva por varios años del partido socialdemócrata Un Nuevo Tiempo. Promueve los derechos y los roles políticos de la mujer.
• Freddy Supelano. Lo propone y apoya Voluntad Popular. Asume la candidatura ante el exilio de Juan Guaidó. Es rechazado ampliamente por la ciudadanía, gracias a un escándalo de prostitución y drogas en los predios al concierto Venezuela Aid Live realizado el 22 de febrero en Colombia.
• Andrés Velásquez. Se ha presentado sin éxito anteriormente a contiendas presidenciales. Siempre de la mano de su partido La Causa Radical. Fue el primer gobernador electo de Barinas, posteriormente fue elegido como diputado. Perdió las elecciones regionales en el año 2017 en lo que llamó “un fraude”.
• Benjamín Rausseo. Abogado, Filósofo y empresario. Ha sido comediante por más de 30 años. Se presenta como un candidato independiente.

Al evaluar a todos los candidatos, vemos que casi todos los grupos y tendencias políticas encuentran representación en el abanico de posibilidades en estas elecciones, sin embargo uno de los grupos sin representación y que representan la mayoría son los conservadores y a la fecha no tienen por quién votar.

La cita es el próximo 22 de octubre, donde Venezuela rompiendo records en cantidad de procesos electorales, vuelve a las urnas, bajo un sistema político, donde se vota, pero no se elige, con una propuesta de candidatos que sin duda dejará a nadie indiferente.

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Por tercer año consecutivo, lo más selecto del mundo intelectual y político de América Latina, se dio cita en el Foro de Chillán, un evento que surgió en el año 2021.

Este foro tiene 9 elementos fundamentales como pilar y base en su constitución a saber: la patria, democracia, impuestos bajos y justos, respeto a la vida, economía, la familia, libertad religiosa, las fuerzas armadas y derechos y responsabilidades.

Este evento, contó con una inauguración magistral, puesto que ex carabineros, académicos, políticos y demás personeros chilenos, protagonistas de la historia, hicieron un recuento de lo que realmente vivió Chile en los años complejos de su ahora memoria nacional, y que distintos elementos distorsionaron a lo largo del tiempo.

Durante dos días, políticos, periodistas, ex presidentes, abogados entre otros, estuvieron exponiendo diferentes temas de interés sobre la defensa de las libertades y la preservación de la familia, los cuales están en preocupante peligro a nivel mundial.

Tomas Evans y Freddy Blanc, en un titánico esfuerzo, movidos por el caos que desde su natal Chile se vive, han creado este foro, para que se pueda exponer y debatir, las distintas aristas desde el lado ciudadano, pasando por el periodístico y político, todas las crudas problemáticas que se viven cultural y políticamente hablando en el mundo, desencadenando en la vulnerabilidad de las libertades y resquebrajamiento de la familia, célula fundamental de la sociedad.

Desde el ex presidente Álvaro Uribe, pasando por Lucía Báez Elizondo, Christian Slater, Mario Ríos y una larga lista de mentes brillantes de América Latina, uno a uno, estuvieron exponiendo durante dos días, como se están lacerando las libertades religiosas y civiles, como se intenta destruir a la familia y erradicar, además, el amor patrio en cada nación.

Fue sin duda, una experiencia ilustrativa, que nos llama a la acción como ciudadanos.

Tuve el honor por segundo año consecutivo de dar una conferencia en el Foro de Chillán, en esta oportunidad, hablé sobre la ideologización sexual de las infancias en América Latina, cómo trabaja su esquema y que hacer para frenar esta vorágine sobre nuestra infancia.

Puede disfrutar de mi conferencia aquí: https://www.youtube.com/watch?v=8XJ7LqwJa0Q

Para disfrutar los dos días de conferencia de la edición 2023 del Foro de Chillán, puede verlas aquí:

Parte 2: Foro de Chillán 2023

Para mayor información, visite el website oficial del Foro de Chillán: https://forodechillan.com/

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Una tragedia que se pudo evitar, sacude en la actualidad a la opinión pública venezolana.

Miguel Alejandro Artiles, comunicador social egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, le dio vida a Michelle Artiles, su alter ego femenino.

Bajo la identidad femenina, se presentaba como estudiante de Comunicación Social, divulgadora y activista LGB(T)IQA+, Primera mujer trans en Modelo de Naciones Unidas de Universidad de Harvard.

Se vendió ante el mundo como una “mujer transgénero” quien reclamaba sus espacios ante la sociedad. En pro a ello, se convirtió en activista por los derechos trans, repitiendo las mismas narrativas y discursos de corte victimistas que se pueden escuchar y leer a lo largo y ancho del planeta, por plataformas feministas y LGBTQ+.

