La corrupción pública y privada en Puerto Rico

Mucho se habla en Puerto Rico sobre el problema de la corrupción pública, por lo general, se achaca el problema a los funcionarios electos como legisladores y alcaldes, y alguno que otro jefe de agencia. La realidad es que este es un análisis superficial debido a que la hipótesis es que los políticos electos tienen una especie de monopolio de la corrupción, creencia que es totalmente errada. No debe existir duda que sectores de la empresa privada son protagonistas de estos actos ilegales con igual participación.

La cultura de corrupción y deshonestidad nace en el hogar, los padres o encargados, con sus actuaciones, sirven de ejemplo para sus hijos o dependientes. El problema no se trata meramente de sentarse a sermonear a los hijos de lo que es honesto o deshonesto. Los hijos observan a sus padres y aprenden con lo que se hace, no lo que se dice. Si se excusa o se acepta la decepción, quedarse con lo ajeno, o se justifican los atajos, por parte de padres o encargado, eso aprende la nueva generación.

En la conducta privada no gubernamental de los ciudadanos, se incurren en actos tal como falsificar datos o documentos para obtener beneficios del gobierno o para obtener alguna cosa de valor, hasta cosas como taquillas para un concierto, o pagos que saben no le corresponden. Esta deshonestidad tiene un efecto multiplicador en la sociedad.

La estructura del gobierno de Puerto Rico ciertamente estimula los actos de corrupción. Se trata de un gobierno todopoderoso, dotado por los legisladores con poderes para intervenir en la vida diaria de todo ciudadano en todos los aspectos. El legislador, en su sabiduría, ha arropado el territorio con cientos de reglamentos, órdenes ejecutivas y requisitos de permisos.

Algunos en la burocracia gubernamental se deleitan en torturar al ciudadano requiriéndole buscar certificaciones, documentos, sellos y comprobantes, para después denegar las peticiones o pedirles más gestiones para lograr hacer cosas sencillas. Esto crea cinismo y animosidad de parte del ciudadano hacia el gobierno.

Aunque los burócratas y el gobierno permanente no ven nada malo con este trajín cotidiano, al ciudadano le afecta y molesta esta madeja de permisos y certificaciones.

El otro factor que contribuye a la corrupción diaria es el enorme sistema de contratistas privados que venden sus influencias con figuras políticas para lograr contratar servicios con el gobierno. El gobierno acapara todo y no solo es el patrono más grande en la Isla sino también el que más contratos ofrece , usando el dinero del contribuyente americano o el local.

El proceso requiere contactos directos o a través de testaferros que venden sus influencias para lograr que el alcalde, legislador o jefe de agencia favorezca al contratista. Existe todo un sector económico que trabaja a tiempo completo dedicado a usar sus contactos e influencias con jefes de agencia y legisladores y cobran grandes cantidades de dinero para hacerlo. Luego viene la hemorragia de documentos, certificaciones requeridas para contratar.

Una vez obtiene el contrato, el proceso de facturar y sobre todo, cobrar se torna difícil para muchos contratistas, por lo que se venden y compran influencias dentro de las agencias para acelerar los pagos a los contratistas. También se compran y venden influencias para acelerar permisos, certificaciones y otros documentos que la burocracia local exige para mover los negocios.

Cierto tipo de contratistas entienden que pueden actuar con impunidad aun cuando pudiesen estar ofreciendo sobornos y otras cosas de valor a empleados y jefes de agencia, porque conocen que el gobierno local no los procesará y el gobierno federal solo acusa a los empleados gubernamentales. El FBI usa de testigos a los contratistas, muchos de los cuales cooperan aun cuando son muchas veces los instigadores de los actos de corrupción. A cambio de esta cooperación, los contratistas mantienen su dinero y propiedades esencialmente iguales y se lucran de sus actos ilegales.

De las estrategias fracasadas contra la corrupción en Puerto Rico de los gobiernos estatales y federales informaremos en nuestras próximas reseñas.