Giro positivo en políticas de identidad de género en favor de los menores y los derechos paternales en Chile

A pesar de que el gobierno del Presidente Boric asignó USD 100 millones para hormonización en niños desde los 3 años entre otras gestas progresistas, las políticas conservadoras han ganado una batalla importante a favor de la infancia chilena.

La Comisión Especial Investigadora N°57, recomendó suspender inmediatamente el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), iniciativa que entrega apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes transexuales o de género “no conforme”, así como a sus familias.

En este informe de la Cámara de Diputados de Chile, se llama a suspender el tratamiento hormonal del Programa de Identidad de Género en menores, y se reconoce el papel responsable de los padres, devolviéndoles sus derechos paternales.

La votación tuvo 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, de esta manera se aprobó el informe elaborado por la Comisión Investigadora que propone la suspensión inmediata del tratamiento hormonal del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), para menores de edad y adolescentes de edades entre los 3 y 17 años, así mismo plantean una revisión profunda de las políticas públicas en esta materia.

Dicho informe pone cuestión la legitimidad ética, científica y legal del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), denunciando una alarmante falta de transparencia en su implementación. Irregularidades como la inversión de 15 millones de pesos en la compra de hormonas a través de CENABAST (Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud), sin claridad sobre los destinatarios, los tratamientos aplicados ni los resultados obtenidos, fue algunas de las situaciones encontradas en la investigación.

Dicho informe de la Cámara de Diputados de Chile, también solicita se modifique la Ley de Identidad de Género para garantizar el consentimiento de los padres en todas las decisiones médicas o psicológicas relacionadas con la transición de menores, restringir el acceso a estos programas a mayores de 14 años, eliminar el enfoque afirmativo de género en la atención infantil y centrar el acompañamiento en apoyo psicológico no invasivo.

Se recomendó también en este informe, derogar la Circular N.º 812 de la Superintendencia de Educación, que regula el uso del nombre social en establecimientos escolares.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) no se hizo esperar en sus expresiones, calificando esta investigación e informe como “transfóbicos” y aseveró estas gestas vulneraban los derechos de los menores de edad.

Así mismo la Defensoría de la niñez, organismo dependiente y parte del Estado, calificó este logro como “una manifiesta vulneración a sus derechos fundamentales” y que esto ha debido abordarse tal y como ellos aseveran haber trabajado este tema fuera de toda consideración moral, ideológica, religiosa y política, considerando esto como un “retroceso en políticas públicas”.

Esta victoria del sector conservador chileno tuvo al Diputado Stephan Schubert como principal gestor. Él ha sido una de las voces más fuertes y firmes en la defensa de los niños y la familia.

Schubert quien es del Partido Republicano, y de fe evangélica afirmó en su discurso ante el Senado: “Si no lo hacemos ahora, seguiremos siendo cómplices de una crisis silenciosa que está destruyendo familias y dañando profundamente a nuestros niños. No es posible que exista una política pública dirigida a menores de edad, financiada con cuantiosos recursos de todos los chilenos, carente de respaldo científico serio, teniendo sobre la mesa la información que indica serios peligros y consecuencias irreversibles para esos menores.”