Artiles fue enarbolado como ícono y ejemplo a seguir, por sus gestas de activista trans por una larga lista de ONG´s, universidades, plataformas, medios e instituciones, nacionales e internacionales que siguiendo a rajatabla la agenda globalista, desplazaron a mujeres, para darle paso a hombres auto percibidos como mujeres, llegando a niveles insultantes, invitándolo inclusive a compartir con audiencias importantes como eran sus luchas reivindicadoras como mujer o que era según él ser mujer.

Sin embargo, el aplaudido vocero de la comunidad trans, guardaba en sus gestas un oscuro secreto que aún tiene en descrédito a la población conservadora de Venezuela.

En la red social twitter, a modo de confesionario y bajo el anonimato, varias jóvenes decidieron confesar, a deshoras, que Miguel Alejandro Artiles, bajo su alter ego de Michelle Artiles, habría abusado sexualmente de ellas violándolas, usando para ello bebidas alcohólicas y la confianza que se habría ganado desde su activismo, con la población femenina más joven.

Así mismo se daría a conocer de estafas monetarias que ejerció contra varios ciudadanos con los que se relacionó emocionalmente. A las denuncias de jóvenes, se sumaron testimonios y denuncias de madres quienes finalmente rompían el silencio que mantuvieron por larga data.

Miguel Alejandro bajo su alter ego femenino de Michelle Artiles, se dedicó -entre otras actividades- por mucho tiempo a exponer en redes, a todas aquellas personas que el decidía eran “transfóbicas”, así mismo a todo local comercial o institución que se negara a su capricho de usar sanitarios exclusivamente para damas, alegando que violaban sus derechos.

Bajo este esquema de terror infundado sometió a sus víctimas.

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, ha ordenado una investigación a este ciudadano, que a la fecha se encuentra en paradero desconocido.

A horas de iniciarse las confesiones online de sus presuntas víctimas, habría desaparecido de redes sociales, eliminando todo rastro de presencia en la web.

Bajo estas formas y celeridad, medios de comunicación locales, borrarían todo rastro de los espacios que brindaron a este presunto violador.

Artiles llegó a ser una voz de peso en la junta directiva de la organización juvenil Girl Up Venezuela, organización que a diferencia de quienes le dieron voz y relevancia, sacarían un comunicado a través de sus redes sociales hablando de integridad y responsabilidad, alegando desconocer las gestas del también periodista.

Activistas nóveles de la comunidad del arcoíris han expresado su preocupación a que se llame con lo que denominan dead name a Artiles o se dirijan a él con el pronombre incorrecto.

Líderes, voceros y plataformas de la comunidad LGBTQ+ en Venezuela, han permanecido en absoluto silencio ante este escandaloso suceso.

Estos desafortunados hechos fueron advertidos con antelación por distintas voces del sector conservador de Venezuela.

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Venezuela se acerca peligrosamente al temido apagón definitivo que se anunciara por expertos en el año 2019.

Entre las fechas más dolorosas para la ciudadanía venezolana, se encuentra sin duda el 7 de marzo de 2019 cuando a las 4:55 de la tarde se registró el apagón más largo de la historia del país cuando por 5 días Venezuela se quedó a oscuras en sus cuatro esquinas.

En aquella oportunidad, distintos especialistas del tema ratificaron enfáticamente lo que desde hace al menos diez años antes habían estado advirtiendo sobre el sistema hidroeléctrico del país, el cual se encuentra en condiciones sumamente precarias y manejado por personal no cualificado, el cual realiza verdaderos malabares para mantener la electricidad a nivel nacional.

Aseguraban en aquel crítico momento, que un inminente apagón nacional definitivo vendría y que sería prácticamente imposible devolver de forma inmediata la electricidad al país una vez esto ocurra, debido a las muy desfavorables condiciones del sistema hidroeléctrico nacional, enfatizando un dato aún más preocupante: en el mejor de los casos, podría devolverse la electricidad en Venezuela en meses.

Así se encuentra la inundación en el pozo de turbina de la máquina N-3 de la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda en Caruachi:

Venezuela tiene una demanda oscilante entre 14 y 15 mil megavatios, mientras presenta un déficit de estimado en 12 mil megavatios, según un experto del Observatorio de Servicios Públicos del país

El embalse del Guri, el más grande de Venezuela y por extensión y volumen es el segundo cuerpo lacustre más grande del país, fuente hidroeléctrica principal del país, dejó de sacar desde agosto entre 700 y 900 megavatios. Como efecto inmediato, se perdieron equipos que sirven para regular el voltaje y las tensiones, y que no pueden ser compensados por las plantas de generación.

Así quedó la turbina N-3 en la Central Francisco de Miranda en Caruachi:

Las fluctuaciones eléctricas en las últimas semanas se han registrado más inestables y frecuentes que de costumbre, llegando a ocurrir hasta 8 apagones a nivel nacional, a la par de los apagones acostumbrados en el interior del país.

Fallas eléctricas importantes que parecieran ser el presagio del temido apagón definitivo que está en puertas para Venezuela.

El sistema hidroeléctrico venezolano presenta un déficit de entre 3 mil y 4 mil megavatios que el sistema no tiene cómo aportarlos, según indica el ingeniero electromecánico Juan Carlos Rodríguez, quien es miembro del Observatorio de Servicios Públicos de Venezuela.

En la ciudadanía el terror de revivir el apagón es palpable y latente. El daño emocional que ha dejado la experiencia en la ciudadanía, está tan fresco e intenso como el primer día.

Todo indica que Venezuela se encuentra cada día más cerca del temido día, donde quede la nación entera en tinieblas.

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El pasado 31 de agosto, 20 senadores EEUU dirigen carta bipartidista al secretario de estado Antony Blinken, en defensa de las elecciones primarias en Venezuela.

13 senadores demócratas y 7 senadores republicanos exigen que, ante intentos de atentar contra la primaria, se haga sin interferencia del régimen y que quien la gane, lo enfrente en elección libre.

Así mismo en esta misiva bipartidista se hace mención de algunas exigencias hechas por el régimen venezolano en las negociaciones con la administración Biden, por las cuales solicitan se honren las promesas de ambas partes para mantener el diálogo entre ambas naciones.

Mencionan así mismo, que Venezuela no está en condiciones de permitirse más fraudes electorales. Con una migración forzada de 7 millones de venezolanos por las condiciones inhóspitas del país, estos necesitan votos confiables, calificando esto como un elemento profundamente desestabilizante en el continente americano, así lo expresa la misiva.

Los senadores que firman la misiva son: Richard J. Durbin, Bill Cassidy, Robert Menendez, Joni K. Ernst, Tim Kaine, Marco Rubio, Diane Feinstein, Rick Scott, Michael F. Bennet, John Cornyn, Benjamin L. Cardin, Jeffrey A. Merkley, Alex Padilla, Cory A. Booker, Peter Welch, Christopher Murphy, Marsha Blackburn, y Catherine Cortes Masto.

La candidata presidencial María Corina Machado fue la única del grupo de candidatos a la primaria en agradecer el gesto al senador Dick Durbin por las gestas con esta misiva.

Así mismo en horas de la tarde, el subsecretario de Estado para Hemisferio Occidental, Brian Nichols se pronunció sobre la inhabilitación de Machado:

“No se puede bloquear a una candidata por medidas administrativas que tienen prejuicio político.”

Recalca que debe permitirse a todos participar.

La misiva enfatiza en la observación a detalle del gobierno norteamericano al proceso electoral de Venezuela, sin embargo, no existen relaciones diplomáticas desde el año 2019, que el presidente Nicolás Maduro cortara los vínculos entre Venezuela y los Estados Unidos.

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Mientras Venezuela insiste en reanudar las “negociaciones de paz” (como han llamado a las conversaciones sobre el tema) para poner fin a la disputa, siguiendo y respetando el Acuerdo de Ginebra de 1966, Guyana las rechaza. En un comunicado del 30 de septiembre pasado, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró que la controversia deberá resolverse en la Corte Internacional de Justicia. En el Acuerdo de Ginebra las partes se comprometieron a buscar una solución pacífica a través del diálogo directo.

Este ha sido un factor de discordia por años que a la fecha no ha estado ni remotamente cerca de su final o resolución.

Sin embargo, una de las dos partes ha tomado la batuta en acelerar un posible final a la longeva pelea por el territorio venezolano, donde inclusive han tenido que intervenir tribunales internacionales intentando mediar en el conflicto.

La Asamblea Nacional de Venezuela, sometió a consideración al Consejo Nacional Electoral, el día 20 de septiembre, la posibilidad de realizar un referéndum ciudadano, para consultar a la ciudadanía su postura en cuanto a este tema.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprueba la propuesta del referéndum el día 20 de octubre, y lo hace del conocimiento público el 23 de octubre, a través de Venezolana de Televisión (VTV) planta televisiva perteneciente al estado, donde se hacen los anuncios de esta índole desde los organismos oficiales.

El referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba como lo han llamado, se llevará a cabo el del 3 de diciembre de 2023.

Este referéndum, constará de 5 preguntas, las cuales son:

1. ¿Está usted de acuerdo la línea fraudulenta que marcaron las líneas de la Guayana Esequiba?
2. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 para resolver de manera pacífica y amistosa la controversia?
3. ¿Está usted de acuerdo la línea fraudulenta que marcaron las líneas de la Guayana Esequiba?
4. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 para resolver de manera pacífica y amistosa la controversia?
5. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan con cedulación en la zona?

Por ahora no se han dado a conocer más detalles, del que sería el proceso electivo número 32 en Venezuela, sin embargo, ha despertado muchas emociones y ha iniciado una muy interesante y necesaria conversación ciudadana al respecto.

Un tema que parecía perdido asoma algunas luces de esperanza para Venezuela.

Para más información sobre este referéndum, consulte el website oficial del CNE: https://www.cne.gob.ve/

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